Sobran los motivos

El golpe de Estado del 24 de de marzo de 1976 fue el más brutal que vivió nuestro pueblo. A sangre y fuego, la dictadura cívico militar buscó borrar a una generación entera que peleaba por transformar de raíz la Argentina y el continente. El golpe genocida desapareció a 30 mil hombres y mujeres con la complicidad y el apoyo de otros sectores: los grupos económicos, la cúpula de la iglesia, los grandes medios de comunicación.

Este 24, al igual que en los últimos años, habrá dos movilizaciones: la vinculada a las organizaciones cercanas al kirchnerismo, que tendrá como consigna “Defendemos las victorias y vamos por más democracia”, y la convocada por el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, a la que se suma toda la izquierda y que planteará, entre otros puntos, la denuncia contra César Milani, Sergio Berni y el pedido de desmantelamiento del aparato represivo y de espionaje.

Por los Derechos Humanos de ayer. ¿Y los de hoy?

Tras años de lucha donde el campo popular exigió juicio y castigo a todos los responsables de la violación sistemática de los Derechos Humanos, la derogación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final significó el avance concreto en el juzgamiento de represores como Alfredo Astiz, Luciano Benjamín Menéndez, Jorge Rafael Videla, entre otros. Faltan muchos aún y viene siendo cuesta arriba la investigación a los sectores civiles. El caso más paradigmático es el de Carlos Blaquier, acusado por facilitar las camionetas en la noche del “Apagón de Ledesma”, en la localidad de Jujuy, y en noches anteriores donde desaparecieron decena de trabajadores. Caso paradigmático porque la Cámara Federal de Casación Penal decretó la falta de mérito a este empresario. Como justificativo, aseguró que si bien aportó los vehículos, no se puede decir que “Blaquier sabía que se usarían para desaparecer personas”.

Avanzar en materia de derechos humanos significa quebrar la impunidad de los sectores civiles de la dictadura, pero también pensar los derechos humanos hoy. Y en la última década los desaparecidos en democracia, Julio López, Florencia Penachi, Marita Verón, entre otros, ponen en evidencia la impunidad con la cual se manejan aún hoy las fuerzas de seguridad, que no han sido prácticamente tocadas desde la dictadura. El creciente número de dirigentes populares procesados por luchar, los militantes asesinados en este tiempo, la criminalización de la protesta y de la pobreza son parte de eso.

En ese sentido, el crimen de Luciano Arruga puso de manifiesto con claridad la red de encubrimiento y complicidades entre el poder político, la justicia y la policía. Luciano fue encontrado después de seis años de lucha, durante los cuales la policía de la Provincia de Buenos Aires se dedicó a espiar y amedrentar a sus familiares y amigos. No fue un accidente. A Luciano lo mató la policía y lo desapareció el Estado.

El nombramiento del genocida César Milani al frente del Ejército es expresión de una impunidad que continúa vigente. Las pruebas contra él por su participación en el Operativo Independencia, en la desaparición del conscripto Alberto Ledo, la negativa del juez Bejas, de Tucumán, a llamarlo a indagatoria, la decisión del gobierno de mantenerlo en su cargo a pesar de las evidencias en su contra y el poder de otorgarle una inteligencia paralela son parte de esa impunidad.

Si durante el kirchnerismo debe balancearse positivamente la derogación de las leyes del perdón, por otra parte, el avance en la ley antiterrorista, en la criminalización de la protesta, la persecución a los pueblos originarios que luchan en defensa de sus territorios, son parte de los derechos humanos del hoy que han sido pisoteados en la última década.

La reciente decisión del PRO de avanzar con la compra de armas Taser, que generan una descarga de electricidad al utilizarse y que han sido prohibidas en numerosos países por considerarse un arma de tortura, representa un peligro en el debate que se da hoy en materia de seguridad. El principal impulsor es el actual jefe de gobierno y candidato a presidente Mauricio Macri, pero también recibió el aval del secretario de seguridad a nivel nacional, Sergio Berni, quien podría postularse a gobernador a la provincia de Buenos Aires.

Más allá de opiniones personales de estos personajes siniestros, lo que queda en evidencia es que, frente a la movilización popular y a las luchas, las variantes de disciplinamiento que elabora el poder mantienen los mismos canales.

Nisman, los servicios de inteligencia y una disputa por arriba

A dos meses del fallecimiento del fiscal de la causa AMIA, Alberto Nisman, se profundiza una feroz disputa entre los sectores dominantes. Tanto en las teorías sobre si la muerte fue suicidio u homicidio, sobre la filtración de imágenes, se expresa una guerra lejana para los sectores populares, que involucra y salpica tanto al oficialismo como a la oposición de derecha en su vinculo con los servicios de inteligencia y el poder judicial.

Si el 18F fiscales involucrados con la impunidad y la oposición de derecha hicieron una demostración de fuerza contra el gobierno, a la que este respondió con la marcha frente al Congreso Nacional el 1M, la movilización convocada por el Encuentro Memoria Verdad y Justicia nuclea a aquellos que, con una voz diferenciada, denuncian la estructura de la Secretaría de Inteligencia como uno de los brazos más antidemocráticos y reaccionarios del Estado utilizados por los distintos gobiernos para espiar, realizar operaciones y perseguir a luchadores populares.

Macri con el Fino Palacios, la Metropolitana y su propio sistema de espionaje, el gobierno nacional con Stiuso y Larcher hasta diciembre pasado (y con proyecto X y Milani), Sergio Massa con Juan José Álvarez en sus filas, uno de los responsables del asesinato de los militantes sociales Darío Santillán y Maximiliano Kosteki (conocida como la masacre de Avellaneda) y hombre de los servicios. Todos los gobiernos dirigieron la inteligencia hacia la infiltración y el espionaje interno.

La marcha del 24 expresa también la denuncia a las leyes antiterroristas, el proyecto X y el reclamo por una Comisión investigadora independiente para esclarecer el atentado a la AMIA y la apertura de los archivos así como el fin de los aparatos de inteligencia heredados de la dictadura.

Otro proyecto de país y de continente

La dictadura significó una derrota para el pueblo trabajador y los proyectos de construir un proyecto político emancipador en nuestro país. Se tradujo en un retroceso para la organización y movilización popular que, a lo largo de los años, comenzó a reconstruirse.

La movilización más cercana al kirchnerismo hablará de “profundizar el proyecto”. La segunda nucleará a quienes, con una visión crítica al gobierno, militan por la transformación de raíz del Estado de cosas en nuestro país. En ambos casos, el rechazo y el repudio a la amenaza del imperialismo norteamericano a Venezuela y la solidaridad con el pueblo venezolano se harán presentes. A nadie escapa la ofensiva de Estados Unidos en la región y la importancia de la patria de Bolívar para el continente.

No será una movilización más. Nunca lo es. Pero en este caso, renueva el debate sobre una alternativa política en la Argentina anticapitalista y por el socialismo que levante las banderas de los 30 mil. Cada cual tendrá su mirada, el desafío será la capacidad (o no) de construirla en unidad a nivel nacional y regional.

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