[Entrevista] a la Plataforma de Afectadxs por la Hipoteca

Después de un parón por la pandemia, los desahucios han vuelto a las calles de todas las ciudades del país, a pocos días de que la moratoria de hipotecas y alquileres aprobada durante el estado de alarma llegue a su fin. Hablamos con Juanjo Ramón, portavoz de la PAH, sobre los días que vendránLa PAH propone aprobar un decreto ley con una nueva moratoria que afecte cualquier persona vulnerable, sea o no por la crisis de la Covid, y que pare los desahucios hasta el 31 de diciembre de 2021

Quedan los días contados para que la moratoria del pago de alquileres e hipotecas decretado a raíz del estado de alarma llegue a su fin. Durante siete meses, se ofreció una vía de escape para algunas familias que no podían hacer frente a los pagos de sus viviendas. Pero esta moratoria tenía trampa. Así lo considera Juanjo Ramón, portavoz de la PAH, quien apunta que «aunque decían que no dejarían a nadie atrás, mucha gente se ha quedado por el camino».

Desde la Plataforma denuncian que esta moratoria no contempla todas las casuísticas y que, ahora que se acaba, producirá un sobreendeudamiento, «tal como vivimos hace diez años». Con el fin de no revivir el pasado y echar una mano, tanto a los sectores vulnerables creados a raíz de la crisis de la Covid, como a los que ya lo eran antes, la PAH convocó el lunes concentraciones ante las Delegaciones de Gobierno por todo el Estado.

El objetivo es presionar para aprobar un decreto ley que «cubra todas las vulnerabilidades, que la gente que no haya sido perjudicada por la Covid también entre». Y, sobre todo, un decreto que pare los desahucios hasta el 31 de diciembre de 2021, para dar margen a las familias para recuperarse. En las ciudades que cuentan con sedes de Delegación de Gobierno, los miembros de la PAH han entregado cartas dirigidas a Pedro Sánchez con la información relativa al nuevo decreto ley que proponen. En cuanto a los municipios más pequeños, han entregado la misma información, dirigida a los grupos políticos.

La PAH ya ha tenido reuniones con la mayoría de grupos parlamentarios en el Congreso; «Tenemos el apoyo de quienes podíamos esperar tenerlo», explica Ramón. Ahora bien, la Plataforma critica la inacción de los partidos del gobierno que, al fin y al cabo, son los que deben tomar la iniciativa para aprobar esta nueva medida para hacer frente a la crisis de los alquileres.

Este decreto que proponéis, ¿va en la línea de las conversaciones que tuvisteis con David Lucas, secretario general de vivienda, para parar desahucios hasta 2022 y exonerar la deuda?

Sí. Pero aún no tenemos una respuesta clara por parte del Estado. Nos dicen que ‘ya sabemos cómo son estas cosas’. Tienen muchas ideas y quieren hacer muchas cosas, pero ponen la excusa de que ‘los grupos inmobiliarios y la derecha no lo pondrá fácil’. De momento, tenemos todo el apoyo de la izquierda del Congreso. Falta que los partidos del gobierno tomen la iniciativa. Ahora que termina la moratoria, lo único que se ha anunciado es la intención de ampliar lo que tenemos, pero han pasado seis meses y se ha demostrado que no funciona.

Necesitamos un decreto al que todos puedan acogerse: no una burocracia complicada, sino una moratoria real, que dure hasta el 31 de diciembre de 2021. Es un tiempo prudencial para que todo este nuevo sector vulnerable que se está generando ahora por la crisis de la Covid no entre en una crisis tan profunda como la que sufrieron las afectadas por el 2008. Tenemos que poner medidas y regular la vivienda es primordial, porque el hogar es el centro de la vida.

Alargar hasta el 2022 es dar tiempo a la gente para que se pueda rehacer. Y, mientras esto ocurre, en la calle seguiremos luchando para tener soluciones duraderas, porque, obviamente una moratoria no es ninguna solución. Necesitamos que Catalunya se ponga las pilas con la ley 24/2015 y que defienda la ley de los alquileres. Necesitamos que el Estado fiscalice la fusión de Bankia y Caixa Bank para que los pisos de Bankia no sean vendidos, sino que se utilicen para alquiler social.

Alargar hasta el 2022 es dar tiempo a la gente para que se pueda rehacer. Y, mientras esto ocurre, en la calle a seguir luchando para tener soluciones duraderas, porque, obviamente una moratoria no es ninguna solución

Parte de las personas afectadas por la crisis actual han sufrido ERTE y han tardado en ver el dinero de las prestaciones. ¿Consideráis que pasado este plazo, su situación económica se estabilizará?

