El Scala, 30 años de miseria (y II)

Tras la firma y consolidación del Pacto, la Confederación seguirá, en solitario, una lucha denodada contra el mismo y sus consecuencias. La fuerza que, todavía entonces, poseía la CNT y su poderosa influencia en la constitución de un clima abstencionista eran un elemento sobradamente peligroso para poner al Pacto en evidencia, en las inmediatas elecciones sindicales en las empresas, para las que ya se legislaba a finales de 1977. Y éste es el momento, en el que, abiertamente, aparecen en escena la segunda parte de la operación de acoso y derribo a la CNT, que no se movería ya sólo en la compra y pago de conciencias de los enemigos de ella, sino que recurriría, sin cortarse un pelo, a crímenes abyectos y al más sanguinario terrorismo de Estado.

Esta operación había tenido ya, en realidad, un primer episodio, cuando el 30 de enero de ese mismo año, siendo Martín Villa ministro de la Gobernación (el Interior actual) y con la excusa de impedir la "reorganización clandestina de una organización ilegal" se apresa a 54 libertarios reunidos en la casa de un compañero que es mecánico dentista y que tiene en casa, como su oficio requiere, un paquete de 25 kilos del material plástico empleado en la confección de dentaduras y que la policía requisa en calidad de "Goma 2", como prueba inculpatoria. Todavía no es un ataque directo contra CNT, pero sí tiene que ver directamente con la misma, pues forman parte del plan martinvillista de involucrar a la Confederación en la Reforma pactada, o al menos, de lograr para ella un "neutralismo sindical puramente tradeunionista" que permitiera al Régimen de Transicón desenvolverse sin traba alguna. Contaba, para ello, con el tic anti-FAI que la minoría de elementos politizantes de la Organización había multiplicado en sí, sobre todo después de la guerra civil, y que era especial e insistentemente fomentado por los círculos políticos de diversa laya que, desde el comienzo de la "transición", se habían infiltrado en la CNT con intenciones recuperatorioas. Todos ellos constituían, conscientes o no, el material, con que el Estado, entonces a través del instrumento Martín Villa, pero siempre, aspira a la eliminación del factor anarco del anarco-sindicalismo.

Como no cuajaba que los 25 kilos de pasta para dentaduras, requisados por la operación de Barcelona fueran "Goma 2", había que reconvertir la operación de "asalto a la reorganización de la FAI" completándola, cinco días después, con un "brillante servicio de política antiterrorista" consistente en el descubrimiento, en Murcia, de un "grupo FAI", pertrechado de un "arsenal de armas y explosivos". El método, como se dice en el trabajo citado de la Editorial Virus (El Caso Scala. Terrorismo de Estado y algo más), consistía en infiltrar al confidente Joaquín Gambín Hernández en un "Grupo de la FAI" de Murcia, en cuyos domicilios aparecen dos maletas, una de explosivos y otra de armas, ambas facilitadas a Gambín por la policía, y parte de ellas, quizá, procedentes del asalto a la armería, comentado más abajo.

El protagonista externo va a ser, ahora, un malhechor, de nombre Joaquín Gambién Hernández y apodado El Grillo, El Rubio o El Legionario, que confiesa al fiscal Alejandro del Toro Marzal, en 1981, que había sido reclutado como confidente por la Brigada Político Social, en el mes de junio de 1977, durante su estancia en la cárcel Modelo de Barcelona, a cambio de sus largas deudas carcelarias y tras el "arreglo" en los papeles del juzgado, por el que se cambia su estatuto de preso común por el de preso político, para poder salir en libertad acogiéndose a la amnistía política del momento y disfrutar, además, de un prestigio ácrata que le permitiera actuar con naturalidad dentro de los medios libertarios. Los datos son, sin embargo, inexactos, y, seguramente ya pillado como inculpado en el caso Scala, expuestos de aquel modo para aligerar su bagaje de delitos ante el fiscal del caso. En realidad, los actos de ese calibre empiezan para Gambín en su tierra, Murcia, donde, en relación con otro confidente e infiltrado policial apellidado García Nieto, ya merodea en el Movimiento Libertario y participa en el asalto a una armería, todavía en 1976.

