Crecimiento económico y redistribución de la riqueza en el Estado español (2000-2023)

Centraré mi atención en los factores que están detrás de la evolución del desigual nivel de renta inicial medio por habitante entre las distintas nacionalidades y regiones del Estado español en lo que llevamos del presente siglo, así como, hecho esto, en los que favorecen una menor desigualdad del nivel de renta disponible final por habitante en las mismas.

Para los años que llevamos de este siglo, según las estadísticas elaboradas por el INE para el PIB por habitante (PIBpc) de las Comunidades Autónomas del Estado español[1], el valor de este indicador varió tal y como se muestra en la columna central de datos del primer recuadro. En el mismo las nacionalidades y regiones del Estado español fueron ordenadas -con toda intención- por la última columna que recoge la evolución de su población en esos 23 años. Según este criterio a la cabeza tenemos Baleares, que pasó de un índice de 100 a casi 149 habitantes, y en el furgón de cola Asturias, que incluso decreció algo (de 100 a 94). La media del Estado español pasó de 100 a 119 habitantes. Lo que supone un aumento de casi el veinte por ciento de su población.

Que las haya ordenado por ese factor en la última columna (crecimiento poblacional), como se verá, no es arbitrario porque, salvo excepciones, al hacerlo así se perfilan muy bien dos grupos de territorios. Unos en rojo (con aumentos poblacionales elevados) y otros en verde (con aumentos poblacionales menores). Ya con ello se vislumbra que la evolución demográfica está siendo el factor determinante de los cambios en la riqueza por habitante (el PIBpc), y no tanto el mero crecimiento económico del PIB (con algunas excepciones).

Así en el grupo superior destaca el caso de Baleares o Canarias, con una caída máxima de quince puntos de convergencia respecto a su posición inicial[2] en el PIBpc del año 2000, justo porque es en ellas en las que crece más su población; no debido a un crecimiento económico peor que el promedio. Y en el grupo inferior destacan las mejoras de Galicia o Extremadura con más de diez puntos de ganancia respecto a la situación del año 2000, pero, de nuevo, esto sucede porque están entre las que menos han visto crecer su población y en absoluto porque haya crecido su PIB más que la media del Estado español, que es siempre la referencia de convergencia del PIBpc. Vayamos ahora por partes.

En el grupo superior (color rojo, alto crecimiento demográfico), nueve comunidades autónomas siguen la tendencia de Baleares y Canarias (pérdida de convergencia o de nivel medio de riqueza por habitante). Las excepciones son la Comunidad de Madrid y Castilla-La Mancha, que anotan cierta convergencia. De hecho, la única excepción rotunda es Madrid ya que Castilla-La Mancha (al igual que La Rioja) tiene un crecimiento demográfico ajustado a la media española y por esa razón no tiene por qué entrar en la "norma" de perder convergencia en PIBpc.

Madrid sí que registra un crecimiento demográfico superior a la media española y sus (anómalos) casi cuatro puntos positivos de convergencia se deben en este caso a un crecimiento del PIB superior a la media[3]. Ciertamente con un crecimiento del PIB que también logran Baleares o Murcia, que, sin embargo, no lo convierten en avances del PIBpc debido a un dinamismo demográfico muy superior. Dinamismo demográfico -como muy pronto veremos- muy asociado a la inmigración recibida (para actividades de servicios personales y de hostelería) y no a la natalidad de los residentes.

La excepción madrileña tiene que ver con su encaje centrípeto en el conjunto de la economía española, algo que se pone de manifiesto -entre otros factores- en su espectacular desempeño comercial con el resto de España en relación al que tiene fuera de España[4]. Una excepción que tendrá su traducción -como veremos más adelante- en un papel también singular en relación a la renta disponible bruta por habitante y su redistribución dentro del Estado español.

Ya en el grupo inferior de esa primera tabla de datos (color verde, con menor crecimiento poblacional) son siete las Comunidades Autónomas que siguen la tendencia de Galicia o Extremadura (en avance de convergencia). Aquí la única excepción es Cantabria, que neutraliza el factor demográfico -"favorable" a la convergencia- por anotar un nivel de crecimiento del PIB entre los tres más bajos de España en casi 25 años.

Recojo en un gráfico el resumen visual de esta clara asociación entre la demografía y la convergencia regional en la España del siglo XXI, según la cual las nacionalidades y regiones que más se acercan a la media española en riqueza por habitante lo hacen sobre todo por su parálisis demográfica, mientras que las que pierden nivel relativo en dicho indicador lo hacen por causa de su intenso crecimiento demográfico.

En este gráfico el punto inferior derecho corresponde a Galicia, que marca una ganancia máxima de convergencia (casi 15 puntos) con una demografía estancada (100). Y el punto superior a la izquierda es Baleares, que pierde convergencia (casi 15 puntos) por causa de una demografía muy expansiva (índice de casi 150). La nube de puntos sugiere una clara asociación entre la dinámica demográfica y la mejora o empeoramiento de la convergencia regional en el PIBpc.

