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17/11/2019 :: Pensamiento

El 10N puede resolver la investidura, pero no la crisis de régimen

x Santiago Lupe
La carta de Iglesias a los inscritos de Podemos, advirtiéndoles que serán necesarias aún más concesiones, confirma que la entrega no ha hecho más que empezar

El PSOE ganó las elecciones del 10N, sin embargo esa noche Pedro Sánchez cosechó al mismo tiempo un importante fracaso. La repetición electoral perseguía conseguir el fortalecimiento del bipartidismo y lograr un ejecutivo “socialista” con mayor estabilidad parlamentaria, sin dependencia de ninguna fuerza independentista catalana. Ninguna de las dos hipótesis parecen confirmarse.

La importante subida de la extrema derecha de Vox hasta los 52 diputados – de los 24 conseguidos en abril – y el desplome de Cs – de los 57 de abril a los 10 de noviembre-, mantiene abierta la pelea por la hegemonía en el campo de la derecha. Algo que dificultará en gran medida, sino imposibilitará, algún tipo de compromiso entre el “extremo centro” para sostener al siguiente ejecutivo. La mayor parte del establisment ha defendido que la salida pasaba por conseguir un acuerdo del PSOE con Cs o incluso el PP, aunque fuera en forma de abstención en la investidura y pactos de Estado para garantizar la gobernabilidad.

La única salida parece pasar por conformar el llamado “gobierno progresista”. Por eso en menos de 48h Sánchez e Iglesias presentaron su preacuerdo de gobierno de coalición. Aparentemente el PSOE cedería a las “pretensiones” de Podemos al aceptar esta fórmula y hasta la entrada de Iglesias como vicepresidente. Pero si vamos a la letra del acuerdo las mayores cesiones las hace éste último en materia de programa, y lo hace a las puertas de una crisis -como él mismo planteaba en campaña- en la que los social-liberales no harán nada distinto a lo que hiciera Zapatero de 2008 en adelante: aplicar el ajuste necesario sobre la clase trabajadora y sectores populares.

¿Será pues éste el gobierno fuerte y estable por que claman las élites empresariales y los grandes medios? Por abajo es difícil que con el programa de Calviño y con un “a por ellos” que Vox siempre lo gritará más fuerte, genere una base social entusiasta. Y por arriba está por verse, pero de entrada no lo pareciera. En primer lugar porque para conseguir la investidura la aritmética parlamentaria resultante del 10N sigue siendo “tozuda”. No habrá gobierno sin la abstención, al menos, de ERC. No es un “imposible” conseguirla, visto el curso de vuelta al autonomismo de los republicanos. Pero después de salir investido, el gobierno deberá empezar a gobernar, y eso es otro cantar.

Sacar adelante los Presupuestos o Leyes Orgánicas – necesarias para las llamadas reformas estructurales - necesitará del concurso de nada menos que los dos partidos de gobierno, cinco socios parlamentarios y la abstención de mínimo ERC o Cs. Que el PP se avenga a ser una “oposición leal” o con sentido de Estado es harto difícil por su carrera de velocidad con Vox, que además, al haber superado los 50 diputados se gana el derecho de impugnar ante el Constitucional todo lo que considere.

Aquí reaparece el “Partido Judicial”, la casta de altos magistrados que vienen actuando como cámara de casación contra el Parlament catalán y que ahora puede empezar a hacerlo para bloquear la más mínima concesión que Sánchez se vea obligado a hacer a su heterogéneo abanico de socios y sostenedores, en especial si hablan catalán.

A pesar del brillo en los ojos de Iglesias y su entregado abrazo con Sánchez, la crisis de gobernabilidad ha venido para quedarse. Es la expresión viva de que la crisis de régimen no está en absoluto cerrada. Podríamos mirar otros ejemplos de crisis de régimen españolas, como el de la Restauración Borbónica -la primera-. Solo entre 1899 y 1922 el número de gobiernos fue nada menos que de 22. En diciembre o enero puede que haya gobierno, pero cuanto durará y cuánto podrá gobernar estará muy limitado a estas peleas de “los de arriba” y, esperemos, a las reacciones de “los de abajo”.