No se trata sólo de un período de tregua para que económicamente las familias se recuperen. También es un periodo para organizarse. La gran diferencia con la crisis de 2008, a nivel de vivienda, es que aquella afectó principalmente a hipotecas. Un proceso de ejecución hipotecaria es largo y las familias tienen tiempo de organizarse, luchar y ser resilientes. En cambio, ahora el 70% de los desahucios son de alquiler y estos son de un día para otro. La gente no tiene tiempo de reaccionar y buscar soluciones.

Si lo miramos así, esta crisis es más preocupante que la de hace 10 años. Puede que no parezca tan grave un desahucio de un piso de alquiler, porque total, el piso no es tuyo. Pero dejémonos de tonterías, porque tu casa es donde vives. Si alquilas es para iniciar un proyecto de vida y, si te echan, ya no hay proyecto de nada.

Una de las quejas que se hacéis desde la PAH a la moratoria es que deja mucha gente fuera de los supuestos. ¿Qué alternativa planteáis?

Una moratoria a la que se puedan acoger todos, no sólo quien ha sido afectado por un ERTE. Porque, como decimos, el decreto actual deja mucha gente fuera. No entra la gente que trabaja en B, que no puede demostrar que haya perdido ingresos, por ejemplo. En el caso de los alquileres, también deja fuera la gente que subarrienda una habitación. Dicen que no quieren dejar a nadie atrás, pero hay mucha gente desamparada. También pedimos una cobertura más larga que la moratoria actual, que dice que no pasa nada si no has podido pagar, pero ¿qué pasa cuando se acaba? ¿Qué debes hacer cuando se te reclame la deuda acumulada? La solución que proponen son microcréditos.

Los microcréditos, concedidos a personas cuya situación no mejora, lo único que conseguirá es enriquecer a la banca y crear un sobreendeudamiento. Algo que ya vimos en la crisis de 2008

Este es el escenario que veremos la próxima semana, cuando se termine el plazo de la moratoria.

Exacto. Estos microcréditos, concedidos a personas cuya situación no mejora, lo único que conseguirá es enriquecer a la banca y crear un sobreendeudamiento de la población. Algo que ya vimos en la crisis de 2008. Si en seis meses tienes una deuda hipotecaria acumulada de 6.000 euros, no se soluciona con un microcrédito.

Es por eso que proponéis la exoneración de la deuda. ¿Quién se haría cargo?

Si la vivienda es propiedad de un banco o de fondos buitres, la deuda debería asumirla el gran propietario. Al igual que las familias nos hemos apretado el cinturón y tenemos pérdidas por culpa de la crisis, que ellos no se vayan de rositas, al igual que hicieron en la anterior crisis. Que la paguen. Si el BBVA pierde ingresos por culpa de las hipotecas, no entrará en bancarrota.

En el caso de los alquileres, si el propietario es un pequeño tenedor, ya entramos en dos perfiles de afectadas: quien no puede pagar y quien no cobra. El Estado debería ofrecer ayudas a los propietarios que no cobran y asegurar así que una familia no se vaya a la calle. Hace poco, los grandes propietarios exigían un fondo para ayudarles a cubrir los alquileres que no podían cobrar. ¿Esto lo tienen que pedir los grandes propietarios? Si el estado debe invertir en alguien, que sea en los pequeños tenedores.

¿Estáis de acuerdo con la definición que hace el actual decreto sobre gran tenedor? Una persona con más de diez propiedades

Esta cifra es una victoria respecto la que había antes. En la ley catalana contra los desahucios, la 24/2015, sólo pudimos conseguir que se estableciera el límite en 15 propiedades. Obviamente deberían ser menos, porque una persona que tiene 10 pisos no es un pequeño propietario, pero a nivel legal es lo mejor que se ha conseguido nunca.

La semana pasada empezamos a ver desahucios. Se ha recuperado la actividad judicial y, tras unos meses de gestiones, sólo entre lunes y martes se vieron más de 70 en la ciudad de Barcelona. Estos desahucios son los que quedaron parados antes de la pandemia. ¿Aún no estamos viviendo los desahucios Covid?

Estamos viviendo unos meses de falsos titulares: cuando se nos decía que no habría desahucios durante el confinamiento no era porque hubieran puesto ninguna medida para frenarlos, sino simplemente es que los juzgados cerraron. Ahora tenemos los juzgados abiertos desde el 4 de junio. Durante junio y julio ya vimos algún desahucio, pero ahora en septiembre están volviendo con mucha fuerza. Los que tenemos ahora son los que estaban previstos para marzo o abril.

Debemos tener en cuenta que antes de la pandemia teníamos una media de 250 desahucios diarios en Catalunya. Estos no han desaparecido, acabarán volviendo. La gente que era vulnerable antes de la crisis lo seguirá siendo y queremos que se les proteja, porque a estos 250 desahucios diarios se les sumarán los de las personas afectadas por la pandemia. El panorama es alarmante.

