En defensa de la ecología, la seguridad y la soberanía alimentarias. Prohibición de alimentos y cultivos transgénicos. Coexistencia: no, no y no

(Propuesta de declaración para el V Foro por un mundo rural vivo)

AGRICULTURA INDUSTRIAL Y TECNOLOGÍA TRANSGÉNICA

Las semillas transgénicas y estériles y los cultivos y alimentos producidos en base a ellas son la forma más desarrollada de la agricultura industrial para el mercado global, que ha convertido el proceso de producción, distribución y consumo de alimentos en una actividad económica para el capital y no para satisfacer las necesidades alimentarias de los seres humanos. La agricultura campesina produce alimentos suficientes, nutritivos y asequibles, sin agredir a la naturaleza, sin expulsar a los campesinos de sus tierras y sin contaminar nuestros cuerpos. Por el contrario, el producto por excelencia de la agricultura industrial es el beneficio económico para el capital.

Aunque la propaganda de la industria biotecnológica simula lo contrario, los transgénicos son el desarrollo necesario de la agricultura química en una forma más acabada de despliegue de la agricultura industrial. En comparación a los parámetros de la agricultura química, se presentan como la alternativa[1] a algunos de los problemas generados por ésta (contaminación por químicos, salinidad y erosión de suelos, resistencia de las plagas a los pesticidas, pérdida de cosechas, etc). La concepción de "química" y "transgénica" como formas -anterior y posterior- de la misma agricultura y alimentación industrial, en su proceso de desarrollo del mercado global, permite identificar mejor los problemas de la agricultura y alimentación actual y la necesidad de abordarlos desde perspectivas agroecológicas: a) independientes de la tecnología de las multinacionales, b) que incorporan los conocimientos campesinos tradicionales, c) más accesibles a l@s pequeñ@s agricultor@s y campesin@s pobres y d) basadas en el diálogo con la naturaleza y con las necesidades de la seguridad y la soberanía alimentarias de toda la población y no sólo de los sectores con solvencia económica.

No podemos enfrentar la problemática de los transgénicos separada de la agricultura química. Mucho menos pretender el fomento de una agricultura respetuosa, responsable y agroecológica, sin afrontar los problemas de una alimentación industrializada. La reducción del debate de los transgénicos a la "coexistencia", nos hace cada vez más impotentes para resolver dichos problemas y reducirá igualmente la defensa de nuestra seguridad alimentaria, presente y futura, a la aportación de pruebas de sus riesgos y daños, de una en una. Una forma de evitar esa impotencia es mostrar los límites de nuestros planteamientos actuales y articular, a la vez, estrategias de fomento de una agricultura y una alimentación agroecológicas y responsables al margen del mercado global, que incluyan la sensibilización y la participación de personas y colectivos para involucrarse en algo más que rechazar los transgénicos.

Tras dos años de aparente diálogo social y negociación, el Gobierno del PSOE quiere aprobar un Real Decreto de coexistencia entre cultivos transgénicos y no transgénicos. Este decreto se apoya en una resolución del Parlamento Europeo de finales de 2003. Tanto el Real Decreto del Gobierno español como la Resolución del Parlamento Europeo suponen una renuncia al principio de precaución, que queda vulnerado por la coexistencia entre transgénicos y no transgénicos. A partir de este momento la coexistencia es considerada como "la base de la libertad de elección tanto de los consumidores como de los agricultores y, al mismo tiempo, la condición previa de la gestión de riesgos prescrita en la Comunidad en relación con los organismos modificados genéticamente"[2] .

El Gobierno del PSOE ha impulsado la coexistencia en el campo y en el mercado de alimentos químicos, transgénicos y ecológicos. A lo largo de esta legislatura, el Ministerio de Agricultura ha presentado 3 borradores de Real Decreto (4/11/04, 19/7/05 y 20/4/06). Junto con el borrador de Orden elaborado por el PP en febrero de 2004, son 4 intentos de regular la coexistencia entre cultivos transgénicos y no transgénicos en el Estado Español. Excepto en el cambio de rango de la normativa (de Orden a Real Decreto), los borradores del PP y del PSOE son herederos de la misma voluntad, desarrollar los cultivos y alimentos transgénicos, y pretenden el mismo objetivo, legalizar la contaminación para proseguir la industrialización y globalización de los alimentos que exigen las multinacionales del agronegocio. Los distintos borradores aparentan, a los solos efectos de sus impactos comerciales, evitar, tanto los daños a la producción de las parcelas colindantes, como la retirada de materias primas y productos alimenticios con niveles de contaminación por encima de los tolerados legalmente -es decir, en cultivos químicos declarados "libres de transgénicos" y en cultivos ecológicos-.

