Dime de qué presumes y te diré de qué careces

Dime de qué presumes y te diré de qué careces

El refranero castellano es amplio y sabio. Las conclusiones de la Fiscalía en el juicio al Procés, también de las otras acusaciones (Abogacía del Estado y Vox), dedicaron una buena parte de su tiempo antes de entrar en la argumentación para su petición de condenas -rebelión en el caso de Fiscalía y Vox; sedición en el caso de la abogacía del Estado- a explicar cómo lo que estaba ocurriendo no era un juicio político, porque aquí ningún planteamiento político es perseguido, ni por supuesto existen presos políticos, sino políticos presos. Vamos, el caso de los Jordis y el de Bárcenas o Rato son similares; se extendieron además en que el juicio había contado con todas las garantías jurídicas, olvidándose del “pequeño detalle” de que los acusados están en prisión preventiva, es decir, antes de que se haya dictado sentencia, desde hace más de año y medio. Todo un alarde de garantías jurídicas.

Se cansaron de decir que aquí se puede ser independentista o republicano sin problema alguno. A los primeros cristianos les pasaba algo similar. Podían ser cristianos mientras no practicaran en público su religión o desarrollaran actividades para extenderla; en ese caso iban directamente a los leones. Ya saben ustedes, se puede ser republicano o independentista, pero en la intimidad.

El españolismo alcanza unos grados de necedad intelectual y de cinismo solo comparables con los que ejerce el actual Presidente protofascista de los Estados Unidos, el sr. Trump. Seguro que en “la intimidad” los fiscales y otros medios de la administración de Justicia se tronchan de risa entre ellos mismos de las barbaridades que plantean sin que, hasta ahora, les pase cosa alguna por ello.

El mismo día en que la Fiscalía “arengaba” sus conclusiones sobre el Procés, se dio a conocer la resolución de la Sección Cuarta de la Sala III del Tribunal Supremo acordada por unanimidad: suspender la exhumación del genocida Franco y, lo más significativo, mediante un escrito en el que se reconoce al personaje como Jefe de Estado desde el 1 de octubre de 1936, fecha en la que es nombrado por la Junta de Defensa golpista como “Jefe del Gobierno del Estado español”. Ese nombramiento solo fue reconocido a nivel internacional por los regímenes nazi-fascistas del momento, que eran además sus aliados militares y políticos: Alemania, Italia y Portugal.

La República mantuvo ese reconocimiento internacional hasta 1939. La posición referida del Tribunal Supremo Español actual va mucho más allá de una mera anécdota, y entra de lleno, aunque sea de una forma subrepticia, cosa muy propia de la cultura leguleya de la alta administración de este país, en la cuestión de la legalidad-legitimidad del Régimen actual. En la resolución señalada el Tribunal Supremo deja constancia de que la legitimidad de origen que asume es la del Golpe militar de julio de 1936, y la de las instituciones que dimanan de él a través de diferentes cambios legales hasta llegar a la actualidad.

En la Transición una parte de la oposición democrática no solo cometió errores de forma, sino también un tremendo error de fondo, tal como fue la aceptación de la legalidad y legitimidad franquista como punto de partida para constituir otra legalidad más acorde a los tiempos que corrían. Así, ese sector de la oposición renunció a algo irrenunciable, que además sigue siendo la piedra angular de la construcción de un sistema democrático pleno. Otra parte significativa de la oposición no reconoció nunca la legitimidad del Franquismo como punto de partida para sucesivos cambios legales que estuvieran amparados en esa legitimidad franquista.

La legitimidad democrática existente es la que procede de la Segunda República, última ocasión en que se elaboró una constitución a través de un proceso democrático. La Constitución de 1978, construida como decíamos en base a la legalidad franquista y bajo la coacción de las instituciones armadas y civiles de aquel Régimen, no tiene legitimidad alguna. Ni la Constitución del 78 ni las instituciones que dimanan de ella, incluyendo su Tribunal Supremo y su Tribunal Constitucional. Podrán, de momento, imponer sus decisiones por la fuerza bruta y engañar a los sectores más ignorantes y reaccionarios de la población con la colaboración de sus terminales mediáticas, pero desde luego no tienen la “auctoritas” que se corresponde a cualquier institución auténticamente democrática. No hay otro camino hacia la democracia que la recuperación de la legitimidad republicana, y a partir de ahí, la construcción mediante procesos constituyentes de la legalidad que los pueblos bajo la jurisdicción actual del Estado español libremente decidan.

La jornada del 22 de junio en Madrid será un gran paso en esa dirección.