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Algo más que garbanzos negros: nuevos casos de corrupción en la Guardia Civil
A las investigaciones sobre el caso Mediador y el caso cuarteles se le añade una tercera trama de mordidas por obras en Valencia y los 2 mandos detenidos por el caso uniformes
“Esto no es que en la Guardia Civil haya un garbanzo negro, esto es que se les ha quemado el cocido”. El diputado de EH Bildu Jon Iñarritu se dirigía así en comisión parlamentaria al responsable de Interior, Fernando Grande-Marlaska. El ministro acudía el 27 de marzo a la comisión de Interior del Congreso, por voluntad propia, para dar explicaciones sobre el caso cuarteles, la última en una serie de investigaciones de corrupción que implican a altos mandos del cuerpo armado, y cuya baja más notoria es el general retirado Franciso Javier Espinosa, en prisión desde marzo por las mordidas del conocido como caso Mediador.
Mediador, caso Cuarteles, caso Uniformes, trama de Benimaclet, contratación irregular en el Sahel: la enumeración de incidentes en los que de alguna manera están involucrados altos mandos de la Guardia Civil daba base a la afirmación de Iñarritu. El diputado de Bildu preguntaría a Marlaska, sin éxito, cuántos imputados tiene el cuerpo armado en este momento, ante la dispersión de datos conocidos fundamentalmente por la prensa. De esta enumeración —que no tiene en cuenta el goteo de agentes y mandos de la benemérita detenidos o investigados por narcotráfico— salen cinco imputados: un general, un teniente general (hay un total de seis en el cuerpo), dos tenientes coroneles y un coronel.
Un sexto investigado por una trama de mordidas en al menos 10 adjudicaciones de obras de rehabilitación y mantenimiento en cuarteles de la Guardia Civil en la provincia de Valencia es el teniente coronel del Ejército Miguel Ángel ET, que por 15 años fue interventor jefe de la Unidad de Gestión Económica (UGE) de la VI Zona de la Guardia Civil, es decir, “el máximo responsable del dinero que maneja el instituto armado en el País Valenciano” según el diario Levante. Su despacho en un cuartel del cuerpo situado en la localidad de Benimaclet fue registrado en septiembre bajo órdenes de la Fiscalía Anticorrupción.
Además, según se ha publicado en prensa, el sumario del caso Mediador incluye las siglas (VRB) de otro coronel puesto en sospecha y menciona una reunión del general y exjefe del Seprona —no encausado— Antonio Tocón Díez con uno de los empresarios de la trama. Aún sin investigación judicial, las denuncias de la Comisión Europea sobre la gestión de la misión de la Guardia Civil en el Sahel apuntan también al general Espinosa: al menos un 18% de los fondos han sido puestos bajo sospecha por Bruselas. Por último, pese a no estar tampoco encausado en la investigación de mediador, Interior ha cesado al coronel José María Tienda Serrano, responsable de la comandancia de Tenerife.
Caso Cuarteles: 195 contratos y un nexo con Mediador
La sede de esta misma comandancia es el principal foco del conocido como caso Cuarteles, una trama de adjudicaciones irregulares en 195 contratos de reformas que afecta a 13 comandancias de la Guardia civil en la era Rajoy. De los 3,3 millones de euros investigados en contratos amañados—es decir, por obras que o bien no se llegaron a hacer, o se hicieron por importes y conceptos hinchado—, los que eran gestionados desde la comandancia tinerfeña suponían 900.000 millones. Las otras sedes son Murcia, Albacete, Algeciras, Alicante, Badajoz, Castellón, Huelva, Jaén, La Coruña, Ávila, Valladolid y Toledo.
Según la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), esta trama supone el caso más grave de corrupción en el cuerpo desde la época de Luis Roldán, director general de la Guardia Civil en la época de Felipe González. El teniente general imputado, Pedro Vázquez Jaraba, era en el momento de los contratos investigados —entre 2014 y 2019— jefe del mando de apoyo e innovación de una subdirección general del cuerpo, y una de las cuatro personas con mayor rango dentro de la Benemérita a nivel nacional en esos años.
Su papel en la trama sería la de mediar con el empresario canario Ángel Tejera de León, alias ‘Mon’, beneficiario de todos los contratos a través de sus empresas Solocorcho, Canarycork, Impermercork, y Angrasurcor. Esta es la versión del otro alto mando encausado, el teniente coronel y exjefe de la comandancia de Ávila Carlos Alonso. En su declaración el pasado día 29, ‘Mon’ dijo que su trato fue con Alonso directamente. ‘Mon’ supone además un nexo con el denominado caso Mediador, en cuyo sumario aparece en una ocasión por reunirse con el general Espinosa, supuesto cabecilla de la trama empresarial. Por otro lado, la trama de Benimaclet, también centrada en mordidas obtenidas a través de obras, es ajena al caso cuarteles por no implicar al empresario canario.
En su declaración frente a la comisión de Interior, Grande-Marlaska responsabilizó a José Manuel Holgado, director general de la Guardia Civil bajo el mandato de Juan Ignacio Zoido, de no llevar los hechos, investigados entonces por Asuntos Internos, ante la fiscalía. Cerrada la investigación, sería una fuente anónima la que en abril de 2018 puso los expedientes en conocimiento de la Secretaría de Estado de Seguridad.
Para Enrique Santiago, portavoz de Unidas Podemos en la comisión de Interior, todo el procedimiento de investigación y supervisión arroja “dudas y preguntas”. Asuntos Internos tuvo que concluir la investigación de este caso en 2018 y tuvo que reportar sus conclusiones al máximo nivel. “¿No sabía Asuntos Internos que ese máximo nivel eran parte de los investigados, en este caso el teniente general Vázquez Jaraba? Es decir, Asuntos Internos parece que reporta al general Martínez Alonso, que tiene que dirigirse al teniente general Pedro Vázquez Jaraba, que probablemente estaba en ese informe de Asuntos Internos”, señaló en su turno de preguntas durante la comparecencia de Marlaska.
En opinión del secretario general del PCE, la investigación del juzgado de instrucción numero 3 de Madrid a partir de ahora debe ser asumida por la Audiencia Nacional, por la gran dispersión geográfica de los contratos investigados —que abarcan nueve comunidades autónomas— y el rango de las personas investigadas, que formarían en su opinión “una organización criminal bien estructurada”.
Caso Uniformes: declaraciones desde marzo
En este caso investigado por el juzgado de instrucción número 50 de Madrid fueron detenidos en julio de 2020 dos responsables del servicio de contratación del Instituto armado, el coronel Juan Antonio Maroto y al teniente coronel Alberto Martín Altube. Hay 20 imputados que están declarando desde marzo de este año. De nuevo, en la acusación popular se encuentra la AUGC. En este caso, el centro de las investigaciones son supuestos amaños en la concesión de contratos de provisión de uniformes para el cuerpo. La causa procede de una investigación anterior, la denominada Operación Grapa, que investigó contratos públicos fraudulentos en la Dirección General de Policía y en la Dirección General de Tráfico.
