Canarias: Terrorismo empresarial en Educación

El gobierno autonómico está decidido a liquidar las listas de profesores interinos y sustitutos e imponer un nuevo sistema consistente en someterlos a una perpetua reordenación en función de las calificaciones que obtengan en las oposiciones. Se trata de eliminar la más mínima estabilidad laboral, manteniendo las listas de reserva en un continuo movimiento de entrada y salida de mano de obra sin derechos. Y en la más absoluta precariedad, ya que el derecho a ingresar y ser ordenado en las listas, en base a las calificaciones obtenidas en una convocatoria de oposición, podrá quedar totalmente anulado en la siguiente si se suspende o se saca menos nota.

El primer objetivo evidente es el de ahorrar en costes laborales y reducir el número de enseñantes (de hecho, unas 3.500 trabajadoras y trabajadores pueden verse en la calle), en la línea de cercenar los presupuestos en Educación y Sanidad. Pero hay otro objetivo de fondo: doblegar definitivamente a un colectivo de asalariados y someterlos a un sin vivir bajo el terror a la Consejería de Educación y sus jerifaltes.

Ya en los años 70, las profesoras y profesores más avanzados y comprometidos con la enseñanza democrática y con la Escuela Canaria, se opusieron a un sistema de selección puramente memorístico, subjetivo y altamente sujeto a componendas y corrupción, sin ningún criterio para evaluar las capacidades pedagógicas de los enseñantes. Las propuestas y métodos de selección más avanzados, justos y objetivables, que proponían, fueron rechazados. Cuando se impusieron unas oposiciones al viejo estilo fascista, libraron una dura lucha por boicotearlas.

La respuesta del Estado fue brutal, con los antidisturbios en las aulas de examen. El aplastamiento de ese movimiento supuso que los esquiroles sacaran la plaza y las profesoras y profesores luchadores se vieran en la calle. Paradójicamente, algunos de los líderes de ese movimiento, que finalmente recalaron en CC, cuando accedieron a cargos de responsabilidad en la Consejería de Educación mantuvieron el mismo sistema de oposiciones, totalmente memorísticas y antipedagógicas, sin contenidos canarios, y totalmente abierto a la entrada sin cortapisas de profesorado español.

Y, desde luego, igualmente corrompidas. Baste el ejemplo de unas recientes oposiciones en Educación Infantil, en las que la propia Consejería de Educación reconoció que habían existido “irregularidades” en algunos tribunales. El resultado fue que en vez de expedientar a los miembros de los tribunales en los que presuntamente se habían producido irregularidades, se castigó a los enseñantes aprobados anulando toda la oposición.

La batalla por la homologación salarial de las profesoras y profesores con los funcionarios de nivel equivalente de otros departamentos del gobierno autonómico, evidenció, amén de la mala práctica y las incapacidades de los sindicatos gremiales del sector, la voluntad decidida de doblegar a los enseñantes y convencerlos de que cualquier reivindicación es inútil. A machamartillo, y sin coger prisioneros, los jerifaltes educativos y políticos quieren tener campo libre para cualquier arbitrariedad.

Las maestras y maestros interinos y sustitutos han supuesto una mano de obra más barata, a la que se puede mandar a cualquier lugar en cualquier momento. En el caso de las sustitutas y sustitutos del llamado “pacto parcial”, el abuso llega al extremo de ser llamados para quince días, por ejemplo, y de nuevo al paro por un tiempo, pendiente de volver a ser llamados de un día para otro. Sin cobrar, pendientes del teléfono, y sin poder coger otro trabajo mientras tanto.

Como a muchos de esos enseñantes, que llevan veinte años o más de interinos, de colegio en colegio, les quedan pocos años para jubilarse, no les compensa sacar unas oposiciones para ser destinados por tres o cuatro años a una isla periférica, lejos de su entorno familiar y social, por unos salarios que se van en segunda vivienda, viajes, etc. Y en situaciones en que ni la edad ni la jornada laboral (más horas de traslado al respectivo centro) les permiten competir con jóvenes opositores en memorizar leyes.

En vez de buscar soluciones (económicas y de otro tipo) para que esos destinos en las islas periféricas sean atractivos, la Consejería quiere acabar con la relativa “tranquilidad” con que estas profesoras y profesores esperan la jubilación. Imbuida hasta la médula por el ultracatolicismo, se muestra como fanática partidaria de que los enseñantes sufran, que “paguen” por tener un puesto de trabajo, aún a costa de la salud y la familia.

Y sobre todo, que vivan constantemente aterrorizados ante lo que pueda hacer la Consejería de Educación, aunque ello deteriore aún más la calidad educativa. Si hay trabajadoras y trabajadores que viven con el miedo en el cuerpo, esos son los enseñantes interinos y sustitutos. La necesidad de poder ejercer de forma impune esa coerción, anulando cualquier voluntad de resistencia, es lo que está detrás de la nueva fórmula para confeccionar las listas de reserva.

Y, desde luego, la perversa querencia de comprobar la falta de límites a su voluntad omnímoda. Ya se sabe: maestros acobardados para que generaciones y más generaciones de niñas y niños canarios sigan creciendo en la resignación y el temor a rebelarse.

prcc canarias