El verdadero problema arranca del cambio de perspectiva ocurrido en materia de transgénicos en la UE poco antes de finalizar la moratoria. En lugar de considerar a la propia tecnología un peligro del que hay que protegerse tanto en sus fundamentos como en su forma de aplicación e intereses a los que sirve, que agudiza los problemas que dice resolver, se promueve su aceptación a cambio de una evaluación caso. Tras un lenguaje técnico se incorporan los argumentos de las multinacionales. El principio de precaución es desterrado a una posición testimonial porque deja de ser un instrumento preventivo, al exigir la demostración científica del daño, en lugar de impedir el uso y comercialización hasta que estos demuestren su inocuidad. El mismo mecanismo quiere desarrollarse ahora con las semillas estériles, aunque ha sido frenado, de momento, en la reunión del Convenio de Biodiversidad en Curitiva, Brasil.

Durante casi una década, las principales ONGs ecologistas en el Estado Español en aplicación del "principio de precaución" en el terreno de los transgénicos, han defendido una moratoria (paralización de su uso) ante los riesgos que, cultivos y alimentos transgénicos, podían causar sobre la salud y el medio ambiente. Tras la llegada del PSOE al Gobierno, el sector socialdemócrata se ha erigido en representante de todo el movimiento con la ayuda de las burocracias ecologistas y, abandonando el principio de precaución, han pasado a reclamar que "es de vital importancia disponer de unas normas de coexistencia eficaces que aseguren la supervivencia de la agricultura convencional (es decir química) y, especialmente la agricultura ecológica, libres de transgénicos". El resultado es que desde marzo de 2005 y sin renegar explícitamente del principio de precaución, las grandes ONGs ecologistas han impulsado el abandono de la exigencia de una moratoria, realizando una campaña de captación de adhesiones a favor de una reglamentación de coexistencia de los cultivos transgénicos[3] . El resultado ha sido el fortalecimiento de la política transgénica del Gobierno y una rebaja de contenidos en el movimiento de lucha contra los transgénicos, lo que facilita su imposición creciente.

LA IMPOSIBLE COEXISTENCIA

"Uno de los problemas reconocidos de la ingeniería genética es la inestabilidad de los genes implantados. Es inevitable que los cultivos transgénicos, en el caso del maíz a través de la polinización cruzada, transfieran los nuevos genes de unas plantas a otras, de unos campos a otros y a lo largo de la cadena alimentaria. Por lo tanto, la coexistencia normalizada de los cultivos transgénicos con los no transgénicos, significa aceptar la contaminación segura de los primeros sobre los segundos y también la transferencia de genes resistentes a antibióticos y plaguicidas, desde las semillas transgénicas a otras plantas y seres vivos. Esta secuencia aumenta los riesgos sobre la salud de las personas y del propio ecosistema del que los campos de cultivo y el ganado forman parte. Una vez que se acepta la contaminación como inevitable, se invoca el "principio de precaución" en vano y la normativa queda limitada a regular dicha contaminación mediante diversas soluciones que forman parte del problema"[4] . La ausencia de argumentos que contrarrestaran estas razones, por parte de quienes han roto la unidad, nos permite hablar de una rebaja de contenidos injustificada y carente de motivaciones confesables.

