¿Estructura de la corrupción? El caso de España

En contraste con los que caracterizan la corrupción como un fenómeno asociado a la desviación de lo legalmente correcto, causado por la decadencia moral o ideológica de algunas personas, y encuentran su solución en el escarmiento penal más severo, este artículo la presenta en su naturaleza política y social, como déficit democrático estructural del sistema, y orgánica a un orden de poder real donde se reproduce. Expresamente escrito por su autor para Catalejo, este conciso análisis demuestra que la corrupción no se implanta, como sostienen algunos, en los excesos de un modelo económico estatista urgido de privatización, y penetra, más allá de la coyuntura y el caso examinados, en la fenomenología de la corrupción en el mundo contemporáneo.

Indignación y estupefacción son probablemente las dos palabras que mejor definen el estado de ánimo de la ciudadanía española ante la inesperada acumulación de casos de corrupción política aflorados en los últimos meses. Esta semana, sin ir más lejos, son al menos 60 las personas detenidas en diversas operaciones policiales a lo largo y ancho de nuestra geografía.
Operaciones que vienen a sumarse a otras que tocan, cada vez más de cerca, a los centros directivos de los llamados “partidos mayoritarios” (PP y PSOE).

No es que España sufra en estos momentos mayores ni más intensos episodios de corrupción política que en el pasado: de hecho la corrupción es endémica, estructural, y sería más correcto hablar de “estructuras de corrupción” que de “casos de corrupción”. Esto es, el “pelotazo” ocasional del político arribista se nos antoja casi inofensiva en comparación con las tramas que desde hace años están incrustadas en todas las estructuras del Estado.

Asumiendo que la corrupción política ha estado siempre presente en la vida política española, dos son, en mi opinión las características novedosas de la situación actual.

De una parte el descubrimiento de carácter extensivo de la corrupción: todas las estructuras institucionales del Estado, empezando por la Corona (“caso Nóos”) han sido salpicadas por estas prácticas intolerables en sus muy diversas modalidades. Esto supone cierta pérdida de “inocencia política” por parte de la ciudadanía, convencida hasta hace bien poco del irreprochable comportamiento del rey y de sus familiares directos. Y otro tanto ha sucedido con el descubrimiento de las tramas corruptas que implicaban a líderes políticos históricos, como el caso del nacionalista catalán Jordi Pujol.

La segunda característica distintiva de los nuevos tiempos es la actitud de la judicatura. Los jueces (sin lugar a dudas el sector más conservador de todo el entramado institucional del Estado) han optado tradicionalmente por hacer caso omiso de las denuncias de corrupción que salpicaban a los principales partidos políticos del país, aduciendo tácitamente que tales denuncias formaban parte de la lucha partidista y que, como tal, debían dirimirse en el ámbito parlamentario, no en sede judicial. Así, durante décadas, hemos visto como las denuncias realizadas por particulares, asociaciones o partidos políticos ante casos concretos, eran archivadas o condenadas a la caducidad.

¿Por qué ahora y no antes se produce este aluvión de operaciones policiales y con una activa participación judicial?

En primer lugar existe el mar de fondo de la crisis económica que atenaza a los hogares españoles desde la implosión de la burbuja inmobiliaria en 2008. Tradicionalmente, los españoles han sido muy tolerantes con las grandes corruptelas políticas mientras la bonanza económica les ha permitido disfrutar de prosperidad personal. Prueba de ello es que los ciudadanos no han castigado en las urnas a políticos manifiestamente corruptos hasta hace bien poco. El español ha sido educado tácitamente en la idea de que la corrupción es una suerte de peaje a pagar por vivir en democracia, un peaje relativamente aceptable si comparamos el funcionamiento de nuestras instituciones con las de cuarenta años de dictadura franquista. Si a ello le sumamos una buena provisión de servicios públicos (educación y salud) y la no menos tradicional apatía política de los ciudadanos, es fácil comprender como hemos llegado a esta situación.

Con la crisis económica llegaron niveles de desempleo históricamente elevados (desde 2010 la tasa de paro es superior a 20%) y políticas neoliberales que facilitaron y abarataron los despidos individuales y colectivos (ERE), la deslocalización de las grandes empresas industriales, y el recorte de todo tipo de prestaciones (becas, pensiones, prestaciones por desempleo, ayudas a la natalidad, etc) y servicios públicos, justo en el momento en que estos eran más necesarios para una población empobrecida.

Tal es el estado de malestar con las políticas gubernamentales que incluso los jueces, por vez primera en nuestra historia democrática, fueron convocados a la huelga por sus asociaciones profesionales.

En segundo lugar creo digno destacar el “caso Nóos” y la valiente actitud del juez instructor (Sr José Castro) que a pesar de las numerosas presiones del Gobierno de la nación y de los medios de comunicación que le son afines, ha logrado cerrar la instrucción de un proceso judicial muy complejo en el que están imputados miembros de la Familia Real. Por vez primera en la historia reciente de España un juez se atrevía a procesar a miembros del entorno directo del rey. Ha de tenerse en cuenta que la legitimidad de la monarquía no sólo reside en la Constitución, sino en la enorme popularidad y fuerza moral que al rey se le presuponía por su papel destacado en la Transición de la dictadura franquista  a la democracia, y en la intentona golpista del 23 de febrero de 1981. En el imaginario colectivo, el exitoso cierre de la fase de instrucción judicial desprovee a la Corona y al resto de instituciones (también a los partidos políticos) del halo de inmunidad / impunidad con el que se han conducido durante décadas.

Como antes decíamos, las tramas corruptas que en los últimos años se están descubriendo tienen un carácter estructural: no sólo porque hemos conocido que operaban sistemáticamente y desde hace años, sino porque el diseño de las instituciones políticas facilita que estas tramas se constituyan y pervivan en el tiempo.

