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Acuerdo Gobierno y sindicatos: traición a la lucha de los trabajadores interinos del sector público
Tras el rapapolvo recibido desde los tribunales y desde Bruselas por abuso de la temporalidad en la Administración Pública, CCOO y UGT han cerrado este martes un acuerdo con el Gobierno que traiciona las demandas esenciales de este colectivo de trabajadores y que implica que muchos de ellos vayan a la calle.
El acuerdo se ha pretendido vender como la fórmula perfecta para reducir la temporalidad en la Administración Pública a cifras homologables a las existentes en el entorno europeo (la media europea es un 8%), partiendo del 30% existente en la actualidad. Sin embargo, muchos de los puestos no serán cubiertos por personal público, sino que, por el contrario, para muchos sectores de la Administración servirá de plataforma para subcontratar más servicios públicos para el sector privado y, de ese modo, precarizar aún más la situación actual de las plantillas.
Como denuncian los sindicatos Co.Bas, Solidaridad Obrera, SAS y la Confederación Intersindical, que el pasado día 18 de junio convocaron un paro general en todo el sector público, “con esta reforma se asientan las bases del desmantelamiento de unos Servicios Públicos muy deteriorados tras años de destrucción de empleo público y de privatizaciones”.
La precarización y la privatización de los servicios públicos es moneda de cambio habitual en la Administración desde hace más de una década, sobre todo tras la crisis de 2008 y las políticas de amortización de puestos y la baja tasa de reposición del personal público. Estas se han cebado sobre todo en sectores esenciales de la administración, tales como Sanidad, Educación o los Servicios Sociales. Algo que el Gobierno “más progresista de la historia”, no ha dejado de implementar, como demuestran las políticas precarizadoras que continúan, siendo claro ejemplo el aumento de la ratio en la enseñanza, con la ley Celaá o la continuidad en el deterioro y desmantelamiento de la Sanidad o los Servicios Sociales.
Ante esta situación las burocracias sindicales de CCOO, UGT y CSIF, más allá de denuncias generalizadas y de cara a la galería, han firmado acuerdo tras acuerdo con gobiernos del PP, el PSOE y ahora con el Gobierno PSOE - Unidas Podemos.
Estabilizar plazas, pero no personas
El acuerdo afecta a un número indeterminado de trabajadores de la Administración, 800.000 para los sindicatos y 300.000 para la Administración. Algo muy inquietante si pensamos en cómo están funcionando los mecanismos de control sindical sobre este aspecto tan esencial, para saber qué pasa con esos puestos y evitar que se pierdan en favor del sector privado y garantizar sus derechos.
Con el acuerdo alcanzado lo que se pretende es convocar de manera masiva ofertas públicas de empleo (OPEs), que son presuntamente ilegales dado que superan con creces el período máximo establecido en la propia ley vigente recogida en el Estatuto Básico del Empleado Público del tiempo máximo para convocar OPEs. Algo que como han venido denunciado las y los trabajadores afectados posibilitaba, ante el flagrante incumplimiento y fraude de la ley por el abuso de la temporalidad para puestos estructurales, el acceso de los afectados a sus puestos de manera directa a sus puestos de trabajo. Las y los trabajadores interinos de la Administración Pública no tienen por qué pagar en sus carnes el abuso de la precarización de una gestión que los ha condenado y sometido a peores condiciones, además que al resto de las y los trabajadores. Además, no sería la primera vez que se hace una regularización directa y, de hecho, hace pocos meses el Gobierno Canario anunció que iba a estabilizar a 3.000 trabajadores interinos de su administración sin pasar por una oposición.
Sin embargo, en este caso se ha optado por estabilizar las plazas, pero no a las personas que las estaban ocupando produciéndose un gigantesco ERE encubierto en el seno de la Administración Pública de un volumen infinitamente mayor que el que se ha producido en todo el sector financiero, que se cifra en unos 35.000 puestos. En este caso estamos hablando en cifras por encima de 800.000.
La reforma aprobada va a poner contra las cuerdas a este colectivo dado que después de muchos años de servicios se verán sometidos a pruebas, sobre todo de una memorización absurda, y sobre cuestiones que en muchos casos no son utilizadas en los trabajos concretos que hay que desarrollar en el seno de la Administración. Además, se trata de un personal que ha venido demostrando su valía en su quehacer diario en su puesto de trabajo. Personas que se van a ver en la calle, en muchos casos con cargas familiares y que, por edad, situación personal y familiar, van a tener enormes dificultades para poder prepararse un sistema de oposición basado en criterios de principios del siglo pasado.