Antes de su traslado a Barcelona, ya el 2 de enero de 1977 recibe su primera "provisión de fondos" librada por la Brigada Central de Información desde Madrid, y llega a la ciudad condal respondiendo a una orden perentoria impartida por Manuel Gómez Sandoval, jefe de la Brigada Operativa de Madrid. El agente de conexión de Gambín con la Brigada es, de nombre, José María Escudero y, de ámbito de acción, lo que se dio en llamar "cuadra de Conesa", el torturador; a él, al Escudero, se le tiene ocmo el verdadero perpretador de los sucesos del Scala (ver artículo sobre el caso en la revista Ubi sunt?), y, en efecto, se constata el contacto de Gambín con su agente de conexión, José María Escudero, 24 horas antes del incendio y el desplazamiento de éste de Madrid a Barcelona, el mismo día de los hechos, indicio bastante evidente de que la "operación Scala" era supervisada desde Madrid por el "supercomisario" Roberto Conesa (ver el extracto, en el libro de la Editorial Virus, El caso Scala, punto de inflexión, de Xavier Cañadas Gascón). Una de sus labores principales fue, como agente provocador, la constitución, en SEAT, del ERAT, el Ejército Revolucionario de Ayuda al Trabajador, al que consiguió atraer a algunos incautos, e, inmediatamente, después de algunos atracos, levantar la liebre, mandarlos a la cárcel, y a la vez, dar a los medios de comunicación la especie de un trabajo de violencia armada de la CNT. Por esta operación de provocador activo y otros trabajos de infiltración, Gambín tenía un sueldo de 45.000 pesetas y 100.000 supletorias por la delación del caso Scala.

De cara a la operación que la Brigada Central estaban montando, Gambín, que había procurado allegarse a los jóvenes libertarios y cenetistas Cuevas y Palma, y a Cañadas, que lo conoce el día antes del suceso, les propone que a la manifestación que, contra las consecuencias del Pacto de la Moncloa, la CNT tiene convocada, el 15 de enero, por el Paralelo barcelonés, vayan provistos de cócteles Molotov, en prevención de ataques de grupos fascistas o de la policía. La manifestación es un éxito de convocatoria que congrega a más de 10.000 personas. Ya en ella, Gambín propone a aquellos jóvenes que, al finalizar la movilización, que va a acabar sobre la una del mediodía, vayan a arrojar los cócteles a la Sala de fiestas Scala, lo que encuentra resistencia por parte de los jóvenes, a los que Gambín, entonces, en plan bruto, chantajea ideológicamente ("vaya unos anarquistas de mierda"). Ante ello, los jóvenes ceden con grandes reticencias. Gambín los lleva en su coche hasta la Plaza de España y desaparece. Camino del Scala, los jóvenes encuentran a compañeros de Rubí que les disuaden de la comisión del acto. Prosiguen, decididos a no hacerlo y, en el trayecto, ya ven columnas de humo saliendo de la parte trasera de aquel edificio de siete plantas, donde la Sala se encuentra, y ya ante la puerta cerrada de la misma, oyen el estruendo de dos potentes bombas, se deshacen del material de forma inexplosiva y se van. Las columnas de humo, desde varios sitios del edificio, siguieron aumentando hasta hacerse visible la deflagración completa que habría de acabar con las siete plantas de aquella edificación, acabando también con la vida de cuatro trabajadores, Ramón Egea, Bernabé Bravo, Juan López y Diego Montoro. Dos de estos trabajadores estaban afiliados a la CNT, como el 70% de los empleados del local. Hasta aquí los hechos.

