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El gobierno asegura no dejar a nadie atrás pero miles de personas hacen cola para recibir alimentos
Las kilométricas colas en los barrios obreros y populares de Madrid y otras ciudades solicitando la entrega gratuita de alimentos básicos, desmienten la versión idílica de la situación que quiere vender el Gobierno.
La situación de lamentable penuria económica entre amplios sectores populares de la población de Madrid se ha extendido como un reguero de pólvora desde el mes de marzo, una vez comenzaron los despidos y, posteriormente, el confinamiento por la Covid-19. Porqué, además, llovía sobre mojado, sobre una población que todavía padecía en gran parte las consecuencias de la crisis de 2008 de la que muchos o no se habían recuperado: familias con todos sus miembros en paro y un 26,1% de familias en riesgo de pobreza. O padecían muchas dificultades para llegar a fin de mes y ninguna capacidad de ahorro.
Recordemos que ya sufríamos un paro ante-Covid19 de 3,13 millones según la EPA del último trimestre del 2019, con una tasa del 14,4%, que iba aumentando. A lo que había que sumar una tasa de temporalidad del 25%, y algo más del 15% de contratos a tiempo parcial. Siendo que del total del porcentaje de contratos que se venían realizando, el 90% eran temporales.
La crisis alimentaria, adquirió carácter viral, hace unos días, a partir de un video grabado por un vecino del barrio de Aluche. Este vecino, junto a otros muchos, esperó en una cola durante muchas horas saltándose el confinamiento, para recoger una bolsa de comida con alimentos básicos que les tiene que durar una semana. Grabó las imágenes y las distribuyó por las redes alcanzando una enorme repercusión.
Las noticias sobre cómo galopa la crisis alimentaria en los barrios obreros han ido siendo recogidas por algunos medios de comunicación y a partir de ahí se han ido desgranando más informaciones sobre la depresión económica. Se han emitido imágenes y testimonios de personas que esperan colas de hasta 7 horas para recoger una bolsa de comida con alimentos esenciales para la vida: leche, arroz, aceite, huevos, fruta, algunas verduras, etc. Sin embargo, estas noticias no se han destacado suficientemente, ni se han producido preguntas directas de los periodistas sobre esta problemática social en las ruedas de prensa ofrecidas por el Gobierno, mientras han preguntado una y otra vez sobre las fases del confinamiento o incluso sobre el inicio de la liga de fútbol.
Los vecinos se autoorganizan para dar respuesta a la crisis alimentaria
Esta situación crítica de crisis alimentaria se ha concentrado en barriadas de obreros y clases populares donde se encuentra la población más vulnerable. Porque pese a lo que machaca insistentemente el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos, la crisis social no afecta por igual a todas las capas sociales Así se sabe que en Madrid impacta más fuerte en zonas tan pobladas y populares como Aluche, Vallecas, Orcasitas, Campamento, Lavapiés o Tetuán. A estas poblaciones habría que añadir a muchos otros núcleos de población vulnerable, que están más diseminados en zonas mezcladas con otros sectores de más nivel adquisitivo, y que por lo tanto están menos visibilizados.
Frente a esta situación se han organizado asociaciones de vecinos, comedores populares, y toda una red de apoyos vecinales de solidaridad que están dando respuesta, autoorganizándose para dar salida a esta necesidad de alimentos básicos. Asociaciones de vecinos de Vallecas, Orcasitas, Campamento, Lavapiés o Tetuán, han impulsado iniciativas similares para entregar bolsas de comida gratis a la población necesitada.
Las asociaciones de vecinos están desbordadas y solicitan la intervención directa del Ayuntamiento de Madrid para atender esta crisis alimentaria. Desde el Ayuntamiento, sin embargo, echan cínicamente balones fuera indicando que los que están haciendo las colas en las asociaciones son población atendida por las ONG y no por los servicios municipales. Aducen que desde finales de marzo se liberó una partida de 230.000 euros para alimentos de la población necesitada, más otro medio millón vinculado a la situación del estado de alarma. Y que además están solicitando al Gobierno central la posibilidad de gastar el superávit presupuestario de 420 millones de €, qué hasta ahora, y con su total beneplácito se gastaba en amortizar deuda municipal en menoscabo de los servicios sociales.
Sin embargo, es evidente que esos fondos o son insuficientes o no están llegando a mucha de la población vulnerable. Porque nadie se tiraría más de 7 horas de pie en una cola y sintiendo muchas veces vergüenza por tener que pedir para comer, si el Ayuntamiento de Madrid a través de los servicios sociales les facilitara el dinero para poder comprar sus alimentos, no como un acto caridad, sino como un derecho.
Las políticas neoliberales del PP tanto en el Ayuntamiento como en la Comunidad de Madrid han deteriorado la situación de los servicios municipales que ahora se ven sin recursos suficientes. Y ante la crisis, esto se agrava. Recordemos el episodio de los comedores escolares para familias vulnerables sustituidos por menús de Telepizza.