De lo que hay pocas dudas es que durante ese período el mero crecimiento del PIB poco tuvo que ver con su traducción en crecimiento del PIBpc como recojo en el siguiente recuadro de datos, que ordena las Comunidades Autónomas según su crecimiento (de mayor a menor) de dicho PIBpc. Pues de las seis nacionalidades o regiones que más crecieron en PIBpc (con Galicia a la cabeza), comprobamos que ninguna lo hizo por anotar un crecimiento económico superior a la media del Estado español (231 para 2000=100).

Con estas premisas, y para finalizar la primera parte del presente análisis, concreto y analizo brevemente los cambios relativos a la "ordinalidad" del PIBpc, por tanto en el ranking o posición en el nivel de riqueza, entre el año 2000 y 2023, en la siguiente tabla.

Las variaciones de hasta una o dos posiciones no debieran considerarse muy significativas o preocupantes tanto en signo positivo como negativo. Solo nos quedarían cinco casos por encima o debajo de este intervalo. Y se confirma de nuevo que los casos de mayor ascenso (Galicia y Castilla y León) obtienen esa mejora por su atonía demográfica, y también que los casos de mayor descenso (Canarias, Baleares y Comunidad Valenciana) se asocian a un crecimiento demográfico muy intenso.

Algo que se confirmaría aún con más intensidad si en lugar del PIB por habitante estimásemos el PIB por ocupado entre 2000-2023. Porque, para las Comunidades más ricas, el crecimiento de los ocupados fue aún más intenso que el de la población (probablemente debido a la inmigración no regular) y porque sus empleos estuvieron más orientados hacia sectores de menor productividad (hostelería, servicios personales, etc.). Lo que en conjunto favorecería por un lado un denominador más alto para el cálculo del PIBpc pero, al mismo tiempo, rendimientos decrecientes para su numerador. No debiera, por tanto, buscarse ningún otro "culpable" para los cambios más intensos de ordinalidad en el nivel de riqueza por habitante, si, además, tenemos en cuenta que solo con el imprescindible concurso de esta población inmigrante está siendo posible cubrir muchas de las actividades productivas de estos territorios.

No me resisto a añadir que aparte de explicar la perdida de posiciones en Canarias, Baleares o la C. Valenciana, respecto al PIBpc medio, el alto crecimiento demográfico por inmigración podría también estar detrás del aumento de la desigualdad social en esos territorios. El INE suministra para las Comunidades Autónomas una serie (2008-2023) sobre las veces que el veinte por ciento más rico supera la renta del veinte por ciento menos rico (indicador 20/80) en cada una de ellas. Y, efectivamente, las citadas -junto a Madrid- se encuentran entre las que anotan una mayor desigualdad social.

Nivel de riqueza, ordinalidades y redistribución

Como quiera que se viene focalizando la atención social en las posiciones que cada nación o región del Estado español gana o pierde como consecuencia de la financiación autonómica[5] (dentro del llamado régimen común) en relación a la que ostenta según su nivel de riqueza (que acabamos de analizar), podría tener interés ampliar el foco y considerar brevemente esta misma cuestión evaluando si en relación a ese nivel de riqueza (tomando como base 100 la media española del PIB por habitante que ofrece el INE), la renta disponible bruta por habitante medida con el mismo índice 100 (que para el año 2022 divulgó el INE el pasado mes de diciembre de 2024) mejoran o empeoran posiciones las distintas regiones y naciones.

La evaluación de esta particular ordinalidad[6] en mi opinión tiene al menos dos ventajas no menores. Una que incluye al País Vasco y Navarra que no se incluyen en los análisis de las ordinalidades dentro de la financiación autonómica de régimen común, y, otra -aún si cabe más sustantiva- porque se incluyen el conjunto de los recursos públicos[7] (central, autonómico, local, seguridad social) y no solo una parte (la autonómica).

Con estas premisas en la siguiente tabla ordeno según su nivel de riqueza (PIBpc analizado en la primera parte) las naciones y regiones del Estado español (segunda columna de la tabla) según los datos del INE para el año 2022, acompañando cada una de ellas del dato de renta disponible después de la intervención del sector público, así como una tercera columna con la diferencia entre ambos datos.

Se comprueba que entre Madrid -la más rica en PIBpc- y Melilla -en la cola- existe una diferencia de 68 puntos. Pero también que después de la intervención del conjunto del sector público la diferencia en RDBpc entre la más rica (ahora el País Vasco) y Andalucía es ya solo de 48 puntos. Las desigualdades medias se han reducido de forma notable al pasar del nivel de riqueza inicial a la renta disponible.

