IRPF: Solbes al ataque

Las declaraciones desde el Ministerio de Hacienda, de que «el 99,5% de los contribuyentes pagará menos impuestos en 2007» con la nueva Ley del IRPF, inducen por sí mismas a sospecha. Primero, por su exclusiva referencia al próximo año sin referir qué ocurrirá a partir de esa fecha. Pero sobre todo, porque con una primera observación de los datos hay tres elementos que llaman la atención: la rebaja del Impuesto de Sociedades -sobre los beneficios empresariales- en un 5%; la reducción de un 2% a las nóminas más altas; y la supresión de un tramo del impuesto con el aumento de un 9% sobre las nóminas más bajas obligadas a tributar.

Mientras se retrasa la renegociación del Pacto de Toledo -pensiones-, hasta después de una negociación del mercado laboral a la que le tiemblan las tres patas, el Gobierno pone en marcha una reestructuración fiscal que aumenta la presión sobre los trabajadores, que favorece el sostenimiento estructural de los beneficios empresariales y de las grandes fortunas, y que busca fomentar aún más, entre los trabajadores y la clase media acomodada, el denominado capitalismo popular.

La contrarreforma fiscal, cuyo inicio data el economista Juan Francisco Martín Seco en 1988, cuando los frutos positivos de los Pactos de la Moncloa en esta materia son revertidos por el definitivo viraje neoliberal del PSOE, y que abre un proceso de trasvase de fondos y recursos de los asalariados a las empresas y las rentas altas, lo recoge hoy este mismo partido en el punto en que lo ha dejado el PP, parece que con voluntad de continuidad.

Ya el programa electoral del Zapatero, incluía una propuesta como la introducción de un tipo único del IRPF -un mismo porcentaje para todos sin tener en cuenta la diferencia de rentas-, que todavía en los ochenta era impensable en una política simplemente socialdemócrata o keynesiana, pero que fue uno de los guiños del equipo económico de Ferraz.

La propuesta se diluyó rechazada incluso por los especialistas en la materia afines al PP, y por la previsible conflictividad con CCOO y UGT, pero el paquete general preparado por el binomio Miguel Sebastián-Jordi Sevilla y hoy atado en corto y ejecutado por Pedro Solbes, va en esa misma dirección.

Después de muchas vueltas, el proyecto definitivo que presentó el ejecutivo el pasado día 10, ha sido recibido con extrema frialdad por economistas propios y ajenos, por UGT-CCOO y la CEOE, y por la propia oposición del PP.

Por su parte, con cierta cansina tibieza ERC y el grupo parlamentario Izquierda Verde -IU e IC/V-, se han conformado con añadir algunos aliños propios en materia de pequeñas empresas y fiscalidad verde.

Por cierto, que en relación con esto último, no se ha resaltado ni desde el ministerio ni por los medios de comunicación, es la reducción «de hasta cinco puntos porcentuales el tipo de gravamen de las entidades dedicadas a la exploración, investigación y explotación de hidrocarburos, hasta situarse en un 35 por ciento», una cuestión que dirán los acontecimientos si neutraliza parte de los efectos que pudiera tener una fiscalidad verde sobre los beneficios de empresas con actividades dedicadas a la explotación de recursos.

No obstante, a pesar del discreto y casi nulo debate -el PP se ha limitado a pedir que se dejaran de cobrar no 4.500 sino 14.000 millones de euros-, el nuevo paquete fiscal de Solbes, no es precisamente inocente ni inocuo.

Rebaja del Impuesto de Sociedades

La rebaja del Impuesto de Sociedades es un buen ejemplo de que, sí bien con pies de plomo, se abre una etapa de transformaciones en profundidad que afectarán directamente a la relación entre riqueza y pobreza, y en fin, a las características y la relación entre el estado y la estructura de clases en el estado español.

De las cosas dichas en voz alta, la eliminación de las deducciones y beneficios fiscales de los que han disfrutado las empresas hasta ahora, es un reconocimiento taimado de la transferencia de fondos de los asalariados a las grandes empresas. Estas, bajo la cobertura retórica de la productividad y la creación de empleo, han consumido cientos de millones de euros, sin responder a las resultados anunciados.

Al respecto, dice la exposición de motivos del Proyecto de Ley: «en muchos casos, los estímulos fiscales a la inversión son poco eficaces, presentan un elevado coste recaudatorio, complican la liquidación y generan una falta de neutralidad en el tratamiento fiscal de distintos proyectos de inversión».

