Venezuela, entre el diálogo y el recrudecimiento del terrorismo (I)

I

Pasan directamente a una fase terrorista: con más ataques de francotiradores, sabotajes eléctricos sobre Caracas y hasta el envenenamiento del agua potable en una importante ciudad fronteriza.

Con su espalda al descubierto y cada vez menos apoyo popular, los dirigentes de derecha -hasta hace poco explícitamente enmarcados en la campaña #LaSalida- dicen “Yo no fui” ante la posibilidad de afrontar las consecuencias, aunque para algunos tal vez ya es demasiado tarde. La visita de los cancilleres de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) implicó, por otro lado, un nuevo revés para la estrategia de los EE.UU., que no deja de acumular derrotas en los ámbitos internacionales, aunque continúa realizando duras amenazas.

El peligro paramilitar

Desde un primer momento, en altos círculos del gobierno se contaba con información acerca de núcleos paramilitares que estaban listos para activarse en las protestas. Con el correr de los días su actuación fue quedando bastante clara.

Hasta el momento, seis Guardias Nacionales Bolivarianos (GNB) han sido asesinados por francotiradores, al igual que otras cuatro personas que -mientras sacaban escombros, alambres de púas y otros objetos que estaban bloqueando las calles, sin que hubiera manifestantes, una característica de la mayoría de los “trancones”- fueron alcanzados por disparos de armas largas. El último de estos casos fue el del sargento de la GNB, Miguel Antonio Parra, de 42 años, quien fue herido mortalmente de bala el lunes 24 de marzo, en la Avenida Las Américas, de la ciudad de Mérida.

Además, cinco personas han sido asesinadas presumiblemente por las fuerzas de seguridad. En dos casos se investiga la participación de agentes del Servicio de Inteligencia Bolivariano (SEBIN) y en otros dos de efectivos de la GNB. Ambas fuerzas se encuentran bajo el mando presidencial y por esta razón Maduro ha expresado que no habrá ningún tipo de impunidad para quienes ejerzan la represión con armas de fuego, prohibido por la legislación venezolana, así como cualquier otra violación a los derechos humanos. Por estos hechos ya se encuentran detenidos al menos 15 agentes.

El último de los casos que involucran a las fuerzas policiales es un hecho muy particular: se trata del asesinato de una joven detective del SEBIN, Glidis Karelis Chacón Benítez, de 25 años, quien tras capturar ”en flagrancia” a un ciudadano que estaba realizando disturbios, fue perseguida y tiroteada por efectivos de la Policía de Chacao, municipio bajo el mando del alcalde opositor Ramón Muchacho, y donde se han desarrollado cuanto menos con permisividad la mayor parte de las protestas violentas.

Por el asesinato de la funcionaria del SEBIN se encuentran detenidos tres agentes de PoliChacao. Cabe acotar además que la Policía de Chacao ha sido señalada por colaborar activamente en los disturbios e incluso un agente fue detenido por participar de un ataque donde destrozaron la Torre Británica, en el mismo municipio Chacao, el 13 de marzo pasado, junto a un centenar de jóvenes de extrema derecha. Por otra parte, seis personas han sido asesinadas al impactar contra objetos contundentes ubicados en las guarimbas y otras nueve en enfrentamientos donde han participado opositores y chavistas.

Pero es en los últimos días donde la madeja ha comenzado a desatarse con mayor transparencia. El martes pasado fueron detenidos tres personas, dos de ellas a cargo de armerías clandestinas y el tercero uno de sus contratantes, enlace entre los armeros y los grupos paramilitares. El hecho se descubrió al interceptar una conversación en clave, en la cual Carlos Yañez, ex humorista del canal opositor RCTV le solicitaba a Luis Raúl Ramírez silenciadores y miras telescópicas para armas largas. En los allanamientos se encontró un verdadero arsenal con armas largas, partes de fusiles y miles de municiones. Yañez, a su vez, tiene vinculación con Cheng Kwan Nga, ciudadano de origen chino detenido en Aragua hace pocos días, a quien también se le incautaron armas de guerra y otros materiales luego de allanar su vivienda tras investigarlo por el asesinato del capitán de la GNB, José Guillén Araque, atacado el lunes 17 de marzo por francotiradores.

