Estado español: La enseñanza y la sanidad pública se defienden

Hacen aguas los servicios públicos en el Estado español, particularmente la enseñanza y la sanidad, y por todos los lados surgen voces, huelgas y movilizaciones exigiendo que se tomen medidas urgentes porque es la única manera de seguir defendiendo los servicios públicos y de calidad para toda la población.

Comparando porcentajes con otros países europeos se aprecia la distancia que nos separa. En enseñanza, el gasto público en España es el 4,42% del PIB, el puesto 17 de Europa, lejos del 6,93% de Suecia, el 5,33% de Francia o el 4,79% de Alemania. Pero a esta cifra hay que añadir un importante gasto privado del 2% del PIB, que refleja la importante brecha entre los sectores público, concertado (subvencionado en buena medida por el estado, pero con un gasto medio familiar de 700 euros anuales) y privado. La inversión por alumno en primaria (enseñanza obligatoria) es casi un 10% inferior a la media de la OCDE. Pero es casi el 25% menor en la educación terciaria. La enseñanza se está convirtiendo en un poderoso factor de desigualdad social.

En sanidad, el gasto público es el 7,4%, pero Alemania dedica el 10,1%, Austria el 8,6% y Bélgica el 8%. Pero el gasto privado adicional está alrededor del 2,7% del PIB, por encima de la media de la OCDE, que es el reflejo de las tensiones del sistema nacional de salud, en especial de la crisis de la asistencia primaria y las listas de espera. Aunque el gasto total es similar al de Francia o Alemania, el gasto por habitante sigue siendo inferior en España, con importantes desigualdades entre Comunidades Autónomas, que son las responsables de la gestión de sus sistemas sanitarios, gestión de personal, cartera de servicios, etc..

La enseñanza movilizada

Como se verá a continuación, los cinco meses transcurridos de este 2026 muestran la capacidad de protesta de la enseñanza que reflejan la situación límite en la que se encuentran. Las reivindicaciones son comunes en casi todas las comunidades: falta de recursos, atrasos salariales, clases sobresaturadas, mucho trabajo burocrático y falta de medios para atender las nuevas complejidades del alumnado. A todo eso habría que añadir las políticas para favorecer a la escuela concertada, independientemente del color político del gobierno de turno. La media estatal de gasto público en enseñanza que se dedica a la escuela concertada es del 17%, destacando Euskadi, el 28%, Madrid, el 27,3% y Catalunya, el 21%. Para defender la escuela pública y de calidad se necesita un cambio radical y una gran inversión, por eso ya no es sólo una exigencia de las trabajadoras y trabajadores del sector, sino una necesidad para toda la sociedad.

20 de enero. Huelga en la escuela concertada de Euskadi. Casi dos años después de una huelga de varios días, las plantillas de las escuelas volvieron a movilizarse para exigir el cumplimiento de los acuerdos firmados.

20-22 de enero. La enseñanza de Aragón fue a la huelga durante tres días con una participación que superó todas las expectativas. Y como la lucha sigue porque no han sido satisfechas las reivindicaciones, este 8 de abril hubo una concentración exigiendo que el dinero descontado a los huelguistas se dedique a los centros educativos.

11 de febrero. Huelga general de la enseñanza en Catalunya. Una plataforma unitaria de todos los sindicatos logra una movilización sin precedentes.

11 de marzo. Huelga y manifestaciones de los profesores interinos de Andalucía. Son miles (se calcula que más del 20% de las plantillas) los que arrastran durante años una precariedad inaguantable. En noviembre de 2025 ya fueron a la huelga exigiendo empleo fijo.

14 de marzo. Bajo el lema "0 excusas, 3 razones: justicia, equidad y futuro" una manifestación del sector de 0-3 años reúne en Barcelona a varios miles de manifestantes entre trabajadoras y familias. Exigen menos ratios (de las más altas de Europa) y menos precariedad.

16-20 de marzo. El 9 de marzo CCOO y UGT llegan a un acuerdo con la Generalitat de Catalunya que no es aceptado por los sindicatos mayoritarios de enseñanza. El 16 empiezan paros por comarcas y una nueva huelga general el 20 exigiendo que se reabra la negociación. [Ver aquí una valoración del acuerdo y la movilización]

31 de marzo. Huelga en la enseñanza pública de la Comunidad Valenciana. Como en Catalunya se exige recuperar poder adquisitivo, menos ratios en las aulas, más plantillas, menos burocracia y defensa del valenciano. El 11 de diciembre de 2015 habían protagonizado otra huelga y el 28 de febrero importantes manifestaciones en las capitales de provincia. Si no hay respuesta positiva a las reivindicaciones están preparando una huelga indefinida para el mes de mayo.

7 de abril. En la Comunidad de Madrid empieza una huelga indefinida del personal de las escuelas infantiles. El pedagogo Jean Piaget escribió: "La infancia es la etapa más importante, porque aquí es donde todo empieza". Eso es lo que revindican las trabajadoras: la dignificación de la primera etapa de la educación, exigiendo menos niños por clase; mejores salarios; menos precariedad y mejora de los centros. Docentes exhaustas y salarios indignos, dicen a quién las quiere escuchar.