En lo relativo a la ordinalidad se observa que entre Madrid y Euskadi si hay un cambio de orden, pues aquella de primera pasa a segunda y viceversa. Pero no es la norma, es la excepción, y se debe, como veremos, a una causa muy particular. Porque en general la ordinalidad (el orden) en ambas jerarquías -y en el contexto de aquella reducción de la desigualdad- no varía.

Así tenemos los casos de Navarra, Cataluña, Aragón o Baleares que mantienen el estar en tercera, cuarta, quinta y sexta posición. Tanto en PIBpc (riqueza) como en RDBpc (renta después de actuar el sector público con sus impuestos y todos sus gastos). Entre los menos ricos por la parte baja de la tabla existe un cambio de ordinalidad que favorece a los singulares casos de las ciudades de Ceuta y Melilla, que dejan de estar en última posición al pasar del PIBpc a la RDBpc. Pero descontada esta singularidad -con esos dos muy particulares territorios- en el resto (Andalucía, Extremadura, Canarias) de los menos ricos se mantiene el respectivo orden que ocupan (si abstraemos esas dos ciudades autónomas en ambas clasificaciones).

Al margen de los casos de Ceuta y Melilla (muy favorecidos) coloreé en la última columna de esa tabla las naciones y regiones que tienen un comportamiento "irregular" en términos de orden, de ranking, de ordinalidad. Esos mismos casos así coloreados figuran en una gráfica en la que visualmente se observa como se alejan de la tendencia general trastocando, por ello, la citada ordinalidad.

El primer caso, que ya fue anotado, es el del País Vasco (en rojo) que siendo el segundo más rico en PIBpc lejos de ceder puntos en favor del resto (como sí hacen Madrid y todos los que superan el nivel 100 de PIBpc dentro del Estado español) incluso mejora su renta final disponible (pasando de 126,7 a 130,2). Toda una anomalía que solo puede ser explicada por el singular encaje fiscal de Euskadi en el Estado español. Un encaje de facto más cercano a un modelo confederal que a uno federal, en la medida en que gestiona el cien por cien de los ingresos públicos; no comprobándose con estos datos que ceda recursos de nivelación o redistribución en favor del resto.

Si lo hiciera en la cuantía de unos seis puntos porcentuales (el nivel en el que ahora lo hacen Navarra o Cataluña) el cambio de ordinalidad con Madrid dejaría de producirse y se ajustaría a la tendencia media del gráfico (con lo que el punto rojo de Euskadi pasaría a estar por debajo del eje horizontal). Cabe añadir que aunque el País Vasco se ajustase al esfuerzo de redistribución de los más ricos[8], ello no impediría considerar que todos debieran incrementarlo en un encaje más federal.

Los otro cuatro casos "anómalos" están coloreados en verde y en amarillo tanto en la tabla como en el gráfico. En verde dos casos que mejoran por encima de la tendencia: Cantabria y Asturias. En amarillo dos casos que mejoran menos de lo que debieran, de seguir la norma general: Comunidad Valenciana y Murcia. Cantabria, y sobre todo Asturias, ganan entre diez y quince puntos cuando (de ajustarse a los de su nivel de riqueza) debieran hacerlo en apenas cinco puntos. Lo contrario sucede con las otras dos Comunidades citadas que apenas mejoran dos puntos cuando debieran rondar al menos los cinco puntos.

De corregir estas cuatro "anomalías" por debajo de la media, más la de Euskadi por encima de la media, el conjunto de las ordinalidades se reforzarían aún con mayor intensidad de lo que ya lo hacen en la actualidad. Algo que a mi entender encajaría con una senda de gestión federal del sector público español, una gestión federal que afinase aún más el trasvase de recursos de los más ricos a los que lo son menos, en función de su nivel relativo y sin anomalías como las anotadas.

Podría conseguirse así que, manteniendo todos la ordinalidad, las desigualdades siguiesen embridadas, y no aumentasen por encima de aquellos 48 puntos. Como podría suceder de implementar reformas[9] centradas en reducir otras ordinalidades con un horizonte de facto confederal.

Desigualdades que podrían reducirse aún más si los ciudadanos con las rentas y patrimonios más altos aportasen y soportasen un trato fiscal más progresivo que en la actualidad, mientras las rentas más bajas recibiesen mayores prestaciones sociales (educativas, sanitarias, dependencia, pensiones mínimas, vivienda pública, desempleo, renta básica, etc.) en un pacto sobre políticas (fiscales y de gastos) de naturaleza federal entre todas las naciones y regiones del Estado español[10].