La caída de la moratoria y la reclamación de una coexistencia "rigurosa" sólo ha servido para dividir las fuerzas y con ello, la unidad de los movimientos sociales defensores de la agroecología, el consumo responsable, la seguridad y soberanía alimentarias, dedicados a aportar pruebas de daños, caso por caso, aceptando la coexistencia como un hecho inevitable y reduciendo la agricultura libre de químicos, transgénicos y semillas estériles a aquellos territorios que puedan permitírselo. Aunque se consiga que haya una información absolutamente transparente en registros, autorizaciones, evaluación de riesgos, etc.; Aunque la normativa se caracterice por: establecer un nivel cero de contaminación para todos los productos procedentes de la agricultura no transgénica, otorgar un derecho prevalente a los agricultores que no siembren transgénicos y desarrollar un sistema adecuado de responsabilidad y sanciones, eso no evitará que los genes transgénicos se dispersen en el suelo, salten entre cultivos y especies silvestres y se introduzcan en la cadena alimentaria.

Mientras se despliega una oposición a esta coexistencia a favor de otra coexistencia posible, avanza el libre comercio de alimentos transgénicos procedentes de semillas estériles, aunque debidamente etiquetados, para que el consumidor de alto poder adquisitivo pueda ejercer su derecho a elegir alimentos no transgénicos. Este derecho, autorizado por el mercado, no es aplicable a la mayoría de la población, que sólo puede elegir/permitirse una comida basada en químicos y transgénicos porque sus gobiernos sólo defienden la salud y seguridad alimentaria de la población, mientras no interfiera con las reglas del libre comercio. La soberanía alimentaria en el mercado global comparte la ilusión "alterglobalizadora" de un "comercio global justo". Solo es posible la soberanía alimentaria si está basada en una agricultura para un consumo local, en la alianza de consumidor@s responsables de las ciudades y productor@s agroecológic@s rurales que se organizan para apoyarse mutuamente e interrumpir las reglas del imperio del comercio alimentario global.

Nuevamente y en respuesta a un último borrador del Gobierno del PSOE para regular la coexistencia de cultivos transgénicos con los no transgénicos, la única reacción asumible desde colectivos que defendemos la agroecología y el consumo responsable como base para la seguridad y soberanía alimentarias de todos los pueblos, es que no hay motivos que justifiquen la continuidad de los cultivos y alimentos transgénicos autorizados y, mucho menos, renunciar al principio de precaución o malversarlo en una coexistencia regulada. Cada día aparecen nuevos casos de contaminación sobre cultivos, alimentos y piensos no transgénicos por parte de cultivos comerciales y experimentales transgénicos. Todo ello con el amparo de la legislación más rigurosa del mundo. Si no se frena esta situación, será inevitable la extensión de los transgénicos a otros cultivos. A medio plazo, más allá de sus riesgos imprevisibles, los cultivos transgénicos son incompatibles con los cultivos ecológicos. Los transgénicos harán inviable la producción agraria ecológica y la protección de las semillas, tanto comunes (de uso publico no patentado), como ecológicas.

El planteamiento dominante en el movimiento contra los transgénicos que lideran las ONGs ecologistas y sus socios, a favor de la coexistencia "pacífica" ante la imposición de cultivos y alimentos transgénicos[5] , se confirma como insuficiente para abordar los problemas de inseguridad alimentaria, por varias razones: 1) Está encerrado en la lógica interna de los transgénicos y dedicado a responder puntualmente a cada legalización, cada normativa, cada caso de contaminación, lo que impide enfrentar los problemas de la agricultura y la alimentación buscando una salida estratégica. 2) Señala la contaminación transgénica sobre la agricultura convencional, desvinculándola de la contaminación química de ésta última sobre el medio ambiente y la salud humana, cuyos daños llevan 50 años mostrándose, aunque ocurre como en los transgénicos, a medio y largo plazo y por acumulación. 3) El único argumento de participación esgrimido frente a la imposición de los transgénicos es el "derecho a decidir".

EN DEFENSA DE LA AGRICULTURA ECOLóGICA, LA SOBERANÍA Y SEGURIDAD ALIMENTARIAS: COEXISTENCIA CON TRANSGÉNICOS NO, NO Y NO.