Gambín comunica, ipso facto, a Madrid, telefónicamente, los nombres de los portadores de los cócteles, y, desde allí, la Brigada Central de Información, sólo tras breves horas, los transmite a la policía de Barcelona, de forma que, apenas 24 horas después de producido el incendio, son detenidos como causantes del mismo. Lo que, evidentemente, no podía acabar ahí, dado que la operación del Estado no estaba montada contra personas concretas, sino contra la CNT, en especial, y contra el Movimiento Libertario en general. Se trataba de acabar con la CNT y el golpe tenía que ser público y sonado. En los días siguientes, fueron arrestados indiscriminadamente 150 compañeros con la única finalidad de amedrentarlos y sembrar pánico en la Organización. Miles de trabajadores que se identificaban con la línea sindical de la CNT, pero que no estaban dispuestos a enfrentar una represión policial de tal magnitud fueron ahuyentados de ella en sólo unos pocos días. Había que deteriorar, ensuciar y envilecer la imagen de la organización anarcosindicalista y los medios de comunicación atronaron machaconamente las mentes de la ciudadanía en general y del mundo trabajador en particular, respondiendo a la llamada de una circular reservada del ministerio de la Gobernación, presidido por Martín Villa, y dirigida, personalmente, a los directores de los medios, al objeto de orquestar una campaña contra la CNT, y el propio, Martín Villa, se desata con declaraciones institucionales, acusatorias contra la CNT, aun antes de que hubieran empezado las diligencias judiciales. Por otro lado, tan sólo tres días después del incendio, el Gobernador civil de Barcelona, José María Belloch Puig hace pública la declaración de que se trataba de un "atentado político", al objeto de que los propietarios del local, los hermanos Riba, pudieran, rápidamente, cobrar del Estado lo que el seguro no cubría, es decir, todo. Por cierto que tales hermanos habían comprado la Sala de fiestas Scala y la adjunta Discoteca 2001 sólo unos meses antes del suceso, y no se explica por qué tal hecho haya sido expresamente encubierto tanto por el Estado como por los medios de comunicación.

Los encausados, Luis Muñoz, José Cuevas, Francisco José Cañadas, Arturo Palma, María Rosa López, y María del Pilar Álvarez, son sometidos a toda clase de viles torturas y vejaciones, a pesar de lo cual, siempre se declararon inocentes de la comisión de los hechos. Una última, Maite Fabrés, como "detenida por error judicial", es puesta en libertad sin cargos y sin ninguna clase de indemnización ni reconocimiento moral, después de haber sufrido dos años de infame prisión y tortura. Las condenas fueron de 17 años de prisión para José Cuevas, Arturo Palma y Xavi Cañadas; un año para Luis Muñoz, que ya llevaba tres; cinco meses para Pilar Álvarez y absolución para Rosa María López.

La defensa de los acusados siempre pidió la búsqueda y comparecencia de Joaquín Gambín, considerado como parte indispensable de la trama y del montaje policial, pero la policía siempre declaraba que era "infructuosamente buscado", y el fiscal Alejandro del Toro, ue insistentemente solicitó esa búsqueda y comparecencia, estuvo a punto de ser retirado del caso. Se sabía dónde estaba, pero era inútil. Incluso, habiendo sido detenido, en 1979, por otro de sus acostumbrados delitos de maleante, es puesto en libertad, a pesar de encontrarse en busca y captura. En 1981, Gambín declara, ante el fiscal Alejandro del Toro, que se había entregado a la Guardia Civil porque se encontraba en una situación de apuro, ya que había participado en una acción contra ETA (caso GAL) que había salido mal. Tras ella, había perdido la protección de los Servicios Secretos, que previamente le había proporcionado varias pistolas y documentos falsos, que él entrega al fiscal. Éste presenta, contra Gambín, una leve acusación de participación en hechos con los encausados del Scala y no en el atentado. El juicio, se realizará en 1983, durará apenas tres horas. El Tribunal no se interesó por su relación con los Servicios Secretos, se le condenó a siete años de prisión, en la que estuvo poco tiempo y, a la calle, de nuevo a malear.