15 de abril. El Personal Técnico de Integración Social (PTIS) de los centros educativos públicos de Málaga van a la huelga. "Somos las manos- dicen- los pies, los ojos de estos niños más vulnerables". Denuncian incumplimientos salariales, irregularidades laborales y la falta de actuación de la Junta de Andalucía

16 de abril. En noviembre del año pasado fueron a la huelga las seis universidades madrileñas. Protestaban por la falta de recursos. Esa movilización ha continuado con una consulta para medir el rechazo al acuerdo de Ayuso con el rector. El acuerdo consiste en una inversión de 14.800 millones de euros desde 2026 hasta 2031, que pese a lo grandilocuente de la cifra supone pasar de destinar el 0,4% del PIB regional al 0,45%. Muy lejos de lo que la Ley Orgánica del Sistema Universitario, la LOSU, que obliga a alcanzar el 1%. En gasto por alumno, la Comunidad de Madrid debe a cada estudiante 1.050 euros por matrícula pagada. Entre el 20 y el 25% de los presupuestos de las universidades proviene de las tasas académicas y precios públicos, existiendo un copago encubierto de los estudios universitarios. Estas medidas no resuelven la deuda histórica e implican la eliminación de plazas docentes, la reducción de estudios de máster y grupos de grado, así como recortes en becas, ayudas a la investigación y otras inversiones vinculadas a la actividad universitaria. 7.598 personas emitieron su voto. El 95,78% de los participantes (7.278 personas) votó a favor de suspender el plan de recortes, en contra solo 302 personas 18 votos blancos/nulos.

19 de abril. Manifestación en Madrid de toda la comunidad educativa para defender la enseñanza pública.

28 de abril. Galicia no podía quedarse atrás y se ha convocado huelga general de la enseñanza. Como en el resto de comunidades es el resultado de procesos participativos y asamblearios que han servido para confirmar las malas condiciones de trabajo y las reivindicaciones urgentes del profesorado: recuperar los derechos y salarios perdidos; rebajar las ratios; eliminación de tareas burocráticas y que los enseñantes sustitutos cobren los dos meses de verano si han trabajado cinco meses durante el curso.

Negocio en sanidad, más mortalidad

Como en la enseñanza, en prácticamente todas las comunidades hay procesos de movilización en defensa de la sanidad pública. ¡Y no es de extrañar! Según datos del Ministerio de Sanidad 853.509 pacientes se encontraban en listas de espera pendientes de una intervención quirúrgica, 6.926 personas más respecto al año anterior (0,8%). Estos datos no son completos pues no todas las comunidades los contabilizan de la misma manera. Para que te atienda un especialista la espera media es de 102 días. Las comunidades con mayor espera para una intervención son Andalucía (173 días), Catalunya (142) y Extremadura (137). Para una primera visita en atención primaria se tarda una media de 9 días.

Plantillas reducidas, agotadas y con falta de incentivos, recursos insuficientes y los gobiernos autonómicos que dirigen la sanidad dedicados a concertar y/o privatizar la sanidad. Alrededor del 25% del dinero público de sanidad acaba en la medicina privada. Bien conocida es la buenísima relación de la comunidad de Madrid con la empresa Quirón, pero no se queda atrás la Generalitat de Catalunya dirigida por los socialistas, el 22,7% del presupuesto de sanidad acaba en conciertos privados.

El pasado 11 de abril, una manifestación comarcal en el Vallés (comarca de Barcelona) recorrió las calles de Terrassa para defender la sanidad pública, exigir la construcción de un hospital y medidas contra las listas de espera. Los médicos siguen manteniendo huelgas intermitentes para exigir un estatuto propio (asunto polémico en el mismo sector), mejoras salariales para frenar la fuga de profesionales y la eliminación de las guardias de 24 horas. Hay otras movilizaciones sectoriales, como la huelga los días 21 y 23 en los hospitales de Móstoles, Valdemoro y Collado Villalba.

Probablemente sea en Andalucía donde la movilización ha alcanzado una mayor proyección. El pasado 12 de abril una nueva convocatoria movilizó a miles de personas en todas las capitales de provincia. Junto a la crisis de los cribados, unas 2.500 mujeres sufrieron retrasos en sus diagnósticos sobre cáncer de mama, el sistema sanitario andaluz acumula el mayor deterioro de todo el Estado. En la encuesta de estudio de opinión del gobierno andaluz, la sanidad es el primer problema para los andaluces, mayor que el desempleo. Las políticas contra la sanidad pública han convertido a la comunidad en la de mayor crecimiento de los seguros privados, un 27% más desde que el PP gobierna, y en todas las ratios está por debajo de la media.

Como dicen las mareas blancas, cuando la sanidad es un negocio crece la desigualdad en la asistencia y la mortalidad. Por eso, al igual que en la enseñanza, tomar medidas urgentes para rescatar la sanidad pública es una necesidad de toda la sociedad. Porque se trata de derechos, que deben ser públicos y no sujetos al interés privado del mercado, que deben ser universales y con una gestión participativa y democrática para garantizar que efectivamente sean públicos y gratuitos.

Sinpermiso