Fonsi Loaiza será juzgado por tuitear sobre el racismo institucional

Fonsi Loaiza será juzgado por tuitear sobre el racismo institucional

La muerte de Mame Mbaye tras una persecución policial en Lavapiés provocó una movilización social contra el racismo institucional, sobre el que el periodista publicó varios tuits por los que que en octubre será juzgado

Por Lorena Gómez.

El próximo 1 de octubre, Fonsi Loaiza deberá sentarse en el banquillo para ser juzgado por tuitear sobre el racismo institucional. Los hechos se remontan a 2018, cuando una persecución policial en Lavapiés terminó con la muerte por infarto de Mame Mbaye, un joven que se había ganado el cariño de todo el barrio y que llevaba más de diez años en España tratando de regular su situación. La actuación policial fue señalada y se convocaron concentraciones para denunciar el racismo institucional.

Loaiza —que acumula más de cien mil seguidores en su cuenta por su labor periodística en redes sociales— se hizo eco de lo ocurrido y se unió a la movilización social, denunciando la responsabilidad del Estado y las autoridades policiales en la muerte de Mbaye a través de Twitter. El periodista señaló el “engranaje xenófobo” de la Policía Municipal de Madrid y recordó cuando, en 2017, se destapaba un chat de agentes municipales en el que hacían apología del nazismo, alababan a Hitler y arremetían contra la inmigración, llegando a hablar de poner una bomba en Lavapiés.

A pesar de la gravedad de los mensajes, los implicados siguen en activo después de que se archivara la causa y el director de la Policía Municipal de Madrid asegurara que no existía “conducta reprochable”. Un evidente racismo estructural que el Loaiza —Doctor en Medios, Comunicación y Cultura— no dudó en denunciar tras la muerte de Mbaye: “La Policía Municipal es parte de un Estado racista”. Tuits por los que ahora será juzgado, junto a otros imputados, por un presunto delito de injurias y calumnias contra la Policía Municipal.

Una acusación posible gracias a la Ley Mordaza, aprobada por el gobierno de Mariano Rajoy en 2015 y oficialmente denominada Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana. La norma —que el pasado 1 de julio cumplía seis años en vigor— contempla los delitos de injurias a la Corona, comentarios contra los sentimientos religiosos o injurias a las instituciones del Estado. Algo por lo que varios artistas y tuiteros han pasado por los tribunales —e incluso han sido condenados a penas de cárcel, como es el caso del rapero Pablo Hasél—.

La ley fue rechazada por el Consejo de Europa, que en 2018 enviaba una carta a España en la que advertía del carácter represivo de esta e instaba a que fuera reformada para proteger la libertad de expresión y de reunión. Un señalamiento que el organismo europeo repetía el pasado marzo, cuando volvía a insistir en la reforma de la norma y destacaba el excesivo poder otorgado a las Fuerzas de Seguridad del Estado, que podía conducir a abusos contra la población. La Ley Mordaza —también rechazada por Naciones Unidas— era una de las medidas populares que el actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, prometía derogar en 2015.

La derogación de la ley aprobada por el Ejecutivo de Rajoy es uno de los puntos del acuerdo de Gobierno del PSOE con Unidas Podemos. Sin embargo, los socialistas votaron junto a Ciudadanos, Vox y Partido Popular contra la derogación de la Ley Mordaza impulsada por la CUP el pasado marzo y podrían obstaculizar la tramitación de la iniciativa de Unidas Podemos —como ya ocurrió con la Ley Trans o la ley para regular el precio del alquiler—. Una acción con la que el PSOE volvería a incumplir el acuerdo de coalición y que permitiría que personas como Loaiza continúen pasando por los tribunales por expresarse con libertad.

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