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07/12/2019 :: Estado español

Acoso y derribo del sistema público de pensiones

x CNT
También esas voces mezquinas se encargan de propalar el mensaje de que las actuales pensiones son muy generosas. Otra falacia más

La operación de acoso y derribo del sistema público de pensiones se puso en marcha, paradójicamente, apenas siete años después de la aprobación de la Constitución de 1978 que, en su artículo 50, establece que «los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos en la tercera edad». En efecto, en 1985, el PSOE aprobó la primera reforma de la ley de pensiones de la «democracia», que desbrozó así el camino para nuevos recortes de las pensiones en las décadas siguientes.

A esta primera reforma siguieron otras tres: las de 1997 (PP), 2011 (PSOE) y 2013 (PP), con lo que PP y PSOE, como si de una competición se tratara, suman en su haber dos reformas cada uno. Todas estas contrarreformas se basan en tres ejes centrales: aumentar la edad de jubilación, exigir más años de cotización para la jubilación con el 100% e incrementar los años tomados en cuenta para calcular la cuantía de la pensión.

Otro instrumento en ese empeño de laminar las pensiones públicas fue la creación, en 1995, de una comisión parlamentaria conocida como Pacto de Toledo, a propuesta de CiU. Aunque esta comisión tenía como función «racionalizar el sistema público de pensiones», en realidad sus recomendaciones siempre se han orientado a profundizar en esa línea de recortes inaugurada en 1985 y favorecer, por esta vía, la privatización del sistema público de pensiones.

Antes de la primera reforma, la de 1985, bastaba tener 65 años y haber cotizado 10 para tener derecho a una jubilación con el 100%, y solo se tomaban en cuenta los dos últimos años cotizados para calcular la cuantía de la pensión. Pero como consecuencia de esas perversas reformas, a partir de 2027 será preciso haber cumplido 67 años y cotizado durante 37 años para percibir el 100%, y la cuantía de la pensión se calculará en función de los últimos 25 años cotizados, sin olvidar los mecanismos reductores como el factor de sostenibilidad y el de revalorización de las pensiones.

Y todo ello, sin apenas oposición de los sindicatos institucionales, CCOO y UGT. Solo en el caso de la reforma de González de 1985, CCOO convocó una huelga general (de la que se desmarcó UGT), que contó con el apoyo de CNT. Esos dos sindicatos, CCOO y UGT, incluso dieron su beneplácito a las reformas de 1997 y de 2011.

Privatizar el sistema público de pensiones

Coincidiendo con la constitución del Pacto de Toledo arreció en nuestro país la campaña de desmantelamiento del sistema público de pensiones. Una campaña orquestada por el poder financiero, los Gobiernos o el Banco de España, siguiendo la estela de organismos internacionales como el Banco Central Europeo, el FMI, la OCDE y el Banco Mundial.

Desde entonces, hemos visto cómo toda una legión de «expertos» a sueldo de los poderes financieros y políticos, y con el inestimable apoyo de la mayoría de los medios de comunicación, nos han bombardeado con sombríos augurios sobre el futuro de las pensiones que les llevan a una conclusión: el sistema público de pensiones está en peligro (no deja de resultar sospechoso que solo peligren las pensiones y no otros gastos públicos, incluso los de poca utilidad social, como el del Ejército y el armamento, o el de la Casa Real).

En opinión de economistas críticos, ese alarmante mensaje de que las pensiones públicas peligran no es más que una invención interesada. Y añaden que la supuesta «crisis» de las pensiones se usa como coartada para favorecer los fondos de pensiones privados, con los que tanto la banca como las compañías de seguros se las prometen muy felices por el suculento negocio que representan los 140.000 millones de euros anuales de las pensiones públicas.