La fuerza policial que vimos no es en ningún caso necesaria en un desahucio. Sobre todo teniendo en cuenta que Oleguer Pujol no es un pequeño tenedor y no necesita los 800 euros que pagaba esta familia para subsistir

Los primeros desahucios que hemos visto, se han efectuado con una violencia policial que ha sido duramente criticada, sobre todo en el desahucio en el Carmel el pasado martes de una familia que habitaba en un piso propiedad de Oleguer Pujol.

La Brimo ahora mismo está invirtiendo toda su fuerza en las mañanas a enviar efectivos a los desahucios. Esto genera graves problemas, porque la fuerza policial que vimos no es en ningún caso necesaria en un desahucio. Sobre todo teniendo en cuenta la necesidad del propietario de recuperar el piso: Oleguer Pujol no es un pequeño tenedor y no necesita los 800 euros que pagaba esta familia para subsistir.

¿Crees que la violencia bebe de alguna manera o, cuando menos que se justifica, a raíz de la campaña mediática que hemos vivido este verano contra la ocupación?

Puede que esté vinculado. La campaña contra la ocupación les está saliendo bastante bien. Es una campaña programada y coordinada para criminalizar a los sectores más pobres sin miramientos. Este argumento que te dice que no te vayas a la playa porque te ocupan el piso ya lo tuvimos hace años y lo que se debe recordar es que ya tenemos leyes que dejan claro que esto no es ocupación, sino violación de domicilio, y que permiten procesos para echar a los ocupantes en 24 horas. No hay necesidad de ninguna ley nueva. Pero este verano estamos viendo que se tratan igual los casos de violación de propiedad, las mafias y las ocupaciones por necesidad. Y lo criminalizan todo, independientemente de si el propietario del piso es una familia o un fondo buitre.

Esto les funciona y los Mossos en Catalunya están más violentos que nunca con los desahucios. Entre la criminalización de la ocupación y el discurso del odio y el miedo, están tapando todos los problemas reales que padecemos.

Hoy entra en vigor la ley para regular los precios del alquiler. Catalunya ya tiene otras leyes para garantizar la vivienda, como la 24/2015, pero estamos viendo que no se aplican. ¿Qué futuro auguras para la ley de los alquileres?

Estamos ante la contradicción que tenemos en Catalunya: tenemos la ley de vivienda más puntera del Estado, por no decir de Europa, y no se aplica. Tenemos un Govern que la defendió y que la ha mejorado, pero no la aplica. No puede ser que, a nivel de Parlament se trabajen leyes y después, no sólo no aplicarlas, sino enviar a los Mossos a echar a la gente de su casa a patadas y sin alternativa habitacional. Si apruebas una ley debes defenderla y aplicarla, no criminalizarla a golpe de porra.

Una de las partes más importantes de esta ley y que no se aplica es la obligatoriedad de ofrecer una alternativa habitacional a cualquier persona que vaya a ser desahuciada.

Y es la parte más potente de la 24/2015. Las mesas de emergencia están desbordadas, con listas de espera que, aunque deberían ser de tres meses, llegan hasta los dos años. Y, si tienes la suerte de acceder, no hay pisos. ¿Cómo conseguir estos pisos? Con la 24/2015. No es necesario expropiar, porque la ley dice que un gran tenedor, antes de hacer un orden de desahucio, debe ofrecer un alquiler social. Antes de llegar a la mesa de emergencia, podríamos usar estos pisos para crear alquiler social, ahorrándonos, de rebote, los desahucios.

Sobre el papel es maravilloso. El problema es que esto no ocurre. Y es una violación de la ley y un agravio por parte del Govern o la administración de turno, que no multa el gran propietario, cuando podría y debería hacerlo.

Una de las cosas que más preocupa a los movimientos por el derecho a la vivienda es que los próximos meses no haya suficiente fuerzas en las calles para detener los desahucios que venden. ¿Cómo lo ves?

Quiero pensar que las fuerzas están. En la calle vemos como, semana tras semana, crecen los movimientos de apoyo a la vivienda. No queda barrio sin una o dos oficinas de vivienda. Tenemos que ver la participación porque, obviamente que la avalancha es y será inmensa y, por muchos que fuéramos, no llegaríamos. Pero queremos pensar que si hacemos un buen relato y un buen trabajo, los resultados se verán. El primer desahucio que tuvimos después de la pandemia reunió 200 personas. Si hay treinta desahucios cada día, no podremos conseguir estas cifras, pero si somos capaces de reunir cientos de personas en la calle cada día, la única manera de parar un desahucio es usar la fuerza policial.

Fuente