Se disparan los datos de la crisis alimentaria que sacude los barrios populares de Madrid
Lo cierto es que todas las organizaciones asistenciales como los comedores sociales, Cáritas o el Banco de Alimentos han detectado un incremento en la demanda de alimentos que cifran en un 36% solo en la ciudad de Madrid. Incluso el Ayuntamiento de Madrid ha señalado que el número de apoyos para obtener comidas en el mes de marzo, 33.000 solicitudes, ya supuso las mismas que las recibidas en todo el año anterior. Y estiman que esta crisis puede provocar que hasta 94.000 hogares madrileños tengan problemas para comprar productos de primera necesidad. Todo ello se ha reflejado en una encuesta reciente realizada por el Ayuntamiento que además desvela que el 38% de las familias madrileñas ha visto sus ingresos reducirse durante el confinamiento y prevé que una de cada cuatro acabe teniendo que recibir ayudas sociales en los próximos meses.
Mientras en Puente de Vallecas las peticiones de ayuda se habían triplicado a finales de abril, según información de El País. Los barrios populares de rentas más bajas tales como Puente de Vallecas, que cuenta con 230.000 vecinos y una renta per-cápita de 24.687 € están especialmente afectados. Pero otras zonas especialmente deprimidas como Entrevías que aún tiene una renta más baja, 17.500 €, se encuentran en una situación aún peor.
Sin embargo, las Instituciones locales, Ayuntamiento de Madrid, Comunidad Autónoma o el propio Gobierno del PSOE y Unidas Podemos, se ponen de perfil y continúan sin atender las necesidades básicas de alimentación de esta población que va en aumento cada día. El Gobierno, por ejemplo, continúa tras dos meses de confinamiento y crisis social profunda sin aprobar ninguna ayuda directa aquellos sectores sociales que están sin ingresos o con ingresos por debajo del mínimo vital. Y pretende sacar con enorme retraso un Ingreso Mínimo Vital Familiar que costará un total de 3.000 millones. Que apenas supondrá un ingreso máximo de 462 € para los adultos solos, mientras con niños será de 600 euros, 700 si es familia monoparental. Con dos niños la cuantía será de 838, y el límite máximo estará en 1.015 euros para hogares con dos adultos y tres hijos o más. Esas cuantías son las que entiende el Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias como mínimo vital. Pero ¿quién pude vivir con esa cantidad de dinero? Esto no es más que repartir miseria social, mientras se ayuda a las empresas y a los bancos con más de 130.000 millones de euros, entre costes de ERTE y financiación avalada por el Estado, que tendremos que pagar los trabajadores a través de los impuestos y futuros recortes en sanidad, educación y servicios sociales.
Muchos de los y las trabajadoras afectadas son población trabajadora muy vulnerable y precaria que tenían trabajos temporales o incluso que no tenían contrato. Y que se ocupaban en sectores vinculados a los cuidados personales, limpieza de casas y hoteles, transportistas y asalariados del taxi, y servicios en general de la hostelería e incluso la construcción. Sectores algunos de ellos, feminizados y racializados, por ello especialmente precarizados, que fueron despedidos a las primeras de cambio en el bloque inicial de marzo dentro de los cerca de un millón de los que fueron arrojados directamente a la calle sin pasar por ningún tipo de ERTE. Por lo tanto, en la mayoría de los casos sin derecho a desempleo y sin poder gestionar ninguna prestación social dada la situación de confinamiento y desbordamiento de los servicios sociales que se encuentran en situación de teletrabajo. Lo que también dificulta enormemente la respuesta a sus necesidades.
A este bloque de trabajadores y trabajadoras que están viviendo por debajo del nivel de subsistencia se fueron añadiendo muchos más. Los afectados por los ERTE, que han impactado sobre 3,3 mil millones, que solo cobran el 70% del salario y de los cuales 300.000 todavía no han recibido un euro todavía de esos ERTE.
Por otro lado, teniendo en cuenta el bajo nivel de los salarios y que no todos los conceptos cotizan para el seguro de desempleo, o como ocurre en muchos sectores en los que la mayor parte del salario es en negro, la bajada salarial en muchos casos incluso para los que están recibiendo ingresos por ERTE, puede haber llegado al 50% de sus ingresos y más. A esos hay que añadir los que han denunciado públicamente, aunque sin cuantificar, la situación lamentable, según la cual no han cobrado gran parte de los ingresos previstos, lo que no les ha permitido hacer frente a los pagos ni a sufragar sus necesidades con solvencia.
Ante la situación de crisis alimentaria se hace imprescindible la autoorganización y la lucha para garantizar la supervivencia incluso física de la población más vulnerable: inmigrantes, mujeres, jóvenes, parados, familias monoparentales, trabajadores con ERTE etc. Para ello, hay que levantar un programa de emergencia social que entre otras cosas defienda el reparto del trabajo sin reducción salarial –para que trabajemos todos menos tiempo y en mejores condiciones–, una política intensiva de inversión en servicios sociales y empleo público, la nacionalización de la banca y los sectores productivos estratégicos, un seguro de desempleo universal y sin límite temporal y un paquete de impuestos a las grandes fortunas y patrimonios para obtener los recursos necesarios para desarrollar estas políticas.
