Corrupción policial y abusos contra migrantes en Ceuta

Prevaricación, calumnias, revelación de secretos oficiales y atentado contra la independencia del poder judicial. El pasado 15 de septiembre, era condenado por estos delitos Luis Vicente Moro, ex delegado del Gobierno de Ceuta, a dos años y dos meses de prisión, a doce de inhabilitación profesional y al pago de 120.000 euros a Francisco Tesón, juez de la Audiencia Provincial de Ceuta.

Se trata de la mayor condena a un cargo político dictada en Ceuta. En su sentencia, la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Cádiz condena también a siete años de inhabilitación al ex comisario Alejandro Valle y uno al jefe de prensa de la delegación de Gobierno, Roberto Franca, acusado de participar en un informe de difamación contra el juez.

De este modo, Luis Vicente Moro ha visto cómo métodos que le hicieron ascender en la jerarquía policial y que marcaron una época en la actuación de los cuerpos de seguridad en Ceuta, son ahora los causantes de su condena a prisión. En 1998, la llegada de Moro a la ciudad autónoma podría parecer sacada de una serie de policías. Sus salidas de tono en ruedas de prensa y su actitud de mano dura encontraron el sitio ideal en una ciudad donde los narcotraficantes, con la complicidad de un ayuntamiento en manos del GIL (el partido político del conocido Jesús Gil), podían moverse sin dificultades por la ciudad y hacer negocios sin problemas.

Amigo de Aznar, designado a dedo por el ex presidente, Moro contó con facilidades para llevar a Ceuta unidades de la Policía y la Guardia Civil para el papel de “fuerzas de choque”. Este estilo se emplea contra los menores inmigrantes que empiezan a llegar a la ciudad a finales de los ‘90. Sin cumplir trámites, los agentes de Moro los expulsan directamente, mediante golpes y de forma ilegal, según las denuncias de diversas organizaciones de derechos humanos.

Otro aspecto fue el trato en dependencias policiales. En el año 2000, Mustafa Hajjaj, un marroquí de 24 años, padre de una hija y con su mujer embarazada, aparecía muerto el 22 de noviembre en su celda tras ser detenido con 20 gramos de hachís. Según la Guardia Civil, Hajjaj se ahorcó con el cordón de sus calzoncillos de un barrote de la celda. Distintos grupos de DD HH denunciaron esta teoría, al apreciar lagunas en la autopsia y datos sospechosamente falsos. Ante ello, el ex delegado amenazó con hacer caer el peso de la ley a los que acusaran en falso a la Guardia Civil.

También para el narcotráfico se aplicaron métodos expeditivos. Tras el conocido ‘caso Kimbi’, llamado así por el apodo de un narcotraficante cosido a balazos en un ajuste de cuentas en la nochevieja de 1999, se sucedieron en cadena detenciones de personas a las que la policía consideraba líderes de la delincuencia organizada.

Pero por encima de la delincuencia, la lucha más encarnizada de Luis Vicente Moro es la que mantiene con el juez Fernando Tesón, quien desde la Audiencia Provincial de Ceuta toma algunas decisiones contrarias a su estilo. En el caso de las expulsiones de menores, Tesón se niega a archivar las denuncias presentadas por organizaciones de derechos humanos, rechaza un recurso de Moro, y permite que se sigan investigando los hechos. También manda a prisión por intento de homicidio a un testigo protegido que colaboraba con la Policía, lo que solivianta a Moro hasta el punto que en un acto social acusa en público duramente al juez.

‘Caso Tesón’

Se producía entonces el ‘caso Tesón’, por el que Moro es finalmente condenado. Para deshacerse del juez, la delegación de Gobierno prepara un informe policial que acusa al juez de connivencia con los narcotraficantes. Junto a Moro, participan en la trama el comisario Alejandro Valle y el encargado de prensa.

El informe se manda primero a los organismos institucionales, aunque ninguno toma en serio las acusaciones, ni emprende medidas. Luego, envían la nota a varios medios. La prensa local deshecha estos datos, pero parte de las acusaciones logran un hueco en la portada de El País.

No obstante, el ataque contra el juez tuvo un efecto bumerán. Ante la falsedad de los hechos, la Fiscalía Provincial toma en sus manos el caso que ha terminado con penas de prisión para el ex delegado. La sentencia está recurrida, pero a Moro también le queda por delante otro juicio, esta vez por los malos tratos y la expulsión ilegal de menores.

Publicado en Diagonal nº 64