Un pacto para lavarle la cara al Gobierno “progresista”
El pacto incide en que a partir de ahora los contratos temporales tendrán una duración máxima de tres años, de modo que esas plazas tendrán que incluirse en las OPE futuras que tienen que salir en ese plazo máximo establecido. Algo que no deja de ser irónico, dado que el propio acuerdo comienza incumpliendo esa directriz temporal al establecer que el proceso de estabilización deberá estar resuelto para el 31 de diciembre de 2024 y que afectará a las plazas ocupadas temporalmente anteriores al 31 de diciembre de 2020, pero sobre todo para aquellas que no se hayan incluido en los procesos de 2017 y 2018. Por lo tanto, es claro que esos plazos se van a superar holgadamente, al menos en esta etapa transitoria, pudiendo llegar algunos a resolverse en prácticamente siete años. Y una regulación que establece algo que ya era así previamente, como si de un gran logo se tratara.
Por otra parte, la Administración y como forma de penalización y compensación al trabajador por el despido, si supera ese plazo de tres años, deberá indemnizar al personal afectado con 20 días por año de trabajo y con un tope de hasta 12 mensualidades. Es decir, que la compensación a los trabajadores se sitúa en los niveles de los costes por despido que establece el Estatuto de los Trabajadores para despidos procedentes por cambios sustanciales en las condiciones de trabajo. O sea, en el mínimo legal posible. Teniendo en cuenta que, además, como ese coste no sale del bolsillo del empleador, el cargo político o directamente el político de turno, esto no va a suponer ningún freno real a que se vuelvan a producir actuaciones de abusos de la temporalidad sin mayores consecuencias.
Se plantea en este sentido por parte de los sindicatos, algo que formaría parte del acuerdo también y que serviría para evitar abusos, el hecho de que a partir de ahora todo acto administrativo que suponga el incumplimiento de los plazos establecidos será nulo de pleno derecho y supondrá una exigencia de responsabilidades a los gestores, incluso señalan en materia penal. Sin embargo, ya sabemos de lo farragoso y complicado que puede suponer esos procesos judiciales para demostrar un comportamiento conscientemente en fraude de ley a este respecto, solo basta ver los casos recientes ante la justicia y con casos tan claros sobre corrupción u otras presuntas ilegalidades como los de Cifuentes del PP o Monasterio de Vox. En el mejor de los casos pagará el “pringado” técnico al que siempre se les echan las culpas de todo, pero no el cargo político o directamente el responsable político de turno.
Con enorme cinismo, para el ministro Iceta este acuerdo se ha producido porque se buscaba “una solución práctica, justa y que cumpliera con la legalidad para los cientos de miles de personas que ocupan puestos estructurales y que han llegado a ellos ocupando diversos contratos de interinidad”, añadiendo que no van a “cometer ninguna injusticia con ningún interino” y van a “llamar a las Administraciones para que no se pierda ni un átomo de capacidad de los servicios públicos”.
Por la parte sindical el cinismo no es menor. CCOO, en boca de Paco García, coordinador del área pública, ha señalado que “es un acuerdo que apuesta por dignificar a los eventuales reconociendo que sus derechos son iguales que los fijos y funcionarios de carrera”. Cabe preguntarse si en más de 40 años de actuación sindical en la Administración han sido incapaces de garantizar derechos tan elementales a las y los eventuales, cómo podemos confiar en que de que ahora en adelante con su nueva actuación capituladora y sin lucha, la cosa va a cambiar radicalmente.
En el caso de UGT, su dirigente Julio Lacuerda, Secretario General de Servicios Públicos, no queda en mucho mejor lugar al señalar que “este compromiso adopta medidas preventivas y sancionadoras que evitan las anomalías que se han venido produciendo cíclicamente”. Primero hay que observar el eufemismo de denominar a una absoluta ilegalidad que se ha producido todo este tiempo, reconocido ya desde los tribunales con los indefinidos no fijos y por Bruselas, como mera anomalía. Pero es que, además, las medidas preventivas y sancionadoras no garantizan la estabilización de las y los trabajadores de los que se ha venido abusando, y se seguirán haciendo con los que en muchos casos los sustituyan, impunemente condenándolos al desempleo y la exclusión social si no obtienen sus puestos. Ni solucionará la precariedad ni la temporalidad actuales y futuras.
Basta de temporalidad ¡Fijeza YA!
La solución al drama de los interinos solo puede pasar por la defensa de un sector público mucho más potente, empezando por que se hagan fijos de forma automática y sin mediar ningún tipo de prueba absolutamente todos los puestos interinos. Esto tiene que ser el inicio de un plan de creación de cientos de miles de puestos de trabajo de calidad, que den salida al desempleo y a la población más precarizada y con menos recursos. Sobre la base de un plan de emergencia social que debe aumentar los recursos en sanidad, educación, desempleo, servicios sociales, etc. para atender las necesidades sociales y económicas de la mayoría social, incluyendo el reparto de las horas de trabajo sin disminución salarial en las Administraciones Públicas en la perspectiva de extenderlo a todo el sector privado para atacar las bases estructurales del desempleo.
