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Exigen a Interior que investigue los abusos policiales cometidos en el marco de la crisis del corona
Varios agentes de la Policía Nacional rodean a una persona en las escaleras de la parada de metro Lista, en Madrid. Dos de los agentes le golpean con sus defensas policiales mientras esta persona está sentada en el suelo en actitud totalmente pasiva. La escena, grabada por una vecina desde su balcón y a la que ha tenido acceso El Salto, es una de las muchas que han corrido estos días por las redes sociales en las que se ven escenas de violencia policial durante la crisis del coronavirus. Es también una de las cuatro situaciones de violencia policial de las que la plataforma Defender a quien Defiende ha tenido conocimiento y sobre la que exige al Ministerio de Interior una investigación.
En otra de las imágenes denunciadas, dos agentes de Policía Nacional agreden a una persona tras decirle que se calle con frases como “que te calles, hijo de la gran puta”. Tuvo lugar en Sevilla y, según las indagaciones realizadas por la plataforma Defender a quien Defiende, el coche patrulla de los agentes portaba el indicativo 2N1.
“Agentes del Cuerpo Nacional de Policía, en al menos cuatro ocasiones, incurrieron presuntamente en uso de la fuerza no autorizado por los reglamentos de actuación contra ciudadanos en el marco de su actuación durante el estado de alarma, decretado por el Gobierno para la gestión de la pandemia del COVID-19”, señala la carta enviada por la plataforma Defender a quien defiende —conformada por las organizaciones Novact, Irídia, Legal Sol, el Institut de Drets Humans de Catalunya, Calala, Ecologistas en Acción y la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA)— junto a tras organizaciones entre las que se cuentan la Asociación Libre de Abogados, Red Jurídica, la Associació Catalana per a la Defensa dels Drets Humans, el grupo motos de No Somos Delito y el Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos de la Universitat de Barcelona. Estas organizaciones recuerdan que la actuación de los cuerpos y fuerzas de seguridad está regido por el principio de legalidad y respeto a los derechos fundamentales, y han exigido que se accionen los canales internos de investigación y depuración de responsabilidades.
Y es que, como recuerdan estas organizaciones, el estado de alarma no significa que los agentes de policía u otros cuerpos de seguridad puedan agredir, propinar bofetadas o insultar a los ciudadanos. “Todas estas actuaciones, pese al estado de alarma, son contrarias a los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad que deben regir cualquier acción policial”, destacan.
También señalan que desde Naciones Unidas, expertos y la alta comisionada para Derechos Humanos, Michelle Bachelet, han subrayado en dos comunicados que los estados de emergencia no pueden usarse “para la acción represiva bajo pretexto de proteger la salud”. En términos parecidos se ha expresado el Defensor del Pueblo en un comunicado emitido el 20 de marzo en el que recuerda que “los ciudadanos deben saber que, en estas circunstancias excepcionales, sus derechos más fundamentales continúan igualmente garantizados, porque la democracia no se suspende por muy difícil que sea el reto” y que “detrás, todo nuestro catálogo de derechos y libertades que, si han de ser restringidos, temporal y limitadamente, no han de perder su esencia”.
A día de hoy, según lo datos comunicados por el Ministerio de Interior, desde la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, en todo el territorio del Estado 926 personas habrían sido detenidas por desobediencia o resistencia grave a la autoridad y más de 102.000 habrían sido sancionadas por incumplir las restricciones impuestas.