Unidas Podemos se integra definitivamente en el régimen

El preacuerdo de gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos supone la integración definitiva de ésta última fuerza en un régimen en crisis. Es a la vez un salto y la continuación de una deriva que arrancó, sino desde su nacimiento en el que ni Iglesias ni Errejón no ocultaron nunca que venían a reconstruir el consenso del 78, desde su entrada en la gestión de los ayuntamientos del cambio, en los cogobiernos autonómicos con el PSOE -hoy ya están en 6 de los 17 existentes- y en su política respecto a Catalunya. Es éste último rubro, en las recientes semanas les hemos visto llamar a acatar la sentencia, saludar la coordinación policial que dejó 600 heridos, 200 detenidos y una treintena de presos políticos nuevos y asumir abiertamente que, en caso de gobernar, asumirían la política del PSOE.

El gobierno que se disponen a integrar mantendrá la hoja de ruta de cierre reaccionario de la crisis catalana. El preacuerdo habla de “problema de conviviencia” y negociación “en” Catalunya. Ni si quiera se abre a algo tan mínimo como una mesa Gobierno – Generalitat. Sobre el fin de la escalada represiva no hay ni una palabra, y las propuestas de Pedro Sánchez de intervenir la educación y TV3 no quedan descartadas. Por supuesto, cualquier forma de ejercicio del derecho a decidir queda anulada con la fórmula del respeto al marco constitucional que lo niega.

Pero también será un gobierno ortodoxo con la agenda de reformas estructurales neoliberales y el ajuste presupuestario que ordena la UE, y que un contexto de posible crisis las hace más urgentes. Que la primera vicepresidencia recaiga en la ministra de economía, Nadia Calviño, es un mensaje al IBEX35, la CEOE y la UE: el artículo 135 de la Constitución, que prioriza el pago de la deuda sobre cualquier otra necesidad, y el control de gasto seguirán siendo mantras incuestionables.

En la misma línea está la no derogación de la reforma laboral de Rajoy -ni hablar de la de Zapatero que instauró un despido casi gratuito-, o los pensionazos del PSOE -que elevó la edad de jubilación a los 67- o el PP -que acabó con la vinculación por ley de las pensiones al IPC-. Tampoco se descarta la “mochila austríaca” que el PSOE presentó ante Bruselas. Ni una palabra sobre la intervención del mercado del alquiler, la dación en pago o la prohibición de los desahucios sin alternativa habitacional, todas medidas con las que Podemos ha hecho su campaña.

Sobre inmigración no hay ni una palabra, se da así por bueno que la clave será la continuidad de las políticas de extranjería del PP y el PSOE. En el caso de este último ha sido la de mantener las vallas de Ceuta y Melilla, seguir abriendo nuevos CIEs y expulsar este año un 50% más de inmigrantes, como Sánchez presumía en el debate para competir con Vox. Y es que Iglesias será el vicepresidente de la quinta potencia imperialista de la UE. Por eso asume una de sus grandes políticas de consenso, la de migración y control de fronteras. Pero deberá tragar aún más sapos. Defender los intereses de las grandes multinacionales en el extranjero, lo que implica sostener las amistades con dictaduras como Arabia Saudí, las misiones militares en el extranjero, apoyar los golpes y asonadas que vayan a favor de Repsol, Endesa o Agbar -como los que estamos viendo en Venezuela o en Bolivia- y a gobiernos enfrentados a movilizaciones de masas, como el de Piñera en Chile o el de su antiguo amigo Lenin Moreno en Ecuador.

A un gobierno así es al que se esperan integrar las fuerzas del “cambio”. La carta de Iglesias a los inscritos de Podemos, advirtiéndoles que serán necesarias aún más concesiones, confirma que la entrega no ha hecho más que empezar.

