El Constitucional admite a trámite el recurso de Vox contra la Ley Trans

El órgano de garantías dirigido por Conde Pumpido estudiará, a instancias de la extrema derecha, si aspectos de la Ley Trans se contradicen con la adhesión de España a tratados internacionales de Derechos Humanos.

Con una nota escueta, el Tribunal Constitucional ha anunciado hoy, 9 de mayo, que admite a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido por el grupo parlamentario de Vox en el Congreso contra la conocida Ley Trans (Ley 4/2023) aprobada el pasado mes de diciembre en sede parlamentaria bajo el epígrafe: Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI.

El Tribunal dirigido por Cándido Conde-Pumpido, que desde este año ostenta una mayoría de magistrados considerados progresistas, deberá estudiar si, como dicen los recurrentes, la ley “podría vulnerar, entre otros, los artículos 9.3, 10.2, 14, 16, 18, 20, 24, 25 o 27 de la Constitución”. El primero de ellos, el 9.3, reza que “los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”. El 10.2 refuerza el compromiso de España con la firma de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

La Ley Trans fue aprobada por una amplia mayoría del Congreso, con 188 votos a favor, 150 en contra y siete abstenciones pero su trámite estuvo marcado por las diferencias de la titular del Ministerio de Igualdad con un sector del PSOE representado por la exvicepresidenta y diputada Carmen Calvo. La norma reconoce la autodeterminación de género y desarrolla medidas para garantizar los derechos de las personas LGTBI. Además de la autodeterminación de género a través de un sistema de doble comparecencia, sin tutelas médicas ni judiciales, la nueva norma incorpora la despatologización de las personas trans, que dejan legalmente de ser consideradas enfermas.

Con la admisión a trámite, el órgano de garantías dirigido por Conde-Pumpido examinará si la ley afecta a los derechos establecidos por la Constitución de 1978, si bien no tiene un plazo predeterminado para hacerlo. Por ejemplo, no ha sido hasta este año cuando se ha desestimado el recurso a la Ley del Aborto que introduce un sistema de plazos, norma que fue aprobada hace trece años. Podrá ser, por tanto, una mayoría conservadora la que afronte el estudio de la Ley Trans.

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