Córdoba: Un preso insiste ante el juzgado en que se investigue la paliza que recibió de funcionarios de la cárcel

En su recurso de apelación contra el sobreseimiento provisional de las actuaciones, al que ha tenido acceso Europa Press, incide el preso en que "existen indicios más que suficientes para entender realizada esa mínima actividad probatoria que pueda conducir a la apertura de juicio oral para en el mismo depurar las responsabilidades que se han denunciado".

El escrito alude a que "la realidad ha sido denunciada en más de una ocasión" y acompaña recortes de prensa aparecidos los días 28 y 29 de agosto de 2002, 3 y 4 de julio de 2003, y 28 de septiembre del mismo año, en donde los autores de las noticias lamentan la "violación de los derechos humanos" en dicha prisión y la "imposibilidad de prueba" dado el estado de reclusión de los denunciantes.

El auto del juzgado que desestimó en julio pasado el recurso de reforma de esta parte decía que "hace falta algo más que la simple manifestación de quien tiene motivos sobrados para poder exagerar unos hechos (no debe olvidarse que es un interno de centro penitenciario que claramente ve en los funcionarios a sus enemigos y que además se sabe denunciado por delito de atentado, con las graves consecuencias que ello le puede acarrear)".

Al respecto, dice la apelación que "con los debidos respetos, entiende esta parte que, lamentablemente, porque no debiera así, para un número muy elevado de funcionarios de prisiones el preso es también un enemigo, que en un momento determinado puede buscarle un problema".

"En la misma tesitura" están ambos, "iguales ante la Ley, sin que pueda existir discriminación respecto al preso por el hecho de serlo", relata el recurso.

A juicio del interno, "que el juzgador valore debidamente todo el resto de la prueba practicada, incluso la negativa del centro penitenciario de remitir al juzgado las cintas que han debido ser grabadas y que no han sido remitidas porque, al parecer, el funcionario correspondiente no le ha dado al botón de grabación", manifestando las aseveraciones del director del centro que no son más que "evasivas a la aportación a las diligencias de algo tan fundamental" como dichas cintas. En este sentido, el juzgado dijo que "no existen tales grabaciones, tratándose de simples circuitos cerrados de televisión".

Apunta que datos "objetivos" son las lesiones sufridas por el preso y las declaraciones de los testigos propuestos, en quienes se aprecia el "miedo" a sufrir represalias. Denuncia además que los posibles denunciados "ocultan pruebas" y están "amparados" por el director de la cárcel, y dice que el instructor "no debe sino acordar la apertura de juicio oral para el esclarecimiento de los hechos, con intervención de parte y bajo los principios de moralidad y contradicción".

La delegación provincial de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, que ha denunciado hechos similares en dicha cárcel, remitió diversos recortes de prensa requeridos por la madre del este preso, identificado como A.R.H., para que su representación pudiera acompañar a sus recursos ante el instructor del caso.