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25/10/2009 :: Estado español

Abriendo paso a la Directiva Bolkestein

x David Delgado
Los canarios conocemos muy bien que, para la burguesía y sus representantes políticos, las supuestas restricciones medioambientales nunca han representado ningún problema

La aprobación de la nueva Ley de Licencia Comercial por parte del Gobierno de Canarias obedece a la imposición por parte de la Unión Europea de la “Directiva de Servicios” -que regula los servicios en los mercados internos-, más conocida como “Bolkestein”.

La norma superará sin problemas el trámite parlamentario, puesto que los partidos con representación en el hemiciclo canario (PP, PSOE y CC) coinciden en la política de subordinación sin matices a los mandatos que se cocinan en Europa.

La entrada en vigor de esta ley modificará los criterios establecidos actualmente en cuanto a las restricciones para denegar licencias relativas a la apertura de centros comerciales y grandes establecimientos. Si hasta ahora se podían rechazar por cuestiones de impacto económico, poblacional o medioambiental, ahora tan sólo podrán ser denegadas por la última causa.

Todos los canarios, sin embargo, conocemos muy bien que, para la burguesía y sus representantes políticos, las supuestas restricciones medioambientales nunca han representado ningún problema. Sólo hay que ver los casos del Centro Comercial Las Terrazas o El Muelle.

Pero lo verdaderamente destacable de todo esto es que, una vez más, el Parlamento Europeo nos impone una ley contraria a nuestros intereses, obligando a adaptar la legislación canaria a otra directiva europea también ajena a nuestras necesidades económicas, que encima está cargada de un contenido extremadamente antiobrero.

Como ha ocurrido históricamente, las sucursales políticas de los partidos europeístas y colonialistas, junto a los nacionalistas vendepatrias, comparten la misma postura favorable a los intereses de las multinacionales y la banca europea.

Con esta nueva ley quedará abolida la necesidad de solicitar licencia comercial en las Islas para los pequeños comercios, fijándose una superficie útil de exposición y venta a partir de la cual deben solicitar licencia los establecimientos y centros comerciales.

El concepto de tiendas de descuento duro desaparecerá y los comercios podrán establecer los precios a su antojo, sin tener que solicitar la licencia específica para esta categoría.

Para el sector del pequeño comercio, que da empleo aproximadamente al 90% de las trabajadoras y los trabajadores canarios del sector, se trata de una normativa inapropiada, mientras que los grandes empresarios se frotan las manos, no sin sugerir que podría ser aún más permisiva.

En contra de lo que dicta el sentido común y las reiteradas e incumplidas promesas de diversificar la economía, se acentúa el predominio del sector servicios en una economía cada vez más desligada de los sectores primario y secundario. Encima, como siempre, por acatamiento acrítico de un mandato europeo por parte de una clase política cada vez más postrada a los intereses de los oligarcas europeos.

Con esta liberalización del sector comercial proliferarán en las islas grandes establecimientos y centros comerciales que ocuparán buena parte del cada vez más limitado y erosionado territorio canario.

Las multinacionales europeas de la alimentación, que tienen el monopolio de la importación y distribución, ampliarán su poder, así como las grandes empresas textiles, de calzado, electrónica y electrodomésticos.

Con una clase obrera cada vez con menor capacidad de consumo y una sobreabundante construcción de grandes centros comerciales destinados a la ampliación de negocios de las multinacionales, el resultado no puede ser otro que el desarrollo de un proletariado ajeno a los procesos extractivos y transformadores de las materias primas, y una economía definitivamente dependiente y suicida.

La Directiva Bolkestein, que ha provocado la decisión del Gobierno de Canarias de aprobar esta nueva ley, traerá consigo un notable empeoramiento de los derechos laborales de los trabajadores, fomentará la deslocalización masiva de empresas hacia los países de la Unión Europea (UE) que tengan leyes más ventajosas, provocará un aumento del fraude fiscal y un descenso de las contribuciones a la Seguridad Social.

El 13 de junio, el Congreso aprobó un proyecto de ley con la modificación de 47 leyes, para adecuar el marco jurídico a la aplicación de esta directiva y dando vía libre de este modo a la liberalización de servicios que posibilitará que las transnacionales de cualquier país de la UE gestionen todo tipo de empresas del Estado español sin necesidad de inscribirse en un registro y sustituyendo por declaraciones de responsabilidad las autorizaciones para ejercer la actividad.

Nuestra agricultura está abocada a su desaparición por el REA, o sea por Europa. Nuestro modelo educativo elitizado y aculturizado por el Plan Bolonia. Más Europa. Ahora nuestro mercado interno regulado por Bolkestein.

Europa nos asfixia. Ya va siendo hora de pensar en un futuro más allá de un marco profundamente capitalista y colonialista.

PRCC Canarias

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