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15/01/2021 :: Estado español

Frontex, investigada por la oficina anticorrupción de la UE

x Pablo Elorduy
La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude ha confirmado que investiga las denuncias sobre sus devoluciones en caliente.Es un cuerpo que no rinde cuentas.

Frontex, la primera fuerza armada europea, investigada por la oficina anticorrupción de la UE.

Es un cuerpo que no rinde cuentas y que se prepara para una expansión sin precedentes en la Unión Europea.

El escándalo nació en Alemania y se ramifica por el centro de la Unión Europea desde diciembre. Frontex, la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras, habría participado en miles de devoluciones “en caliente” de migrantes, y la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (Olaf) —que tiene encomendada la misión de investigar las faltas graves en las instituciones europeas— está sobre la pista de una práctica ilegal y en contra de los derechos humanos.

En octubre de 2020, Der Spiegel publicó un vídeo que mostraba una de esas devoluciones en caliente. El impacto de la noticia en Alemania provocó la comparecencia de Fabrice Leggeri, director desde 2015 de Frontex, que negó que uno de los vuelos de la agencia coincidiera con la devolución, en medio del mar, de un bote con refugiados en el mar Egeo. Una devolución llevada a cabo por la guardia de Fronteras griega con el apoyo operativo de Frontex. Leggeri, según Der Spiegel, mintió en aquella comparecencia, puesto que los propios informes de Frontex confirmaban que se había producido el vuelo que el director de la agencia desmintió.

Esta semana se ha conocido, a través de los medios EuObserver y Politico, que Olaf habría comenzado, en diciembre de 2020, una investigación para delimitar el alcance de esas denuncias por las devoluciones ilegales, acoso y mala praxis. 

Ambas agencias europeas han confirmado que, desde el mes pasado, se están realizando entrevistas para aclarar las denuncias, aunque Olaf se mantiene en un silencio hermético sobre el alcance del caso.

Abusos documentados

Ylva Johansson, comisaria europea de Interior, responsable política de Frontex, tiene desde diciembre los dos volúmenes de un “libro negro” que recoge más de 20.000 casos de devoluciones en caliente, abusos en la frontera y criminalización de ONG solo en la llamada “ruta de los Balcanes”. Uno de los que le entregó el libro a Johansson fue el eurodiputado Miguel Urbán (Grupo de la Izquierda Europea, GUE), quien valora para El Salto que el Frontex “ha cogido tanta fuerza que es una agencia fuera de la ley”.

La agencia, que en principio supervisa la actuación de las policías de fronteras de los distintos países miembros pero que, de facto, puede intervenir en cualquiera de ellos sin autorización explícita, sigue en fase de expansión tras la ampliación de competencias aprobada en 2016.

Esta misma semana, las redes sociales de Frontex han presentado el nuevo uniforme de la guardia costera que se convertirá, a partir de este año, en el primer cuerpo armado autónomo de la Unión Europea, con un primer contingente de 5.000 agentes que se duplicará en los próximos seis años. A través del citado “derecho de intervención”, que no aparece en los Tratados de la UE, Frontex puede intervenir incluso en contra de la decisión de cualquier Estado miembro.


“Aunque la comisaria europea sigue cerrando filas ya está con mosca detrás de la oreja”, indica Urbán. Frontex, que contó con un presupuesto de 300 millones de euros en 2020, no publica informes de transparencia ni está siendo fiscalizada por las instituciones de la UE. “Cuando hemos llevado a sede parlamentaria a su director [Leggeri] se niega a responder, pero es que tampoco en las reuniones bilaterales da ninguna respuesta”, abunda este eurodiputado, quien se refiere a Frontex como el “ejército de la Europa fortaleza”.

Frontex es un “invento español”, que fue potenciado durante la “crisis de los cayucos” a instancias del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y del ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba

Junto a las revelaciones de Der Spiegel, en el Parlamento Europeo resuenan asimismo las denuncias sobre los abusos y humillaciones de la guardia fronteriza croata en la ruta de los Balcanes. En mayo, la ONU inquirió al Gobierno croata sobre las acusaciones de que estaban pintando con spray en las cabezas de refugiados afganos, algo que pudo pasar bajo la supervisión de la agencia.

La protestas llevaron en noviembre a Emily O’Reilly, Defensora del Pueblo europeo (Ombudsman) a iniciar un proceso de recogida de información sobre la transparencia y los mecanismos de garantía de respeto de derechos humanos en la oficina con sede en Varsovia.

Protesta contra la agencia fronteriza europea Frontex durante la cumbre del G20 de 2017 en Hamburgo. ÁLVARO MINGUITO

Equilibrios políticos

Fabrice Leggeri, refiere Urbán, es un hombre de Francia en Marcha, el partido de Emmanuel Macron, que mantiene un discurso duro anti-inmigración en el contexto de la carrera para su reelección en las elecciones francesas de 2022. Los escándalos, sin embargo, se ciernen sobre el director de Frontex. 

Pero la posibilidad de una investigación o eventual destitución del actual director de Frontex forma parte del equilibrio político europeo. Los socialdemócratas del S&D, cuya presidencia ocupa Iratxe García (PSOE) saben que abrir la puerta a una investigación de la agencia es también cuestionar la política de fronteras en un momento en el que la crisis en Canarias no está cerrada. 

Urbán refiere que, en su visita del 5 de diciembre al Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de Barranco Seco, la Policía Nacional española negó la entrada de su grupo, formado por dos eurodiputados y el diputado del Congreso Jon Iñarritu, mientras que efectivos de Frontex tenían abiertas todas las puertas.

Y es que Frontex es un “invento español”, que fue potenciada durante la “crisis de los cayucos” a instancias del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y del ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba. El modelo de memorandos de entendimiento con países de tránsito para la devolución de migrantes de terceros países, como los que España tiene vigentes con Mauritania o Senegal, y la condicionalidad de ayudas al desarrollo a la cooperación en materia migratoria son una hoja de ruta común a los grandes partidos europeos que dificulta cualquier reforma o fiscalización del Frontex.

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