Dicho en román paladino, los privilegios fiscales concedidos a las empresas, no han generado empleo ni la redicha productividad, han engrosado la cuenta de beneficios de algunas empresas y menguado las arcas estatales que además lo han tenido difícil para cobrar, y los beneficiarios han sido un conjunto de grandes corporaciones, a pesar de que estas ventajas se justificaran como ayudas a la pequeña inversión y la Pequeña y Mediana Empresa.

Seria interesante, por cierto, un índice referente a esta cuestión como el que respecto a los fondos europeos para el sector agrarío, ha señalado a un 3,2% de grandes terratenientes como beneficiarios del 40% de las ayudas de la PAC.

Ante un panorama como este, parece que la rebaja del 5% del Impuesto de Sociedades, responde básicamente a la simplificación del sistema de atajos, fintas y agujeros, que hasta ahora le ha permitido eludir a las empresas buena parte del pago a la hacienda estatal.

Mucho de lo ahorrado por virtud de la ingeniería fiscal, ahora se hará con una simple resta, así que, lo que ha sido una perversión tácita del sistema fiscal, simplemente se normaliza como una situación de hecho.

Pero lo sustancial de esta medida no está tanto en los beneficios económicos inmediatos, como en la mejora y el asentamiento estructural de las empresas y sus beneficios, respecto a un futuro a medio y largo plazo y unos posibles malos tiempos económicos.

La reducción de este impuesto, es la primera en treinta años después de que incluso el tandem Aznar-Rato se tentara bien las enaguas antes de intentarla, lo que es un indicio razonable para considerar que algunos de los cambios introducidos señalan una nueva etapa y algunos saltos cualitativos y cuantitativos.

Ya con esta reforma, a falta de unos ajustes futuros mas que previsibles, el porcentaje que pagarán las Pequeñas y Medianas Empresas (25%), es idéntico al que tendrán que pagar los trabajadores con menor salario (24%).

Teniendo en cuenta que el alcance temporal de la reforma se sitúa entre el 2011 y el 2014, y que la tendencia es a reducir los tramos de IRPF y la tasa del Impuesto de Sociedades, es mas que probable que en algo mas de una década, El Corte Inglés, Telefónica, Mercadona o Pizza-Hut, pagarán igual o menos porcentaje sobre sus beneficios, que el que paguen un cartero, un yesista o una teleoperadora sobre su nómina.

La consecuencia histórica y la mas visible es, lógicamente, una mejora directa de las cuentas empresariales, pero sobre todo su protección ante un eventual empeoramiento del escenario económico.

Se redobla el peso sobre las rentas del trabajo y las rentas bajas

Lo que la ley depara en un futuro cercano y frente a un posible ciclo económico negativo para la mayoría trabajadora y precarizada, es exactamente lo contrarío al regalo hecho a las empresas vía Impuesto de Sociedades. Eso a pesar de que entre las justificaciones de la nueva Ley del IRPF, el ministerio cita «una disminución en la tributación del factor trabajo».

Se anuncia un aumento de la cantidad mínima personal exenta del impuesto (de 283 a 420 euros/mes). Una rebaja de impuestos (una medía de un 17%), para un sector de trabajadores que pagaba por encima del 30%. También un tramo cero para los ingresos anuales inferiores a 9.000 euros (750 euros mensuales).

Pero estos aspectos beneficiaran a una parte de la población, a una mayoría la dejarán exactamente donde está, y en general, sus efectos positivos no pasarán de ser coyunturales, ya que entre otras cosas las modificaciones citadas son mas que modestas.

Empezando por el mínimo vital, esos 420 euros/mes (55 euros semanales), son tan exiguos que ni siquiera puede decirse que adapten la cifra oficial a los estándares de vida reales, y por tanto su cambio no tendrá excesivo alcance.

De los que quedarán exentos por el tramo cero, la inmensa mayoría son los 5.147.257 jubilados que cobran entre 6.000 y 7.000 euros anuales; los parados sin ingresos o los 2.928.266 parados que cobran una medía de 2.441 euros anuales; y los 4.649.655 precarios cuyos ingresos mensuales a duras penas alcanzan los 5.000 euros anuales. Todo este sector, ya estaba exento anteriormente y por tanto su situación no variará.

El aumento del límite exento hasta los 9.000 euros, en realidad beneficiará tangencialmente a una parte de los asalariados, aproximadamente 1.870.439 personas, que con una medía de 7.770 euros anuales, superando levemente el límite exento, hasta ahora en aproximadamente 7.300 euros, se veían obligados a declarar. Pero esta, por cierto, es una interesante bolsa de votos frente a unos posibles comicios apretados.