Por último, el jueves 27 de marzo, el Ministerio Público informó que detuvo a 13 ciudadanos imputados de terrorismo y asociación para delinquir, en un allanamiento donde se secuestraron computadoras portátiles, teléfonos satelitales, celulares y prendas de vestir tipo militares. Ocho de los detenidos son originarios de Trinidad y Tobago, uno de Haití y otro de Guyana (estos últimos dos nacionalizados venezolanos, los trinatarios inmigrantes ilegales). Los tres restantes son venezolanos y miembros de tres fuerzas de seguridad distintas: Rafael José Durán, del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin); José Gregorio Socorro Montañez, de la Policía Nacional Bolivariana y Fery Hernán Molina, de la Policía de Chacao. Según presume la Fiscalía, los dos primeros funcionarios eran los encargados de dar entrenamiento militar a los inmigrantes y el PoliChacao estaba proveyendo elementos de logística.

A su vez, también en estos últimos días, los manifestantes presentados por CNN como “estudiantes pacíficos” quemaban totalmente la sede de una Universidad (la sede Táchira de la UNEFA) y atacaban otras 15 sedes de casas de estudio, además de incendiar la sede del Poder Electoral en Maracaibo y atentar con explosivos contra la sede del Partido Socialista (PSUV) en Barquisimeto, capital del estado Lara.

Todos estos episodios se dan en un contexto donde los grupos derechistas intentan bombardear el diálogo nacional convocado el gobierno, proceso que cuenta con el respaldo del 90% de la población según recientes encuestas, y que ha sido legitimado en estos días por los cancilleres de UNASUR, quienes arribaron al país en momentos en que se desarrollaba el mayor sabotaje eléctrico de estos meses.

II

eléctrico y al transporte

Desde el primer día de las llamadas “guarimbas”, el sistema de transporte público ha sido uno de los blancos predilectos de las agresiones. Aunque el ataque abarcó a las principales ciudades, el Metro de Caracas se convirtió en un objetivo central, con graves destrozos en las estaciones del este de la ciudad y agresiones a sus trabajadores. El lunes pasado esto llegó a un punto máximo, al desatarse un grave incendio en el Warairarepano, la montaña a cuyo pie crece la capital del país.

En realidad se trató de dos focos de incendio que, contra toda lógica, no se iniciaron en el momento de máximo calor, sino a las 10 de la noche y casualmente se localizaron en torno a dos subestaciones eléctricas que abastecen a gran parte de la ciudad. “El incendio fue claramente intencional”, aseguró el ministro de Energía Eléctrica, Jesse Chacón, al confirmar que el fuego se inició por sobre la línea de cortafuego. Por esta razón, media Caracas quedó sin luz durante catorce horas, afectando el Metro durante todo el martes, en particular las estaciones más céntricas, que utilizan millones de personas al día.

Con el agua también

Con todo, el atentado más increíble se dio en Mérida, cuando el domingo 23 de marzo perforaron un caño que transportaba agua a la planta potabilizadora e inyectaron a la red al menos 100 litros de gasoil.

De esta manera, mientras el máximo permitido es de 0,3 mg de sustancias grasas por litro, el agua pasó a tener trescientas veces más: 90 mg por litro. El operario de turno en la planta percibió un olor extraño e inmediatamente cortó el suministro por prevención, lo que finalmente evitó una tragedia.

¿Cuáles manifestaciones pacíficas?

A esta altura, el pacifismo democrático de la campaña #LaSalida sólo existe en la mirada de las grandes cadenas privadas de noticias, que se han expuesto -tal vez como nunca antes- en su rol de verdaderas armas de desinformación masiva, pintando para el mundo una situación que no existe en la realidad en Venezuela.

