Constitución Española y libertades públicas

CONSTITUCIóN EXCLUYENTE, 27 AÑOS BASTAN.

El resultado de esta lectura unilateral ha sido una permanente violación para la mayoría de la gente de las garantías sociales y democráticas contempladas en el texto constitucional. Por ejemplo, el sistema de relaciones laborales de la transición ha volado por los aires en base a una insurrección tan ilegal como impune de las patronales. El estado de necesidad de la gente trabajadora, ha permitido la vulneración sistemática de las leyes laborales por parte de los empresarios, contratando por debajo y al margen de las leyes sobre todo a los sectores sociales más vulnerables, inmigrantes, jóvenes y mujeres. Posteriormente esta realidad ilegal ha sido legalizada por las Reformas Laborales. La protección social en caso de jubilación, seguro de desempleo, garantía de atención sanitaria y educación por parte del Estado, han experimentado un vertiginoso retroceso en sus condiciones de acceso, en su calidad y en su cuantía. Paralelamente, se ha producido y se produce una entrada masiva del capital privado en la sanidad, la educación y los servicios públicos en un proceso de desmembramiento y privatización de empresas e instituciones del Estado.

En el terreno de las libertades, las modificaciones legales de la libertad de manifestación (Ley Corcuera - 1991), del Código Penal de 1995 (modificado por el PP, para endurecerlo, en un 50% de su contenido), de la libertad de sufragio, asociación y representación política (Ley de Partidos e ilegalización de Batasuna 2002), de la libertad de expresión (ilegalización de periódicos, radios, revistas, editoriales, etc), han hecho retroceder las libertades y derechos civiles para quienes disienten desde fuera del régimen y su entramado institucional y clientelar.

Las garantías jurídicas y procesales han caído en picado. La Audiencia Nacional, como continuidad de la Jurisdicción Especial del Tribunal de Orden Público y en contradicción con el Art. 117.6 de la C.E., impone condenas de 15 años de cárcel a jóvenes vascos a través de procedimientos judiciales en los que cualquier garantía jurídica y procesal brilla por su ausencia. Encarcela durante un año a la dirección de grupos políticos independentistas, o a miembros de fundaciones que propugnan la defensa civil no violenta, como modo de luchar por la autodeterminación. Acomete desde la Audiencia Nacional, heredera del Tribunal de orden público franquista juicios megalómanos para criminalizar a personas, asociaciones, empresas y medios de comunicación por el mismo delito de defender el derecho de autodeterminación, es decir de democracia, tal como sucede con el actual juicio 18/98.

La ruptura del principio de causalidad en los contratos de trabajo y el prestamismo laboral, han creado, ante la pasividad cómplice de la inspección de trabajo, una situación estructural de fraude de ley en el empleo. La infiltración del paradigma neoliberal en la ideología de muchos jueces (la mejor forma de crear empleo es favorecer la inversión de capital, es decir, eliminar los obstáculos que impiden la flexibilidad del trabajo), es el origen de una inseguridad jurídica permanente para los trabajadores.

La dispersión ilegal de los presos vascos, el endurecimiento de las penas en el código penal, las cárceles para niños y adolescentes, las cárceles de alta seguridad, los malos tratos y torturas sistemáticas del régimen de aislamiento y el Fichero de Internos de Especial Seguimiento (F.I.E.S.), suponen la violación permanente de la Ley General Penitenciaria y de la Constitución, que establecen, respectivamente, tanto el cumplimiento de la pena cerca del domicilio habitual, como la reeducación y reinserción social como uno de los objetivos básicos de la privación de libertad (Art. 25.2 C.E.)

La ruptura democrática aún está pendiente
No a la Constitución monárquica. Por la III República.
Por el derecho de autodeterminación
MEMORIA, DIGNIDAD Y LUCHA

MANIFESTACIóN EN MADRID. MARTES 6 DE DICIEMBRE DE 2005
12:00 H. ATOCHA - J. BENAVENTE

Este texto forma parte de un libro en preparación: "Constitución(es), autodeterminación(es) y movimiento antiglobalización

Agustín Morán es miembro del CAES