El Tribunal Constitucional rechaza investigar torturas durante el franquismo

El franquismo y sus crímenes seguirán impunes. Así lo vuelve a ratificar el Tribunal Constitucional. La Pey de Punto Final, que aquí se llamó Ley de Amnistía, así lo estableció en 1977. Y al año siguiente la constitución de 1978 acabó de cerrar el círculo el 'atado y bien atado' del viejo régimen reformado, con la monarquía en la cúspide y el viejo poder intacto. 

Los crímenes contra la humanidad de la dictadura franquista se tendrán que seguir investigando en el extranjero. En el Estado Español sigue sin ser posible: ayer miércoles el Tribunal Constitucional rechazó el recurso que había presentado Gerardo Iglesias, viejo dirigente del PCE.

Un juzgado de Oviedo se había negado a investigar la querella de Iglesias contra un funcionario policial de la dictadura por torturas, es decir, por un «delito de lesa humanidad». Y el TC confirmó sus argumentos no admitiendo a trámite el recurso de amparo presentado por el abogado Gerardo Iglesias por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva. Según el TC los presuntos delitos han prescrito y, además, la ley de amnistía del año 77 blinda a los represores franquistas. Textualmente lo rechaza «por la prescripción de los posibles delitos entonces sancionados y la validez de la ley de amnistía«.

Iglesias denunció las torturas de las que fue víctima en los años 64, 67 y 74 a manos de Pascual Honrado, jefe de la brigada politicosocial. Entonces Gerardo Iglesias era miembro del Partido Comunista de España (PCE) y del sindicato Comisiones Obreras. Sin embargo, el Juzgado de Instrucción nº 4 de Oviedo justificó el archivo de la causa en 2018 arguyendo que los hechos denunciados no constituían delito de lesa humanidad y que habían prescrito al haber haber transcurrido diez años desde su comisión. Esa decisión fue ratificada por la Audiencia Provincial ese mismo año.

Avalando esos argumentos el Tribunal Constitucional ratifica también el punto de vista de los crímenes franquistas (prescripción y ley de Amnistía) en contradicción incluso con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que en varias ocasiones ha recordado al sistema judicial español, en relación a la investigación de los crímenes franquistas, que los delitos de lesa humanidad y de torturas no prescriben.

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