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Estado español :: 03/07/2009

Aplazan hasta 2013 el cierre de la central nuclear de Garoña

Gara
Entre los vecinos de la zona, se ansiaba esta decisión, «porque ya hemos experimentado durante muchos años la sensación de miedo», aunque no cumple las espectativas.

El Consejo de Ministros no decretará en su reunión de mañana el cierre de la planta nuclear de Garoña. Ésta era una de las opciones que tenía sobre la mesa el Gobierno del PSOE, que no podía aplazar más su decisión porque este domingo concluía la licencia que permitía a Nuclenor (empresa participada al 50% por Iberdrola y Endesa) mantener su funcionamiento y, al mismo tiempo, obligaba a su cierre en 2011.

Sin embargo, el Ejecutivo español ha optado por prorrogar la vida útil de la central hasta 2013, fecha que no supone un límite definitivo, puesto que la licencia se podría volver a ampliar en cualquier momento con una simple orden ministerial que cuente con el aval del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). Y, precisamene, este órgano se pronunció a principios de junio a favor de ampliar el funcionamiento hasta 2019 a condición de que la central invierta 50 millones de euros en la renovación de sus instalaciones. Además, el líder del PP, Mariano Rajoy, ya adelantó ayer mismo que, en caso de que su partido alcance el poder tras las elecciones previstas para 2012, la prórroga está asegurada.

Por tanto, Garoña seguirá batiendo récords negativos dentro de la historia de las centrales nucleares: sólo hay dos plantas más antiguas en funcionamiento en todo el mundo, una en Inglaterra y otra en EEUU; es la única que utiliza tecnología de primera generación en el Estado español; en 2008 sólo produjo el 1,4% de la electricidad del Estado mientras que generó un 50% más de residuos de alta actividad que las otras centrales y entre cuatro y cinco veces más de residuos de baja o media actividad; y, como resulta evidente repasando los precedentes de los últimos años, seguirá acumulando partes de incidencias y paradas no programadas.

Aunque las presiones para prorrogar la vida de Garoña se habían acentuado en las últimas semanas tanto por parte de las empresas eléctricas como del PP, lo cierto es que el cierre de esta central no supondría un hito, sino que seguiría una lógica ya implantada hace muchos años en el Estado español. La parada definitiva de la central de Zorita -inaugurada en 1968, apenas tres años antes que la de Garoña- se produjo en 2006 y la de Vandellós I -un año más joven que la burgalesa- fue clausurada en 1989 tras un «incidente importante», de nivel 3 en la Escala Internacional de Accidentes Nucleares (ESNA).

«Los vecinos ya hemos sentido suficiente lo que es el miedo»

El municipio alavés de Gaubea se sitúa a 15 escasos kilómetros de la central nuclear de Garoña. Debido a esta cercanía tienen elaborado un completo plan de emergencias en caso de que la central sufra algún accidente. Rosa María Etxebarrieta es la responsable municipal de este plan y ayer, como tantos y tantos vecinos de la zona, esperó impaciente la decisión sobre el futuro de la central. «Mejor si el cierre se hubiese fijado para 2011», aseguró, aunque se mostraba aliviada tras la decisión del Gobierno español: «Lo inadmisible hubiera sido una prórroga de diez años, porque lo mismo la empresa hubiera pedido después un nuevo aplazamiento». En su opinión, la seguridad de los ciudadanos debe primar por encima de otros intereses, unos intereses que, a su entender, han provocado que en los últimos tiempos se hayan dado datos erróneos e inciertos sobre la central con el ánimo de influenciar a la opinión pública y al Gobierno, por ejemplo, los relacionados con los beneficios laborales que aporta Garoña. «Los datos sobre el número de trabajadores no son ciertos», de hecho, «en la zona no conozco ni una sola persona que trabaje en la planta». Entre los vecinos de la zona, asegura, se ansiaba esta decisión, «porque ya hemos experimentado durante muchos años la sensación de miedo» que se sufre al vivir cerca de este tipo de infraestructuras. «Ahora -incidía Etxebarrieta- lo único que esperamos es que la decisión sea firme, esté atada y que el proceso de cierre se lleve a cabo respetando todas las normas de seguridad».

 

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