La defensa pidió la comparecencia para declaración de Martín Villa y de otros elementos policiales, ninguno compareció. Por otro lado, ninguno de los testigos presentados reconocieron a los inculpados como presentes en el lugar y día de autos. Más aún, el kiosquero del kiosco enfrente del Scala a quienes dice que vio entrar, esa mañana, fue a unos señores bien trajeados y de corbata que portaban maletas. Un guardia civil, que también declaró en ese sentido, fue luego anónimamente liquidado de un tiro en la cabeza por detrás. Un hombre de la vecindad de enfrente que, desde un piso alto, había tomado fotografías de merodeadores y de las varías columnas de humo que, por distintos sitios, salían del edificio, en los momentos iniciales del incendio, recibió una visita que le compró las fotografías con sus clichés. Antes de la compra, algunas de estas fotografías habían sido publicadas en diarios barceloneses. Después de la compra, esas fotografías desaparecieron como por ensalmo, a pesar de que, en el juicio, se aludió a ellas y se pidió que se presentasen.

Normalmente, en Europa, y en el mundo civilizado, cuando ocurre un hecho semejante, no se permite ninguna actuación que pueda alterar el escenario del cuerpo de delito hasta tanto se haga y se dé por terminada una investigación que averigüe las causas materiales y el proceso y desarrollo del hecho. Muy al contrario, el Gobernador civil de Barcelona ordenó y permitió, de forma inmediata la demolición de los restos del local, sin la obtención de las más mínima prueba pericial, y, al cabo de un par de semanas los escombros fueron retirados por camiones en sacos precintados. Si es que se realizó alguna prueba pericial oficial, ésta nunca se hizo pública. En cambio, los resultados de otro informe pericial que llega a la comprobación de la existencia de fósforo en las ruinas del Scala desaparecen, en un acto de "destrucción de pruebas". La razón de esa desaparición es clara: el fósforo es un material de uso exclusivo del ejército y utilizado por éste en la fabricación de bombas NAPALM. Junto a esta sistemática destrucción de pruebas, se da, también, la significativa negativa a una petición de investigación sobre la existencia de varios focos simultáneos como causas iniciales del incendio, lo que permitiría el acceso a la constatación de que el incendio del Scala había sido el producto de una inmediata y cuidadosa operación que iba mucho más allá del incendio material mismo, una operación aniquilatoria, del alcance destructivo total, de tierra quemada para el enemigo, y realizada con unos medios y aparato de los que sólo el Estado dispone.

Como bien había dicho Belloch Puig, el entonces Gobernador de Barcelona, el "caso Scala" fue un "atentado político", un acto despiadado cruel, en cuanto a daños personales, y un acto rastrero y de una injusticia sin nombre en sus efectos públicos, pero un acto, y él bien lo sabía, en el que aquellos a los que él apuntaba como agentes fueron, trágicamente, sus míseras y desventuradas víctimas.

Han transcurrido 30 años desde aquel horrendo y político crímen. El régimen de Transición, agente del mismo en todas sus dimensiones, sigue, un tanto más refinado en los modos, estando ahí y discurriendo por las mismas vías que andaba. El asalto a la CNT que, entonces, inició, en alto grado, con el caso Scala prosiguió y prosigue de diversos modos, en forma de asedios variables de intentos de mediatización y condicionamiento del régimen interior de la Organización. Se dieron cuenta, a base de experiencia, de que las raíces profundas del anarcosindicalismo son muy difíciles de destruir. Nos conocen bien, y, a cada intento fallido por parte de ellos, buscan siempre métodos nuevos que puedan tener algún rasgo de semejanza con lo nuestro, que les permita enturbiar conciencias y, desde la turbiedad y turbación, volver a nuevos asaltos, intentado promover "conspiraciones desde arriba" o "conspiraciones desde abajo" con la finalidad de dominar a la CNT, sin romper, de momento, sus estructuras. Así es como procedió la UCD con la primera escisión de los años 79-80 del siglo pasado, y el PSOE con la segunda de 1984. Todo será vano por parte de ellos, si la conciencia confederal sigue estando alerta, como hasta ahora lo estuvo, distinguiendo con claridad entre lo real y la amañada imitación que busca parecidos con que dar el pego.

* José Luis García Rúa, ex-Catedrático Emérito de Filosofía de la Universidad de Granada, ha sido Secretario General de la CNT y Director del periódico "cnt"

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