Merece la pena interrogarse sobre la suficiencia y efectividad de medidas correctoras parciales tales como segregación entre alimentos transgénicos y no transgénicos, etiquetado informativo, trazabilidad o seguimiento a través de la cadena alimentaria y umbral mínimo de contaminación aceptado. Si bien pueden servir como instrumento de sensibilización de la opinión pública, también han revelado su insuficiencia, ante la evidencia de la contaminación y abren un debate estéril, sobre umbrales mínimos, de tolerancia a la contaminación para semillas y alimentos. Además, estas medidas son inútiles y tramposas en los países empobrecidos. Cuando una parte importante de la población no tiene garantizadas sus necesidades básicas, privada de tales derechos mínimos, el acceso a la información o la capacidad de elegir no son herramientas políticas que impidan la erosión y contaminación genética de los cultivos autóctonos, única salvaguarda para posibilitar la suficiencia y seguridad alimentaria. Si la fuerza de la ciudadanía europea, mayoritariamente en contra de los transgénicos, no ha podido oponerse al levantamiento de la moratoria con su sola opinión, ¿pueden hacerlo en los países pobres, ya sin el referente europeo?

Es positivo juntar todos los esfuerzos para paralizar un decreto insuficiente y denunciar la falta de precaución con que se pretende avanzar en la liberación de cultivos transgénicos, que cae incluso, en el incumplimiento de la reciente normativa comunitaria. Pero proponer que se regule mejor, aunque sea con rango de ley, la coexistencia, para impedir que los transgénicos contaminen (o contaminen menos o más despacio), implica su aceptación. Y aceptar la coexistencia es legitimar la existencia de los transgénicos y no rebelarse ante una imposición innecesaria, llena de riesgos sin evaluar y que no toma en consideración las necesidades alimentarias de la población, de los cultivadores de alimentos y que pone en peligro nuestras ya debilitadas capacidades de seguridad alimentaria para el futuro, por la progresiva destrucción de los agrosistemas y del patrimonio biogenético, en manos del complejo agroquímico-farmacéutico-biotecnológico.

Considerar el principio de "quien contamina paga" como fórmula para enfrentar y a la postre resolver, el conflicto entre el interés empresarial y el daño ecológico y social, convierte un problema político y que afecta al interés general, en un asunto económico y de responsabilidad individual que además, divide a los perjudicados. Nos crea la ilusión de que todo se resuelve si al final se pagan los daños (en caso que puedan reducirse a una cantidad de dinero intercambiable por la actividad o la vida que ha impedido o contaminado). Ya tenemos bastantes ejemplos vergonzosos en los que se demuestra la escasa utilidad de este principio para resolver la impunidad con que las empresas nucleares y químicas están contaminando y matando o dejando secuelas de por vida en verdaderos atentados contra la salud pública. Los agricultores ecológicos quedan indefensos ante la contaminación y los Consejos Reguladores se debaten entre defender a los agricultores ecológicos o defenderse de sus críticas, ante su impotencia frente a la contaminación.

Para que la mayor parte de la responsabilidad recaiga sobre las auténticas beneficiarias, las multinacionales de la biotecnología ¿es adecuado eximir a los agricultores que cultivan transgénicos de su responsabilidad?. Si bien es cierto que si cumplen las normas de segregación que se estipulen, son legales, ¿eso les debería exonerar de responsabilidad en caso de contaminación, cuando sembrar transgénicos no es obligatorio? Si lo hacen para obtener un beneficio supuestamente superior a los que no siembran transgénicos ¿no deberían ser responsables de los riesgos cuando saben que las medidas sólo aminoran el riesgo?. A las multinacionales biotecnológicas les vendría bien la "irresponsabilidad’ de los agricultores para reducir el problema a resultados económicos. Otra cosa es el grado de responsabilidad que tiene el agricultor comparado con la multinacional beneficiaria del evento. Por otro lado, el conflicto entre agricultores no se disipa porque a los que siembran transgénicos cumpliendo la legalidad, se les exonere de su responsabilidad, sino al contrario. Además los daños no se restringen a los cultivos aledaños. La responsabilidad en caso de daños sobre la salud o el ecosistema son más difíciles de probar. El reduccionismo del principio "quien contamina paga", hace equivalente la multa con el acto causante del daño, no lo evita y sus consecuencias exceden la sanción.

