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Investigada también por torturas la unidad antidroga de Mérida
Tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas, denuncia falsa, delitos contra el patrimonio, falsedad documental, blanqueo de capitales, receptación, infidelidad en la custodia de documentos, revelación de secretos, omisión del deber de perseguir delito y, como colofón, torturas. Esta es la lista de delitos recogidos en las diligencias iniciadas el 14 de septiembre, en el marco de la operación denominada Minuro-Peces, que tuvo como resultado inicial numerosos registros ―fundamentalmente en la ciudad de Mérida pero que se extendieron a otras localidades de Badajoz― y que concluyó con 25 detenidos, entre ellos la totalidad de la unidad de estupefacientes de la capital extremeña y un guardia civil de Garrovillas.
Cuatro de los agentes permanecen a día de hoy en el centro penitenciario de Estremera (Madrid), en un módulo especial de seguridad exclusivo para los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, al haberse decretado para ellos prisión provisional sin fianza.
CORRUPCIÓN POLICIALDetenido al completo el grupo policial de estupefacientes de Mérida en una operación antidroga
REDACCIÓN EL SALTO EXTREMADURA1
La defensa de los acusados, que sostiene que sus defendidos serían responsables, como máximo, de la comisión de “infracciones administrativas”, niega los hechos que se les imputan y espera que puedan finalmente salir bajo fianza, como los seis arrestados dependientes de las diligencias instruidas por el Juzgado de Torrevieja (el primero que inició las investigaciones al tener conocimiento de la posible comisión de delito dentro de la unidad policial), el policía nacional que sí declaró en sede judicial (los cuatro restantes se negaron) y el único agente de la Benemérita imputado.
De acuerdo con las informaciones de Canal Extremadura, las fianzas depositadas hasta la fecha han oscilado entre 6.000 y 8.000 euros. Continúa, por otra parte, la toma de declaraciones, y el 15 de noviembre está previsto que se personen en el Juzgado siete personas en calidad de perjudicados por las actuaciones del grupo policial disuelto. Es una de ellas quien habría formulado la denuncia por torturas, amenazas y extorsión.
El 15 de noviembre está previsto que se personen en el mismo Juzgado siete personas en calidad de perjudicados por las actuaciones del grupo policial disuelto. Es una de ellas quien habría formulado la denuncia por torturas, amenazas y extorsión
El delito de torturas, recogido en el artículo 174 del Código Penal, señala que “comete tortura la autoridad o funcionario público que, abusando de su cargo, y con el fin de obtener una confesión o información de cualquier persona o de castigarla por cualquier hecho que haya cometido o se sospeche que ha cometido, o por cualquier razón basada en algún tipo de discriminación, la sometiere a condiciones o procedimientos que por su naturaleza, duración u otras circunstancias, le supongan sufrimientos físicos o mentales, la supresión o disminución de sus facultades de conocimiento, discernimiento o decisión o que, de cualquier otro modo, atenten contra su integridad moral”.
Policías siniestros sin punto final
Las estadísticas anuales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) señalaron que, en el periodo entre 2013 y 2019 fueron registradas 448 condenas por el delito de tortura. Las penas que se contemplan en su regulación van de uno a seis años de prisión, además de comportar de ocho a 12 de inhabilitación absoluta para el desempeño de cargo público.
En el informe del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (órgano dependiente del Defensor del Pueblo) aparecen recogidas anualmente las denuncias y procedimientos abiertos contra agentes de la autoridad por este tipo de delitos, si bien fuentes independientes señalan que estos constituirían solo una fracción de un número de casos muy superior. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH, también llamado Tribunal de Estrasburgo) ha condenado diez veces a España por no investigar denuncias de tortura. En el 70% de esos casos el juez instructor resultó ser Fernando Grande-Marlaska, actual ministro el Interior.