Conclusiones finales

En relación al nivel de renta media inicial por habitante en las Comunidades Autónomas durante los últimos veinte años (y siempre en relación a la media del Estado español) las que más lo mejoraron fue debido a su atonía demográfica, mientras que aquellas que empeoraron su nivel lo hicieron a causa de los intensos flujos de inmigración necesarios para sus actividades económicas. Madrid y Cantabria son las dos excepciones a estas reglas, mientras que Galicia y Canarias son las que con mayor impacto acusan la incidencia de las mismas (ganando y perdiendo posiciones en el ranking u ordinalidad).

El resultado global de lo que podríamos nombrar como rentas producto de una sociedad de mercado es que en conjunto la distancia o desigualdad entre la Comunidad más rica y la menos rica apenas se modificó en dicho período, al tiempo que sí aumentó la desigualdad interna singularmente en las Comunidades con mayor crecimiento demográfico.

Respecto a la renta disponible o final por habitante -que podemos considerar resultado de la corrección pública del nivel de renta de mercado- debe subrayarse que en este caso sí se comprueba una modificación sustantiva de la desigualdad. Pues pasamos de una distancia de 62 puntos del índice en renta inicial entre la mayor y la menor, a 48 puntos de diferencia en la renta disponible final[11].

Las de mayor nivel de renta inicial reducen dicho nivel en cuanto a renta disponible final, y a la inversa sucede con las de menor nivel de renta inicial. No obstante, se mantienen en general las ordinalidades respectivas. Salvo en el caso de Euskadi (que no ayuda a anotar una mayor reducción de la desigualdad) y de la Comunidad Valenciana y Murcia que si bien mejoran su renta disponible lo hacen por debajo de lo que debieran de acuerdo con la tendencia global.

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Notas

[1] Disponibles desde el 18 de diciembre de 2024: https://www.ine.es/dyngs/Prensa/es/CRE2023.htm

[2] Que modifica lo que se viene nombrando como "ordinalidad": la posición relativa de cada CCAA en relación al resto tomando como referencia la media del conjunto del Estado español.

[3] Siendo Madrid el territorio que provoca que su indicador (máximo) de PIBpc respecto al mínimo (Andalucía) entre 2000-2023 empeore de una distancia de 58 puntos a 61 puntos de desigualdad. De no ser por Madrid la desigualdad en nivel medio de riqueza por habitante entre el territorio más rico y el más pobre en esos veintitrés años se mantendría constante en 53 puntos.

[4] He analizado esta cuestión aquí: https://www.nosdiario.gal/articulo/economia/analise-comercial-plurinacional/20231019081426180148.html, y sobre otros factores ver aquí:

https://www.publico.es/luzes/revista-luzes-mega-madrid-market.html

[5] Dos ejemplos recientes: https://fedea.net/financiacion-singular-ordinalidad-y-statu-quo-escenarios-para-construir/

https://fedea.net/es-posible-encajar-el-acuerdo-psc-erc-en-el-regimen-comun/

[6] Renta disponible bruta por habitante

[7] En este sentido, se acercaría al tipo de ejercicio que recientemente (IVIE, 11 julio 2025) se simula en un llamado "cupo generalizado" como "concierto solidario" (SCSG), aunque en mi caso con datos reales; ver aquí, https://www.ivie.es/wp-content/uploads/2025/07/Informe1_Cupo-generalizado_IvieLAB_ed.pdf

[8] Como se concreta en el ya citado documento https://www.ivie.es/wp-content/uploads/2025/07/Informe1_Cupo-generalizado_IvieLAB_ed.pdf; en concreto "las ventajas financieras que disfrutan las comunidades forales deben finalizar, aproximando su cupo al que aportarían las comunidades ricas en un SCGS y asumiendo los mismos compromisos de solidaridad" en p. 20, lo que convierte el SCGS en un virtual sistema público federal, https://www.ivie.es/wp-content/uploads/2025/07/20052025_Presentacion_RIFDE_Cupo-generalizado.pdf

[9] https://fedea.net/financiacion-singular-ordinalidad-y-statu-quo-escenarios-para-construir/

https://fedea.net/es-posible-encajar-el-acuerdo-psc-erc-en-el-regimen-comun/

[10] Corregir lo que otros autores nombran como "la existencia de una insuficiencia global de recursos de las CC. AA. de régimen común ... insuficiencia que ha desembocado en el endeudamiento acumulado, que ahora hay que abordar", página 17 de: https://www.ivie.es/wp-content/uploads/2025/07/20052025_Presentacion_RIFDE_Cupo-generalizado.pdf. Ver gráfico 6.a. en página 28 de https://www.ivie.es/wp-content/uploads/2025/07/Informe1_Cupo-generalizado_IvieLAB_ed.pdf

[11] Una reducción que aún es mayor cuando comparamos el gasto medio por hogar que se puede realizar después de la intervención del sector público con datos de la Encuesta de Presupuestos Familiares del INE, así entre Madrid y Andalucía de una distancia de casi 40 puntos pasamos a una de 22 puntos (siendo siempre 100 para el conjunto de España).

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