Reconocer la coexistencia y utilizar el principio de "quien contamina paga" enfrenta a los agricultores entre sí y oculta además, que la agricultura intensiva y química (convencional) tampoco nos garantiza la protección de nuestra salud y la del ecosistema y que, para abaratar los costes en una espiral sin fin, se despliega en base a condiciones laborales ilegales, indignas y peligrosas de trabajador@s y jornaler@s, autóctonos e inmigrantes y sus familias. Así, en lugar de formar parte de la solución, nos mete más en el problema, porque impide precisamente abordar la necesidad de hablar alto y claro, y buscar, cuanto antes, la forma de apoyar a l@s pequeñ@s agricultor@s convencionales para dejar la dependencia de los químicos en que les ha metido el mercado competitivo global con la ayuda de la Unión Europea, que fatalmente les elimina, a pesar de todo. Es inexcusable este apoyo, pero si lo abordamos desde el diálogo sobre las necesidades recíprocas, justas y solidarias entre el campo y la ciudad, entre el norte y el sur. De lo contrario, el mercado global acabará dándonos su "solución".

Las Zonas Libres de Transgénicos son una forma magnífica de organizar una defensa de otro tipo de agricultura y alimentación en un territorio, juntando colectivos diversos que suman sus razones y constituyen un movimiento ciudadano de resistencia. Además parece el único resquicio para combatir la contaminación y favorecer el derecho a una agricultura y alimentación libres de transgénicos en la UE. Pero no es una solución sino un principio para construirla porque: 1) contiene la aceptación de zonas no libres en la propia UE (territorios y ciudadanos de primera y segunda clase). 2) enfatiza el impacto al medio y a la actividad agraria, pero no impide el desarrollo de la alimentación transgénica que se desplegará por los supermercados. 3) no incluye la apuesta por transformar la agricultura industrial de ese mismo territorio. 4) no impugna la lógica de mercado, causa de las soluciones tecnológicas de reducción de costes económicos. 5) Es solo para zonas privilegiadas del planeta que consigan una mayoría de población resistente a los transgénicos. Y encubre otro hecho. El privilegio de la UE exportando alimentos de calidad de sus zonas libres de transgénicos y los países no libres de transgénicos, exportando alimentos transgénicos para los consumidores europeos que decidan "libremente" consumir alimentos transgénicos. Nuevamente los países ricos pueden permitirse lujos (etiquetado, trazabilidad, libre elección, zonas libres de ...) que los países pobres y los ciudadanos pobres de todos los países no pueden.

POR TODO LO ANTERIOR, LAS ORGANIZACIONES FIRMANTES DE ESTE COMUNICADO RECLAMAMOS:

IóN DE CULTIVOS Y ALIMENTOS TRANSGÉNICOS:
COEXISTENCIA NO, NO Y NO

Sindicato de Obreros del Campo y del Medio Rural (SOC)
Grupos Autogestionados de Konsumo de Madrid (GAKs)

NOTAS

[1] No elimina el uso de químicos, sólo asevera que se reducen la necesidad de algunos herbicidas e insecticidas. El uso de genes resistentes a algunos herbicidas, abona precisamente la tesis contraria, que aumentará su uso, como se muestra hasta la fecha, en la práctica de la agricultura transgénica.
[2] Parlamento Europeo. Informe sobre coexistencia entre plantas cultivadas modificadas genéticamente y plantas cultivadas convencionales y ecológicas (A5-465-2003, 4/12/03)
[3] "Consideraciones básicas a incluir en las normas españolas sobre coexistencia entre cultivos modificados genéticamente, cultivos convencionales y ecológicos" 30 de marzo de 2005.
[4] P. G. "La unidad de la izquierda y los transgénicos: una victoria pírrica". El Viejo Topo, Núm 209-210. 2005, jul-ago. Pags. 86-91.
[5] Hace tres meses Greenpeace se desmarcó de la coexistencia, con un informe elaborado junto con la Asamblea Pagesa y la Plataforma Trasngenic Fora cuyo título era "La Imposible Coexistencia". Pero, en un nuevo giro hacia el pragmatismo, en estos momentos lidera, junto con la COAG, las alegaciones al último borrador de coexistencia. Este es el doble lenguaje de las burocracias de las grandes ONGs ecologistas.