Una operación que las va a debilitar como las mediaciones que han sido desde su emergencia. Si en 2014 Podemos logró actuar de desvío al ciclo de movilizaciones nacido con el 15M ¿Podrá volver a jugar ese mismo papel desde el Consejo de Ministros, seis gobiernos autonómicos y decenas de ayuntamientos? Dificilmente. Más bien, si la crisis, la decepción con las espectativas que pueda crear en un primer momento y la reacción contra las políticas antipopulares que aplicará, puede reabrir la crisis de representatividad. El salto en la integración al que estamos asistiendo deja a Unidos Podemos más cerca de los que era la IU de Cayo Lara de 2011 – aún peor, Lara al menos hacía oposición formal al Zapatero de los recortes- y de ser incluído en un futuro “no nos representan”.

La crisis catalana seguirá abierta, y la crisis del procesismo también

El otro gran elemento que da cuenta de que la crisis de régimen no cierra es la cuestión catalana. La sentencia del Supremo desató un levantamiento que dejó claro que, a pesar de una represión que no cesa, el movimiento independentista y las aspiraciones democráticas del pueblo catalán, también han venido para quedarse. A pesar de la política de las direcciones del procesismo, éste será un elemento clave de desestabilización del nuevo gobierno.

ERC ha reeditado su victoria de abril aunque bajando en votos y dos escaños. Es, hoy por hoy, la fuerza política independentista que más abiertamente plantea que hay que aparcar los objetivos de “máxima”, para lograr el fin de la represión y una normalización del diálogo entre el Govern y el Estado. JxCat se mantiene en posiciones de mayor exigencia pero sin pasar del discurso. Ambas formaciones están comprometidas con la gestión de una autonomía intervenida y que se ha integrado totalmente en el engranaje represivo del marco dictado por la sentencia. Desde Palau se dirige la represión a las protestas y se sigue legislando en favor de las grandes empresas, como muestra la ley de privatización de servicios públicos conocida como Ley Aragonés.

A pesar de esto, su “reconciliación” con el Estado no es sencilla. En primer lugar por el Estado mismo. El PSOE no está dispuesto a entregar ninguna concesión que cuestiones el nuevo consenso antiindependentista dictado desde la Zarzuela. Pero además, hay una competencia feroz entre ERC y JxCat tanto por la hegemonía del independentismo – que están ganando los republicanos – como por ver quien hereda la silla de Torra cuando este sea previsiblemente inhabilitado o se vaya a elecciones anticipadas.

Lo más interesante en esta cuestión es que este procesismo comienza a ser cuestionado por un sector amplio del independentismo, y en especial en la juventud. Un cuestionamiento que se expresó sobre todo en la acción, en el tipo de protestas que vimos en especial en la primera semana después de la sentencia. Pero también en los 240mil votos que cosechó la CUP con un discurso de denuncia al Govern y su represión y contra la lógica del mal menor de la izquierda reformista, planteándolo abiertamente que no iban a investir a ningún gobierno de los partidos del régimen.

Si el procesismo, o su ala más importante ahora, termina siendo el soporte necesario del gobierno Sánchez-Iglesias y, de conjunto, se mantienen en Catalunya gestionando una Generalitat intervenida, es muy probable que esta experiencia se siga desarrollando. La CUP tiene en este terreno una oportunidad y responsabilidad clave.

Para ello es fundamental definir su propia hoja de ruta. Que solo confíe en el desarrollo de la movilización social, con la clase trabajadora en el centro, y la creación instancias democráticas de autoorganización que definan tanto los pasos a seguir como los objetivos. Que vincule inseparablemente la conquista de derechos democráticos con la resolución de los grandes problemas sociales con un programa anticapitalista, y que busque la confluencia con el resto los sectores obreros y populares del resto del Estado para una lucha común que imponga procesos constituyentes libres y soberanos sobre las ruinas del Régimen del 78.