Un carro este, el de las pensiones privadas, al que se han apuntado los dos sindicatos «mayoritarios», UGT y CCOO, que, antes de la «crisis» de 2007, ya firmaron que una parte del aumento de los salarios de los funcionarios fuera directamente a un fondo de pensiones privadas, medida que luego se extendió a convenios de empresas privadas. Además, UGT y CCOO han creado, como accionistas, empresas con Caixa Bank, el Banco Santander y el BBVA para gestionar conjuntamente esos fondos y obtener beneficios millonarios cada año.

Pensiones en peligro y otras mentiras

Como señalan algunos de esos economistas, las pensiones públicas son un gasto colectivo, por lo que carece de sentido que tengan distinta consideración que el resto de gastos colectivos (como educación, sanidad, etc.). Y puesto que son un gasto colectivo, las pensiones públicas han de pagarse con los impuestos generales en el caso de que no haya suficientes ingresos para pagarlas únicamente a partir de las cotizaciones. De hecho, así se hizo hasta 1997, cuando Aznar, siguiendo las recomendaciones del Pacto de Toledo, decretó que las pensiones contributivas se financiasen exclusivamente con cotizaciones de las personas activas.

En ocasiones, los servidores de los poderes financieros y políticos nos recuerdan que el sistema de pensiones públicas es deficitario. Y es verdad que lo es desde hace seis años. Pero ocultan deliberadamente que durante más de 30 años generó superávit. Y que, con ese dinero, se creó un fondo de reserva de las pensiones, o «hucha de las pensiones», que, hasta 2011, llegó a acumular 66.800 millones. Un fondo que Rajoy desvalijó para rescatar a la banca.

También esas voces mezquinas se encargan de propalar el mensaje de que las actuales pensiones son muy generosas. Otra falacia más, porque en el colectivo de pensionistas, que agrupa a 9,7 millones de personas, casi 6 millones (el 61%) ingresan menos del salario mínimo (900 euros). Y más de una cuarta parte perciben menos de 600 euros mensuales, lo que significa que viven en condiciones de pobreza severa (un 10% de ellos no llegan a los 350 euros). Y una gran mayoría de quienes perciben esas paupérrimas pensiones son mujeres. Así las cosas, no es casual que entre hombres y mujeres pensionistas exista una gruesa brecha salarial: las mujeres cobran una pensión media un 35% inferior a la de los hombres.

Defender el sistema público de pensiones

A finales de 2017, tras cinco años de práctica congelación de las pensiones, con insultantes subidas del 0,25%, miles de pensionistas en todo el país dijeron basta y se echaron a las calles. Se generó un poderoso movimiento en defensa de las pensiones públicas, que, además, coincidió en el tiempo con otro gran movimiento surgido tras el 15M: el feminista. Un movimiento pensionista que se reclama apartidista y transversal y que se ha dotado de sus propias estructuras organizativas (plataformas locales y de barrio, coordinadoras provinciales y autonómicas y una coordinadora estatal). Aunque, actualmente, tras casi dos años trufados de movilizaciones sin apenas resultados, el movimiento pensionista ha perdido buena parte de su vigor inicial, si exceptuamos el caso de Bizkaia.

Esta marea pensionista viene reclamando, entre otras cosas, la jubilación a los 65 años o con 40 años cotizados, una pensión mínima de 1080 €, la revalorización automática de las pensiones en función del IPC, la recuperación económica de lo perdido desde 2011, la desaparición de la brecha de género, la derogación de las reformas de pensiones y laborales de 2011 y 2013, acabar con el copago farmacéutico, el rechazo del Pacto de Toledo, una reforma fiscal integral y progresiva…

En Aranjuez, algunos compañeros de CNT nos incorporamos a la plataforma de pensionistas local Los lunes y al Sol, auspiciada por ex militantes de organizaciones de izquierda. Sin embargo, en abril pasado, nos vimos obligados a abandonarla, hartos de que el grupo fundador, que controla y manipula la plataforma en beneficio propio, llegó a imponernos una especie de «ley mordaza» para ahogar nuestras voces críticas.

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