Universidad y educación pública en discusión

La marcha en defensa de la Universidad Pública para del 23 de abril, en contra de la privatización educativa y por el derecho a la educación, fue una respuesta al ajuste dispuesto por el gobierno de Javier Milei que congeló para este 2024 los recursos asignados para el funcionamiento a los valores del 2023, apenas compensado con actualizaciones de algunos rubros, que a la fecha suponen, si es que se efectivizan, un impacto en el 4,1% del total del presupuesto universitario.

Con una inflación anualizada cercana al 300%, congelar gasto supone el deterioro de un presupuesto que no satisface la demanda del movimiento universitario, sean los docentes en defensa de ingresos adecuados y de los estudiantes por la mejora educativa en sentido integral, sea la generalización del avance tecnológico de la digitalización y un mayor involucramiento en las necesidades sociales de nuestro tiempo.

La marcha intentó, en nuestra percepción, recuperar la propuesta democratizadora de la reforma de 1918 para hacer realidad un proyecto de liberación social inconcluso. No solo la masificación de la matrícula universitaria de entonces, sino una respuesta a los problemas actuales, desde la desigualdad al cambio climático y la lucha contra toda forma de discriminación y racismo. El potencial del “intentó” remite a la voluntad de frenar el ajuste liberal a ultranza, al tiempo que radicalizar el proyecto originario de una “Universidad para la liberación”, programa inicial desplegado con fuerte protagonismo estudiantil en los años 1973/74, clausurado con la intervención del “fascismo” en un gobierno constitucional, especialmente en la UBA, que reivindicaba “la noche de los bastones largos” de 1966. Los viejos conflictos y debates vuelven bajo nuevas condiciones políticas, económicas, sociales y culturales.

Reforma o revolución; mercancía o derecho

Por eso, no alcanza con la crítica al ajuste en curso, sino que hay que remitir al programa inconcluso de 1918 y al intento de la Universidad para la liberación ya mencionado.

Recordemos que el movimiento de 1918 tuvo su deriva en el debate entre la reforma y la revolución en la región latinoamericana y caribeña, en donde Cuba habilitó la mayor radicalización en contra del orden capitalista, plasmado en la aspiración sostenida en 1959. Es un debate sostenido por más de 100 años, que adquiere nuevamente actualidad ante la ofensiva capitalista y de la ultraderecha liberal no solo en la Argentina.

Todo un desafío para una Argentina en donde el golpe de 1976 pretendió restaurar el poder oligárquico imperialista del tiempo del centenario, aun antes de la reforma universitaria.

El programa de la dictadura genocida se mantiene a pesar de algunos esfuerzos por establecer límites. La vigencia de la ley de entidades financieras de 1977 y el condicionante de la deuda son expresiones de ese legado del poder asociado al genocidio. El modelo productivo primario exportador (complejo sojero, hidrocarburos, minería, etc.) y de desarrollo (desigualdad creciente, flexibilización y precariedad laboral, etc.) de subordinación a una inserción transnacional dependiente da cuenta de ello, aun cuando destaquemos que no da lo mismo una u otra gestión en estas cuatro décadas de gobiernos constitucionales.

Milei pretende el arancelamiento de la Universidad Pública, forma de privatizar el “derecho a la educación”, reiterando las propuestas sostenidas en los gobiernos de la decada de 1990. Es un viejo proyecto de liberales que pretenden cercenar recursos para la formación profesional y retomar una Universidad para la elite, la casta del poder. Es el tiempo en que el Banco Mundial asume el proyecto de las reformas de segunda generación, lo que supone la privatización de los derechos, especialmente en educación. Había que arancelar los estudios universitarios, incluso con bajos montos, que luego se incrementarían una vez clausurada la gratuidad.

El presupuesto universitario más bajo del siglo es en definitiva la propuesta de Milei para ahogar a la Universidad Pública. Sin embargo, lo de fondo es volver a la situación previa a la reforma de 1918. Su propuesta es incluso anterior a la Ley Sáenz Peña y restaurar la “libertad” de oligarcas y del capital externo para la acumulación de capitales y la dominación político ideológica, o sea cultural. Volver al clima de época del centenario, a 1910 con el estado de sitio, algo que cuadra con la amenaza del protocolo de seguridad en contra de los manifestantes.

Lo que se discute es un modelo de país, un rumbo a favor de ampliar los derechos o de restringirlos en beneficio del negocio, del lucro y la acumulación capitalista. Por eso, aunque para algunos, solo se trata de presupuesto, la realidad va más allá y se discute el tipo de sociedad necesaria en esta tercera década del siglo XXI.

tramas.ar