Corrupción, divino tesoro: nunca mejor dicho

Esto es un sinvivir. Llevábamos semanas en las que las comparecencias ante la Audiencia Nacional se han repetido, día sí, día no, en relación con los sumarios de "la Gurtel" (PP) y el llamado "caso Ávalos" (PSOE), y va y salta el affaire Zapatero: ¡parió la abuela!. Pero echemos por un momento la vista atrás.

La corrupción institucional fue consustancial al franquismo, un régimen absolutista (partido único, sindicato único, iglesia única, idioma único, ...), sin libertad ni control alguno, en el que el Estado lo abarcaba todo y la corrupción, el clientelismo y la mezcla entre intereses públicos y privados llegaba a todos los rincones.

Todo empezaba, además, por el propio Franco. El periodista Javier Otero, que investigó sus cuentas bancarias nada más terminar la guerra, descubrió que en 1940 estas tenían un saldo de más de 34 millones de pesetas, el equivalente a unos 400 millones de euros actuales. Procedían fundamentalmente (también tuvo otras: contrabando, cobro de comisiones...) de la apropiación a manos llenas de los donativos que muchos particulares hicieron para sufragar los gastos de la guerra.

Y de ahí para abajo, veda libre. Ministros, generales, jerarcas sindicales y altos cargos del Movimiento camparon a sus anchas en un marco de impunidad consentido desde las más altas instancias. A sumar a ello la rapiña derivada de aplicar la Ley de Responsabilidades Políticas de 1939, que permitió entrar a saco y robar legalmente (tierras, casas, propiedades...) el patrimonio de gran parte de la población republicana.

Pues bien, ¿por qué todo lo anterior no se abordó en las reuniones y acuerdos habidos durante la Transición entre el franquismo reformista y la oposición democrática? La respuesta, evidentemente, tuvo bastante que ver con la renuncia a impulsar la ruptura democrática hasta entonces reivindicada, de lo que se derivó el trasvase íntegro de, no solo el aparato político-administrativo del franquismo, sino también su concepción de los cargos públicos como botín de guerra a repartir.

El periodista Javier Pradera, en su libro Corrupción y política. Los costes de la democracia, se refirió a la oportunidad perdida en 1982, con la llegada al gobierno del PSOE (mayoría absoluta en el Congreso), para acometer un plan de desmontaje legal e institucional de esta corrupción. Señalaba, por el contrario, que los nuevos inquilinos "entraron en ese palacio encantado dispuestos a montar en todos los carruseles y a jugar en todas las máquinas".

No es ninguna exageración. En Nafarroa, por ejemplo, fueron condenados en aquellos años por prácticas corruptas dos presidentes del gobierno autonómico, un consejero, dos delegados del Gobierno en la Comunidad... Todos ellos del PSOE.

Carlos Solchaga, ministro de Economía en el primer gobierno de Felipe González, llamó al empresariado a participar del botín derivado de la liberalización económica entonces impulsada: "¡Enriqueceos!", les dijo. Y los empresarios hicieron cola para apuntarse en las privatizaciones de aquellos años y siguientes, ya con el gobierno del PP, de Aznar: Telefónica, Endesa, SEAT, Enasa, Repsol, Argentaria, Transmediterránea... De ahí se derivaron numerosos casos de corrupción ligados al PSOE de aquella época (FILESA, caso Juan Guerra, IBERCORP, Roldán, AVE, viviendas de UGT...), escándalos que abonaron su derrota electoral frente al PP de Aznar en 1996.

Ahora le toca al PP. Según ha afirmado quien ha sido portavoz de Juezas y Jueces por la Democracia, Joaquim Bosch, en su libro La patria en la cartera, el caso Gurtel ahora juzgado en la Audiencia Nacional ha evidenciado que

sus estructuras corruptas han aprovechado todos los huecos legales que permitían las normas de funcionamiento de las Administraciones Públicas. Eran las mismas lagunas que también facilitaron prácticas similares durante los años anteriores de democracia y durante el franquismo, sin que los poderes públicos adoptaran las pertinentes medidas de corrección.

En cuanto al caso Zapatero, vaya por delante mi total acuerdo con el principio de la presunción de inocencia y la aplicación del "in dubio pro reo" en el orden penal. Faltaría más. Más aun, teniendo en cuenta que la Judicatura, en buena medida, sigue estando impregnada de rancio franquismo, tal como evidencian las últimas elecciones para cubrir los cupos de cargos electos en el Tribunal Supremo, Audiencia Nacional y Tribunales Superiores, en las que las candidaturas de derechas han arrasado obteniendo el 75% de los puestos en liza.

Se habla estos días, y mucho, de las medidas progresistas tomadas bajo por el gobierno de Zapatero: retirada de tropas de Irak, matrimonio igualitario, memoria histórica, igualdad... Pedro Sánchez, incluso, ha llegado a ensalzar su "enorme perfil social". Pero todo este rosario de alabanzas oculta deliberadamente la otra cara de su política que fue, a mi entender, claramente reaccionaria.

A estos efectos, su gobierno, de la mano del PP, fue quién en 2011, tras afirmar y reiterar que no lo haría, aprobó barriobajeramente (Pleno extraordinario, por vía de urgencia y en verano), la modificación del artículo 135 de la Constitución. Según esto, el pago de la deuda pública tendría prioridad por encima de todo lo demás: sanidad, educación, gastos sociales....

De ahí se derivarían luego los fuertes recortes que aprobó (recorte de sueldos del funcionariado, congelación de las pensiones, reforma laboral, alargamiento de la edad de jubilación...) y el rescate de una banca corrupta con decenas de miles de millones de euros.

A mencionar también obligatoriamente una política represiva en la que se dieron cientos de detenciones en Euskal Herria, a la par que la tortura seguía siendo el pan nuestro de cada día en comisarías y cuarteles. Rubalcaba era su ministro de Interior.

En resumen, presunción de inocencia, sí, pero apoyar esa campaña de canonización de su persona, no y no. Zapatero no me inspira mayor confianza. No es de fiar.

Vientosur