Sobre esto, aunque la respuesta y la atención dedicada por CCOO ha sido la que se da a un tema menor, en un escueto comunicado el sindicato le da la vuelta a las cifras ofrecidas por el Ministerio de Economía y Hacienda, señalando que el 30% del ahorro de impuestos en 2007 se concentrará en «menos del cinco por ciento de los contribuyentes»

Todo indica que la mayor densidad de ahorro la obtendrán los cuadros medios y altos, ejecutivos, consejeros etc: «en la reforma mejora de manera innecesaria la posición de las personas con mayor renta al rebajar el tipo marginal máximo (del 45 al 43%) y aumentar la cantidad de ingresos a partir de la cual entra en funcionamiento (de 46.818 euros a 52.360 euros)». No hay que olvidar, además, que en diez años este tramo del IRPF ha pasado de pagar un 56% a un 43% (un 13% menos).

Pensando en los efectos estructurales y a largo plazo de estas medidas, la supresión de un tramo de la renta y el aumento del tramo mínimo al 24%, solo puede cargar aún mas presión fiscal sobre las rentas mas bajas.

La realidad es que lo que dentro de un año -un 2007 de calentamiento electoral, por cierto-, algunos encontrarán como un ahorro, a partir del 2008 será simplemente una absoluta desproporción, un crecimiento de la grieta entre la carga fiscal de los mas ricos y los mas pobres.

Sobre todo si tenemos en cuenta que las rentas del trabajo ya aportan 80% de lo que recaudan las arcas estatales a través del IRPF, si le añadimos el peso mayor aún de los impuestos indirectos cuyo coste también se asienta en los asalariados, la presión sobre las rentas del trabajo puede convertirse en la fuente casi exclusiva sobre la que se sostiene el régimen fiscal español.

IRPF: Penalización del trabajo y bonificación de las rentas de capital

En esta línea, la división del cobro del IRPF en dos bloques diferenciados, da otro paso mas de lo que puede denominarse como penalización fiscal del trabajo asalariado.

Este impuesto, hasta hoy y en teoría, se cobra en función de la capacidad económica de las personas y las familias, haciendo un cálculo conjunto según los bienes en propiedad y las rentas del trabajo obtenidas a lo largo de un año.

El nuevo impuesto segrega las rentas del trabajo de lo que llama «rentas derivadas del ahorro», donde se mezclan desde las rentas de capital -los dividendos empresariales o los beneficios accionariales-, hasta los planes de pensiones, la vivienda o la cuenta corriente. El primer bloque está sometido a un porcentaje mínimo del 24% y un máximo del 43%, mientras que el segundo bloque tributa a un tipo único del 18%.

Sobre esto, el pasado mes de febrero, el economista Juan Francisco Martín Seco, avisaba lo siguiente:

«El núcleo se encuentra en consolidar definitivamente el carácter dual introducido en el impuesto por el PP con una tarifa progresiva (aunque cada vez menos progresiva) para las rentas del trabajo y un tipo proporcional mucho más bajo para las rentas del capital (eufemísticamente lo llaman tributación del ahorro). La injusticia social es evidente, al tiempo que contradice los principios en que se asienta un impuesto sobre la renta moderno y progresivo que debe gravar a la totalidad de la renta, independientemente de cuál sea el origen del ingreso y que si alguna discriminación cabe hacer es beneficiar las rentas del trabajo frente a las del capital» («La reforma fiscal», Estrella Digital 2/2/06)

Para situarnos, mientras lo que vertebra la economía personal y familiar de la mayoría de la población es, cuando existe, la nómina; los ingresos que atesoran personajes como Emilio Botín, las Koplowitz, Florentino Pérez y otros tantos anónimos, provienen fundamentalmente de dividendos empresariales y accionariales. A lo que hay que añadir que los Planes Privados de Pensiones o la inversión en vivienda, ya cuentan con importantes exenciones de impuestos, además de ser refugios habituales de las grandes fortunas y del dinero negro.

En el caso de la vivienda, aunque se han eliminado algunos privilegios fiscales, aún se mantiene una exención 15%. Al respecto, el profesor de la Universidad Pompeu Fabra, Antoni Duran-Sindreu, señalaba en un articulo publicado en diciembre del 2005 por el diario El Mundo, que los principales beneficiarios han sido «ciudadanos de rentas medias o altas que, sin necesidad de hipotecarse, lo hacen tan sólo, para beneficiarse de la correspondiente deducción» (El Mundo, 4/12/05).