De particular importancia es el sistema electoral. Por su diseño favorece que un mismo partido político (y los mismos candidatos de ese partido) permanezca varias legislaturas al mando de una institución, generándose un sentimiento de impunidad que opera en un doble sentido: el político se siente inmune frente a las sanciones judiciales y las del electorado (pérdida de votos), y el votante desiste de utilizar el voto como herramienta para sancionar las prácticas corruptas. Así, ministros o alcaldes manifiestamente corruptos se eternizan en sus respectivos puestos mando.

Efectivamente, el sistema favorece la concentración de voto y obtención de mayorías absolutas aun cuando el partido ganador no haya obtenido ni 50% de los votos, según lo establece la Ley D´Hondt.[1] Además las campañas electorales son muy costosas y el acceso a los medios de comunicación de masas, muy limitado. Según datos del Tribunal de Cuentas, la campaña electoral de 2011 tuvo un coste de 63 millones de euros, de los cuales 64% correspondió a PP (21,6 millones) y PSOE (19,3 millones), dos de los 19 partidos políticos que concurrieron a esos comicios.

Hay que entender que, como sociedad capitalista moderna, vivimos en lo que Guy Debord denominó “sociedad del espectáculo”: el espectáculo es la principal mercancía generada por nuestro sistema productivo, y las relaciones entre personas (también las relaciones políticas) están muy mediatizadas por el espectáculo. La incapacidad para acceder a los medios de comunicación de masas, directamente o mediante el “arrendamiento” de líderes de opinión, elimina toda posibilidad de éxito electoral. Y nada de eso es gratis.
Por eso una abundante financiación resulta determinante para obtener un buen resultado electoral.

Además, el propio funcionamiento cotidiano de los partidos es muy caro: en un año no electoral como 2012, el PP gastó 80 millones de euros y el PSOE otros 78.

No es de extrañar que las principales tramas de corrupción sometidas actualmente a investigación afecten a la financiación ilegal de PP (“caso Gürtel”, “caso Bárcenas”, “operación Púnica”) y PSOE (“caso de los ERE de Andalucía”), los dos grandes partidos burgueses que desde 1982 se alternan en el Gobierno de España y en el de casi todas las Comunidades Autónomas, con excepción de País Vasco y Cataluña. Tampoco escapan a los escándalos de corrupción los partidos nacionalistas, esto es, formaciones políticas que defienden en mayor o menor grado la independencia de algunas Comunidades Autónomas concretas. Es el caso de Cataluña, gobernada entre 1980 y 2003 (y de nuevo desde 2003 hasta la actualidad) por la coalición CiU liderada por el veterano político Jordi Pujol: en junio se destapó la trama de corrupción de vincula a toda su familia directa y que le habría permitido amasar una fortuna de unos 1.800 millones de euros, depositados en diversos paraísos fiscales.

A estas alturas dos grandes dudas se ciernen sobre la escena política.

La primera de ellas es si, después del importante e inopinado impulso que la investigación de las tramas de corrupción  ha recibido desde la judicatura, el propio sistema judicial será capaz de digerir eficazmente tal acumulación de procesos judiciales. Como hemos reseñado, buena parte de las tramas comenzaron a investigarse allá por 2009 y continúan en fase de instrucción. Como era de esperar los dos partidos mayoritarios han hecho todo lo posible por obstaculizar las investigaciones que les afectan, bien personándose en las causas con el ánimo de dilatar en el tiempo los procesos o provocar su nulidad, bien destruyendo pruebas judiciales o bien tratando de desautorizar, con la complicidad de los medios de comunicaron que les son afines, la labor de los jueces. No es exagerado afirmar que la ciudadanía confía poco en que los corruptos sean sancionados con severas penas de cárcel y, menos aún, que devuelvan al erario público siquiera una mínima parte de lo robado.

La segunda duda es cómo resultará afectado el sistema político, cuestión sobre la cual es aun pronto para pronunciarse. De momento la acumulación de procesos judiciales se ha cobrado una primera víctima de gran alcance al precipitar la abdicación del rey Juan Carlos I, acuciado por la pérdida de popularidad y el temor a la efervescencia republicana. La segunda víctima, si bien no hay evidencias concluyentes, sería el propio modelo bipartidista: en las elecciones al Parlamento Europeo, celebradas en España el pasado 25 de mayo, PP y PSOE obtuvieron por primera vez menos de la mitad de los votos emitidos, 48,2% concretamente. Tengamos en cuenta que en las anteriores elecciones europeas (2009), ambos partidos sumaron 80,4% de los votos emitidos. Sin lugar a dudas se trata de un importante castigo a la mala gestión de la crisis económica y a su implicación en las tramas de corrupción. Habrá que esperar a los próximos comicios (para mayo de 2015 están previstas elecciones autonómicas y municipales) para saber si estamos ante una verdadera quiebra del modelo bipartidista nacido de la Constitución de 1978.

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José Francisco Bellod es profesor de la Universidad Politécnica de Cartagena, España. Miembro del Consejo Asesor de Temas. bellodredondo@yahoo.com

[1] Regula el sistema vigente en la Ley Orgánica de Régimen Electoral General de 1985, para asignar cargos electos más que proporcionalmente al porcentaje de votos. Este sistema reparte escaños según circunscripciones por provincias (hay 50), en vez de por Comunidades Autónomas (hay 17), de forma que los partidos pequeños no obtienen representación en pequeñas provincias y sus votos quedan sin representación. Así, por ejemplo, en las elecciones de 2011 el PP obtuvo 53% de los diputados con solo 44% de los votos, el PSOE obtuvo 31% de los escaños con 28% de los votos y sin embargo Izquierda Unida solo 3% de los escaños a pesar de obtener 7% de los votos.

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