Exigimos la liberación y protección del ecologista Gustavo Castro

Amigos de la Tierra denuncia la situación de desamparo en la que se encuentra Gustavo Castro, coordinador de Amigos de la Tierra México/Otros Mundos Chiapas, en Honduras. Gustavo resultó herido durante el asalto donde asesinaron a Berta Cáceres, en su domicilio de Honduras, y es testigo clave para esclarecer los hechos.

Sin embargo, Gustavo permanece retenido en la Embajada Mexicana de Honduras, tras haber sido impedido el despegue de su avión, en el último momento, por parte de las autoridades del país. En estos momentos aún no se han hecho públicas las formas legales por las que Gustavo Castro está retenido en su Embajada. Otros Mundos Chiapas ha comunicado que le han sido negadas la comida y el agua, desde el momento en que, tras el asesinato, buscó ayuda entre las autoridades locales.

La directora de Amigos de la Tierra [en el Estado español], Liliane Spendeler, ha entregado en mano esta mañana sendas cartas al Ministerio de Exteriores y a la Embajada de Honduras exigiendo de urgencia los contactos con las autoridades hondureñas, para facilitar el regreso a México de Gustavo y que se garantice su protección.

Amigos de la Tierra entiende que esta debe ser la primera acción, de entre otras muchas, que deben sucederse para que la política exterior de España garantice sistemáticamente la protección de los derechos de los defensores indígenas en sus territorios. Solo en 2015, más de 100 defensores del territorio han sido asesinados por oponerse a proyectos que violaban el artículo 169.

La asociación ecologista llama a la solidaridad y a firmar la ciberacción para exigir la protección de Gustavo y su vuelta a México.

Además de condenar los hechos, Amigos de la Tierra expresa su indignación por la continua situación de desprotección física y legal en la que se ven inmersas las comunidades locales en toda América Latina. La organización ecologista recuerda que, con demasiada frecuencia, los proyectos de extracción de recursos naturales, madera y la construcción de presas están siendo avalados y financiados por gobiernos occidentales. Es responsabilidad también del Gobierno de España denunciar esta situación y establecer medidas para proteger los derechos humanos y ambientales en América Latina.