Mariano Ferreyra, 3 años después. Juicio y condena

El domingo se cumplieron 3 años del asesinato de Mariano Ferrerya, el militante del Partido Obrero, que muriera producto de la agresión sufrida por una patota sindical de la Unión Ferroviaria, el 20 de octubre de 2010.

Durante aquella jornada, un grupo de militantes de diferentes organizaciones políticas participaba junto a trabajadores ferroviarios de la Línea Roca, en Barracas, de un corte de vías. El reclamo era producto de la situación laboral en que se encontraban los trabajadores. Estos exigían el pase a planta permanente y el fin de las tercerizaciones, que entre otras cosas garantizaba sueldos de miseria, y permitía que los trabajadores en situación de precarización cobraran la mitad de aquellos que se encontraban encuadrados bajo el convenio ferroviario.

Sin embargo aquel mediodía, los trabajadores que efectuaban este reclamo, se iban a encontrar con una brutal agresión que llevará a cabo una patota, integrado por miembros de la Unión Ferroviaria, sindicato conducido en aquel entonces por José Pedraza.

Mientras los policías de la comisaria número 30 se replegaban de la estación Hipólito Irigoyen, en Barracas, la patota, dirigida por Pablo Díaz, jefe de la Comisión de Reclamos del Ferrocarril Roca, entró en acción, bajando a las vías y agrediendo a piedrazos a los trabajadores y militantes que se encontraban realizando una asamblea para decidir como continuar la lucha.

Es en ese momento que el cordón policial se abre, y deja pasar a dos tiradores que integraban la patota. Uno de ellos portando un arma calibre 38 y otro un arma calibre 22. De los disparos efectuados uno hirió mortalmente a Mariano Ferrerya, y otros ocasionaron lesiones a Elsa Rodríguez, también militante del Partid Obrero, a Ariel Pintos y Nelson Aguirre.

Ese mismo día y posteriores, sectores de trabajadores, y estudiantes se movilizaron para reclamar el esclarecimiento del hecho, y castigo a los responsables del asesinato, tanto a aquellos que integraban la patota, como a los instigadores, entre quienes se culpaba al ya mencionado José Pedraza, y al segundo del gremio la Unión Ferroviaria, Juan Carlos gallego Fernández.

La causa iniciada por el asesinato de Ferrreyra, recayó en el Tribunal Oral 21, quien el 19 de abril pasado, dictaría sentencia, contabilizando 14 condenas y 3 absoluciones. Entre los condenados se encontraron José Pedraza y el gallego Fernández, condenados a 15 años de prisión por ser encontrados responsables de instigar el hecho. Cristian Favale y Gabriel Sánchez condenados a 18 años de prisión por ser encontrados autores materiales de la muerte de Ferrreyra. Pablo Díaz condenado a 18 años de prisión, por ser quien conducía la patota sindical. También se condenó a al ex comisario de Luis Mansilla, jefe del operativo aquel 20 diciembre, a 10 años de prisión, al igual que Jorge Ferrerya, otro de los encargados del operativo.

El transcurrir del juicio se dio un clima que contó por un lado con intentos de José Pedraza y los dirigentes de la Unión Ferroviaria, de detener el avance de la investigación, recurriendo por ejemplo a amenazas y amedrentamientos, como los llevadas realizadas contra la fiscal de la causa Cristina Caamaño, como tras el fallo de esta estrategia, la búsqueda de coimear jueces y fiscales, y adulterar pruebas. Esto finalmente le terminaría valiendo al perito Roberto Locles, la acusación por “destrucción de prueba”.

El asesinato de Mariano Ferrreyra, la movilización que provocó su muerte, y posteriormente el desarrollo del juicio, desnudó ante la opinión pública la relación existente entre empresarios, tercerizaciones, y dirigentes sindicales. Aquellos vínculos siempre denunciados, se mostraron con toda su crudeza en el caso de Mariano Ferreyra. También mostró hasta donde el poder político es parte de este andamiaje. La ventilación de las escuchas telefónicas entre Carlos Tomada, ministro de Trabajo, Noemí Rial, vice ministra, y José Pedraza dan cuenta de esto.

Por otro lado, se pudo observar que si bien las tercerizaciones representaron desde la década de los 90’, nuevas formas de sometimiento laboral, también fueron aprovechadas por algunos dirigentes sindicales, como la oportunidad de incursionar en nuevos terrenos. Tal es así, el lugar que ocupaba la Unión Ferroviaria en UGOFE (Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia), una de las empresas encargadas del manejo del ferrocarril Roca.

En este caso, el mantener el statu quo en el régimen de contratación laboral, no sólo era en beneficio de los empresarios a cargo de la concesión del ferrocarril, sino que permitía a los sindicalistas participar en empresas sostenidas por ellos mismos, que realizaban trabajos tercerizados.