Invirtiendo las cosas al punto de llegar al absurdo, en este mundo virtual de CNN, El País y la mayoría de los periódicos privados de América Latina, el gobierno electo hace menos de un año -que además recibió un respaldo electoral contundente hace tres meses, al ganar el 76% de las alcaldías, en la elección número 19 en quince años-, es presentado como antidemocrático y violador de las garantías constitucionales. Y quienes intentan derrocarlo, asesinando decenas de personas y atacando universidades, medios de transporte, instituciones de todos los Poderes y hasta la propia naturaleza, aparecen como los estandartes de la democracia, de la libertad y de los derechos humanos.

Un mundo al revés que la última semana obtuvo una nueva derrota en el campo diplomático, cuando la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) visitó el país para reunirse con todos los actores, tras lo cual condenó la violencia y respaldó el proceso de diálogo convocado por Maduro.

Recordemos que la Conferencia Nacional por la Paz se inició a fines de febrero con la asistencia de diferentes sectores sociales, incluyendo a grandes empresarios, además de alcaldes y gobernadores de derecha, aunque hasta ahora sin el aval de los sectores más violentos de la oposición, quienes ante los cancilleres no tuvieron otra alternativa que prometer su próxima asistencia. El puente de plata lo brindó la propuesta de que el diálogo se realice en presencia de una comisión de cancilleres -de Brasil, Ecuador y Colombia-, condición que fue inmediatamente aceptada por Maduro. “Unasur no va a permitir ninguna aventura antidemocrática”, aseguró el canciller de Bolivia, David Choquehuanca, al cierre de la visita.

La manipulación informativa es hoy por hoy el único sostén para que EE.UU. continúe amenazando a Venezuela. Así, nuevamente apareció en escena la secretaria de Estado Adjunta para el Hemisferio Occidental, Roberta Jacobson para decir que “en Venezuela no existe espacio democrático para la oposición”, cuando en la realidad se trata de un país en el que todas las instituciones funcionan plenamente y justamente, están defendiendo la decisión colectiva, que surge del voto y de la más amplia participación popular.

Crece el rechazo al intento de golpe

El discurso legitimador del golpe todavía es hegemónico a nivel internacional, pero en el terreno -y cada vez más- lo desmienten todos los indicadores. No sólo por las gigantescas movilizaciones populares que esos mismos medios se han encargado de invisibilizar, sino por las encuestas, que confirman el fuerte rechazo a la intentona de ultraderecha.

De acuerdo a sondeos de las consultoras Hinterlaces e International Consulting Services, la Conferencia de Paz tiene un apoyo del 68% de los encuestados y al menos el 87% de la población repudia las acciones violentas. La contracara es que sólo el 11% apoya la campaña #LaSalida, que hoy no encuentra padres ni madres que se hagan cargo de haberla convocado.

Mientras tanto, la mayoría del pueblo continúa respaldando al gobierno en la calle de forma permanente. Las últimas movilizaciones masivas, el sábado 29 de marzo, fueron convocadas por el Movimiento de Pobladoras y Pobladores, por un lado y por más de 80 movimientos ecologistas, por el otro. Ambas recorrieron el centro de Caracas, hasta llegar a Miraflores con miles de personas. El día anterior, los estudiantes de los liceos públicos se habían encontrado a dialogar con Maduro en el Poliedro de Caracas, apoyando la democracia y mostrando nuevamente que la mayor parte de la juventud -en particular en los barrios populares- está decididamente a favor de la Revolución Bolivariana.

El presidente recordó estas y otras actividades el domingo, a través de su cuenta en Twitter, @NicolasMaduro. “Esta semana tuvimos grandes eventos de consolidación del Gobierno de Calle y de las fuerzas de la revolución, siempre con el pueblo al frente”, escribió, para luego repasar las acciones día por día y terminar prometiendo “victorias y más victorias, paz y más paz para seguir teniendo Patria y consolidando la Revolución”.

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