¿Derecho social o violencia institucional? El ingreso mínimo vital es una estafa

El Instituto de la Seguridad Social está notificando a las personas beneficiarias del Ingreso Mínimo Vital (IMV), que se hallan en situación límite, la pérdida de su prestación -de por sí exigua- o, directamente, a menudo sin aviso, rebajarla a menos de la mitad. Y nadie atiende al otro lado del teléfono para dar explicaciones.

En los foros creados para compartir información relacionada con la prestación del Ingreso Mínimo Vital (IMV), en teoría dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social, se puede comprobar la angustia por la que están pasando muchas de las familias que se quedan sin ayuda o se ven obligadas a devolver la prestación, aunque sus circunstancias socio-económicas no hayan variado.

Gran parte de las víctimas de los “ajustes” de la Seguridad Social declaran en dichos foros estar padeciendo problemas psicológicos y emocionales por la situación en la que se encuentran desde el 24 de diciembre pasado.

Estas familias han vivido unas fiestas muy amargas por las resoluciones que están recibiendo del Instituto de la Seguridad Social, notificándoles la pérdida de su prestación por unas “cuestiones técnicas” que no comprenden.

En su desesperación, buscan una explicación urgente en el Instituto, pero nadie responde a los números de teléfono de atención al público. El mundo se les viene abajo, sienten sobre sus espaldas el enorme peso de la desesperanza, la angustia y el miedo. 

Algunas personas perceptoras del IMV manifiestan que están siendo objeto de reclamaciones económicas. Personas que, además de quedarse sin ayuda, deberán devolver las cantidades cobradas a pesar de acreditar insolvencia, necesidad y tener una renta miserable.

Son madres y padres que no han podido dar a sus hijos una cena digna de año nuevo, ni regalos de Reyes, y que afrontan un doloroso inicio de año. Sus cuentas están en números rojos y se hallan embargados por el miedo a verse en la absoluta miseria (con el riesgo que normalmente ello conlleva de que les arrebaten la custodia de sus hijos menores).

Aunque se trata de una ayuda económica para personas sin recursos, de duración indefinida y de ámbito nacional, el IMV solamente cubre al 10% de la población vulnerable a nivel estatal (ese 26% de personas que viven en la pobreza y en riesgo de exclusión social). 

Aunque las personas beneficiarias constituyen un reducido porcentaje, parece que los nuevos ajustes practicados por la Seguridad Social están destinados a reducir aún más la población beneficiaria.

De todos los comentarios que se han podido leer en el foro "Ingreso Mínimo Vital Consultas 2021", podemos entresacar este que reproducimos por su claridad y contundencia:

Mientras tanto, no hay indicio de que sobre esta deplorable situación se hayan pronunciado el ministro de la Seguridad Social, José Luis Escribá, o la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, en cuya página web institucional se puede leer que el IMV “no sólo constituye un avance en clave nacional, sino que hace de España un referente en materia de justicia social”.

Y muchas nos preguntamos ¿Qué entiende el que se supone que es "el gobierno más progresista de la historia de España" por “justicia social”? ¿Dejar abandonas a su suerte a familias trabajadoras con hijos en coyunturas difíciles por desempleo u otras contingencias? ¿Habilitar teléfonos a los que nadie responde?

canarias-semanal.org