En lo que toca a los Planes Privados de Pensiones, aunque hasta ahora existía un tope de 24.250 euros anuales libre de impuestos, todavía se podrán invertir hasta 10.000 euros anuales (2 millones de pesetas) sin tributar a hacienda. Si tenemos en cuenta que el propio Ministerio de Economía y Hacienda reconoce que la medía invertida en Planes Privados no supera los 2.000 euros anuales, el tope de los 10.000 euros sigue siendo un regalo al fraude fiscal.

Esto se complementa con la practica eliminación del Impuesto sobre Sucesiones; la creación de un Mercado Alternativo Bursatil (MAB) donde cotizarán las SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) en las que las grandes fortunas agrupan su capital patrimonial; y el escandaloso boicot al código sobre transparencia y buena conducta propuesto por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), de la mayoría de las grandes empresas, desde Telefónica al Banco de Santander, que no quieren ni oír hablar de transparencia en las retribuciones de sus directivos.

Volviendo al impuesto, lo que hasta ahora era una realidad de hecho en del sistema fiscal español, que sale mas barato ser accionista que ser trabajador, no trabajar que trabajar, vivir de las rentas que vivir del esfuerzo, queda legitimado por ley en la nueva estructura del IRPF.

Explotación de la capacidad de deuda y capitalismo popular

Pero además de consolidar las diferencias económicas, esta nueva concepción pretende incidir de manera general en el gasto, los hábitos y la planificación microeconómica de los asalariados.

La división entre rentas del trabajo y «del ahorro», ataca directamente la relación estructural entre necesidades básicas, ingresos y gastos, confundiendo ahorro con economía especulativa y dando un trato de favor a los productos financieros y de seguros.

Mientras por un lado se penalizan los ingresos que cubren las necesidades básicas y cotidianas, por el otro se privilegia lo que los economistas social-liberales gustan llamar cultura de la inversión o capitalismo popular -el plan de pensiones, el coche y el seguro, el seguro de vida, la segunda, tercera o cuarta vivienda...-, y que no es otra cosa que la máxima explotación de la capacidad de deuda individual y colectiva.

En general, se pretende reforzar una mentalidad incipiente y generalizada de pequeño acumulador de capital, que a la vez que huye de la hacienda estatal se pone en brazos de Bancos, Cajas de Ahorro y aseguradoras, dedicando cada vez menos recursos a la vivencia, la supervivencia y el disfrute material, y mas a la creación de una pequeña fortuna entre una selva de créditos.

En este sentido, las primeras beneficiarias de la reestructuración del impuesto no serán otras que las entidades financieras y de crédito, que se encuentran con un nuevo contexto claramente favorable, que permitirá renovar el paquete de productos financieros y crediticios.

Por otro lado, muy probablemente, esa especie de fobia a la nómina que ya existe ya en ciertos sectores, provocará la búsqueda de formas y conceptos de cobro distintos al salario propiamente dicho que permitan desviar fondos al paquete del 18%, con la lógica repercusión en el nivel de los salarios.

Todo junto, no puede hacer otra cosa que favorecer la economía sumergida y la cultura del trabajo y el dinero en negro, que en un futuro no muy lejano le darán materia a la plantilla del Instituto Nacional de Estadística para hacer rigurosos estudios con cifras escandalosas, y que por otra parte introducirán mucha mas de esa deseada desregulación del mercado de trabajo.

La política económica del social-liberalismo

En realidad, la política económica depende mucho de la química entre distintos factores puestos en funcionamiento, como la propia política fiscal, las negociaciones y modificaciones del marco de relaciones laborales o el consenso en materia de pensiones.

Pero, si bien es cierto que la próxima negociación del mercado de trabajo con la CEOE de Cuevas y CCOO-UGT y la renovación del Pacto de Toledo, serán las que den una perspectiva mucho mas amplía del alcance real que tendrá el nuevo IRPF en la vida cotidiana y en la situación social de la mayoría de la gente, este Proyecto de Ley en si mismo, es suficiente para saber cual es el camino escogido por el gobierno Zapatero en materia económica.

Por un lado, el aumento de las diferencias sociales y económicas, y por otro la búsqueda de la máxima explotación de los fondos y los recursos de la masa asalariada y precarizada.

Este doble fondo, atravesado por una ficción inherente y característica a los planteamientos social-liberales, en el que con sus particularidades coinciden tanto Zapatero como Tony Blair o Shroeder, de que sin tocar a las grandes fortunas ni los beneficios empresariales, puede hacerse justicia social en el mercado, solo con convertir en emprendedores y accionistas a un cartero, un yesista o una teleoperadora.

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