Una hoja de ruta así así, solo es posible levantarla desde la total independencia de los partidos de la burguesía y pequeña burguesía catalana, incluso aunque alguno de ellos quiera reubicarse en el discurso, como puede hacer el ala Puigdemont. Estos no son “compañeros de viaje” para conquistar el derecho a decidir, la amnistía y los derechos sociales. Son, como demostraron palpablemente en 2017, obstáculos para desarrollar una movilización independiente y basada en la autoorganización obrera y popular, y gestores de los intereses de las grandes familias y empresas del Principado.

Que en el movimiento democrático catalán comience a surgir un polo de independencia de clase y anticapitalista, sería una contribución enorme a que éste se convierta en un ariete y aliado de las movilizaciones que se pueden comenzar a dar en el resto del Estado.

El auge de la extrema derecha, tendencias a la polarización y la izquierda que necesitamos

La gran novedad del 10N fueron los resultados de Vox. Este auge de la extrema derecha es uno de los principales argumentos justificativos tanto del pacto Sánchez-Iglesias como de quienes, sin compartirlo, consideran que aún así habría que facilitar que haya “gobierno progresista”. Una receta que está totalmente condenada al fracaso. A la extrema derecha no se la puede combatir fortaleciendo uno de los factores que la ha hecho emerger: la política de los social-liberales.

Abascal ha logrado ganarse un espacio, arrebatado al PP y a Cs, gracias a un clima reaccionario favorecido también por Pedro Sánchez y que, en sus elementos más fundacionales, el acuerdo PSOE-UP deja intactos. Tres podríamos decir que han sido los jinetes del Apocalipsis ultra. Su política contra Catalunya y el independentismo, que ganaba audiencia conforme el PSOE endurecía la propia llegando a asumir los tópicos de la ultraderecha sobre la “educación catalana” y TV3. Su discurso xenófobo que bebe de años de políticas de extranjería del PP y el PSOE, de las que Marlaska ha sido un perfecto defensor. Su demagogia populista que encuentra eco en los efectos de la crisis social producidos por años de políticas neoliberales con el sello del bipartidismo.

Todo esto -represión al independentismo, políticas de extranjería y de ajuste- se mantiene en el preacuerdo PSOE-UP. El “gobierno progresista” no será pues ningún dique contra la extrema derecha sino que, como hemos visto en Grecia, allana el terreno a la vuelta al poder de la derecha, con el “plus” de que ésta puede llegar hegemonizada por los ultras de Vox en las siguientes elecciones. El fenómeno no es ninguna novedad histórica. Las decepciones del reformismo abren la puerta a una derecha a la ofensiva.

Es la expresión de una polarización por derecha que vemos en otros países europeos y del resto del mundo. Pero el panorama mundial también nos da otros indicadores por izquierda, como es el retorno de la lucha de clases. Desde la aparición de los chalecos amarillos en Francia ahora hace un año, hasta los procesos que se están viviendo en países árabes como Argelia, Sudán, Iraq o Líbano, o las rebeliones de Ecuador, Chile o ahora la resistencia al golpe de estado en Bolivia.

A este marco, agudizado con las perspectivas de una nueva crisis económica, es al que debe prepararse la izquierda a la izquierda del PSOE y Unidas Podemos. Desde la Corriente Revolucionaria de Trabajadores y Trabajadoras (CRT) así lo venimos planteando, dirigiéndonos en primer lugar a la CUP, que está en una posición en la que podría emplazar a un agrupamiento de la izquierda anticapitalista de todo el Estado. Pero también a las compañeras y compañeros de Anticapitalistas, instándoles a que salgan de Podemos y sean parte de un proceso así, que hay que encender desde ahora mismo.

La única manera de poder enfrentar los ataques que vendrán del siguiente “gobierno progresista” y a la vez construir una alternativa que enfrente una extrema derecha que espera su turno, es poner en pie una izquierda distinta a la que ha representado el nuevo reformismo de Unidas Podemos. Una izquierda que pelee por un programa anticapitalista, mantenga total independencia de los partidos del régimen y de la burguesía catalana y ponga en el centro el desarrollo de la movilización y la autoorganización.

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