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Doce independentistas gallegos se enfrentan la próxima semana a 102 años de cárcel
Este domingo 18, una manifestación recorrerá Santiago de Compostela en solidaridad con los investigados.
Un total de 12 independentistas gallegos se enfrentan los próximos días 19, 20 y 21 de octubre en la Audiencia Nacional al juicio en el que se piden penas de 102 años de cárcel. Este jueves, uno de los investigados, Joám Peres, denunció ante el Congreso de los Diputados que tras esto lo que se encuentra son las pretensiones de “ilegalizar un partido político independentista”, así como el colectivo Ceivar, “organizaciones que desarrollan su trabajo político a la luz del día, en absoluta legalidad”.
La rueda de prensa celebrada enfrente del Congreso de los Diputados en solidaridad con las personas encausadas contó con el apoyo de representantes de la CUP, el BNG, EH Bildu, Izquierda Castellana, Yesca y la Coordinadora 25S. En la línea del anterior, para Néstor Rego (BNG) el caso responde a un “montaje policial que pretende acabar con la opción política del soberanismo e independentismo gallego”. Bel Pozueta, madre de uno de los condenados en el caso Altsasu y diputada por EH Bildu, lo relacionó con otras ofensivas judiciales en Euskal-Herria, Catalunya y Galiza. Por su parte, Elena Martínez, de Izquierda Castellana, recordó también como casos sintomáticos los de Alfon, Nahuel y los tirititeros.
Rueda de prensa frente al Congreso previa al juicio del lunes 19 de octubre. RAÚL NOVOA GONZÁLEZ
Según Néstor Rego (BNG) el caso responde a un “montaje policial que pretende acabar con la opción política del soberanismo e independentismo gallego”
La operación Jaro comienza el 30 de octubre de 2015 con la detención de 9 independentistas relacionados con Causa Galiza acusados de conformar el brazo político sucesor de Resistência Galega y bajo los cargos de integración en banda armada y enaltecimiento del terrorismo. El 21 de junio de 2017, en una segunda fase de la operación, se detiene a 3 militantes del colectivo contra la represión Ceivar–OPAR.
Resistência Galega, un concepto
La instrucción recae inicialmente en Eloy Velasco, al frente del Juzgado Central de Instrucción número 6, y la concluye Manuel García-Castellón, mismo magistrado que ordenó a la Guardia Civil seguirle las pistas al Tsunami Democràtic por terrorismo y clausurar sus páginas web. Instruye también la operación Judas en la que movilizó 500 agentes de la Guardia Civil para detener nueve personas bajo una acusación de terrorismo que no tardó en diluirse, así como la operación Tándem en la que ignora el criterio de la Sala del Penitenciario y de la Fiscalía en su insistencia por dirigir la investigación contra la parte perjudicada —Pablo Iglesias— y también la causa contra Antom Garcia Matos y Asunción Losada Camba nuevamente por supuesta integración en Resistência Galega.
Resistência Galega fue declarada terrorista en una única y controvertida sentencia de 2014, en contra de resoluciones judiciales e informes fiscales y policiales que cuestionan su existencia. En julio de 2019, y ante la nula existencia de indicios de vinculación a la supuesta organización, la Fiscalía retira del caso Jaro la denuncia de integración en banda armada.
Sin embargo, en el escrito de acusación de octubre de 2019, y tras cuatro años de escasa actividad instructora, endurece aún más su interpretación. Solicita un delito de enaltecimiento del terrorismo por cada una de las veces en las que considera que cada acusado infringe este tipo penitenciario, así como, para 11 de los acusados, el delito de pertenencia a organización criminal —la organización política Causa Galiza y el colectivo Ceivar— para la comisión de delitos de enaltecimiento de organización terrorista y la consecuente ilegalización de ambas dos organizaciones.
Uno de los movimientos recientes por parte de la Fiscalía fue la incorporación a la causa del sumario 2/2012 que finaliza por dar por probada la existencia de Resistência Galega. El tribunal de la Audiencia Nacional que dictó sentencia estaría presidido por el mismo Félix Alfonso Guevara que se encargará de juzgar este caso, motivo por el que fue recusado por la defensa de los investigados, ya que a su parecer podrían vertirse conclusiones previas y parciales de procedimientos anteriores en este caso. Además, la defensa también elevó queja al Tribunal Constitucional al entender que se habían violado derechos fundamentales por iniciar investigaciones prospectivas sin base para suponer el delito, si bien el TC devolvió el asunto a la Audiencia Nacional hasta agotarse la vía judicial en esta instancia.
Joám Peres, procesado en la operación Jaro RAÚL NOVOA GONZÁLEZ
Por otra parte, según ha explicado Joám Peres en la rueda de prensa frente al Congreso, el letrado pidió “la suspensión del juicio debido a la covid-19”, puesto que entre los acusados se encuentra gente que es “población de riesgo”, pero señala que la petición fue ignorada y “les dio igual”.
Otro de los asuntos que está sobre la mesa es el posible vencimiento de los plazos de prescripción, puesto que el escrito de acusación se retrotrae a hechos ocurridos en 2008 para solicitar la condena por enaltecimiento del terrorismo, siendo el plazo de prescripción de este delito de 5 años. En este sentido, el delito de pertenencia a organización criminal podría jugar un papel clave: su plazo de prescripción es de 10 años y, en el supuesto de que el tribunal diese por probada su comisión, podría interpretar que hay concurso de delitos. Es decir, que se producen conjuntamente, y en cuyo caso considerar el plazo de prescripción más largo. Corresponde también a la interpretación del tribunal aclarar el momento desde lo que comienza a contar este plazo.
La acusación se sustenta en la organización, participación o asistencia a actos políticos y de recibimiento a presos independentistas, varios de los cuales terminaron siendo absueltos, pero que en algún momento de la instrucción fueron vinculados mediática o judicialmente a Resistência Galega, del mismo modo en que fueron relacionados los ahora encausados. Las peticiones individuales van de los 4 a los 12 años de prisión, sumando un total de 102, y de 8 a 32 años de inhabilitación, así como un total de 348.000 euros de multa.
Para este domingo 18 de octubre está convocada a las 12:00h una manifestación en Santiago de Compostela que partirá de la Alameda en solidaridad con las personas imputadas. “Hacemos un llamamiento a acudir y defender nuestros derechos y libertades”, manifestó Néstor Rego, diputado del BNG en el Congreso.
De pertenencia a banda armada a recibimientos de presos: 102 años por solidarizarse
