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La Audiencia rechaza recurso del policía que mintió sobre la carga del 2F,se sentará en el banquillo
La Fiscalía solicita por el delito de falso testimonio la pena de un año y nueve meses de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y una multa de 3.240 euros / La acusación particular 3 años de cárcel
La Audiencia Provincial de Valladolid ha rechazado el recurso presentado por el policía 72339 que mintió en el juicio sobre la brutal e injustificada carga policial que tuvo lugar el 2 de febrero de 2014 a las puertas del restaurante La Parrilla de San Lorenzo donde estaban comiendo dirigentes del PP.
La sección cuarta acaba de dictar un auto por el que desestima el recurso al entender que “las diligencias instructoras practicadas, contienen suficientes indicios de delito para continuar el procedimiento”.
La Audiencia confirma así lo ya recogido en el auto de imputación recogido el pasado 8 de enero del juzgado de instrucción 5 de Valladolid que dijo que “de lo actuado se desprende que el día 19 de abril de 2018, se celebró el juicio oral en el Juzgado de lo penal nº 3, de Valladolid, P.A. 355/16, en el que declaró como testigo el investigado en su condición de agente de la Policía Nacional nº 72339, pese a estar advertido de la obligación de decir verdad en causa penal, y de las consecuencias legales en caso contrario, faltó a la verdad sobre lo ocurrido en el incidente ocurrido el día 2 de febrero de 2014, sobre las 13:45 horas, ya que sostuvo que el Sr. Hernández Baraja le propinó un pisotón en el pie derecho, y que dicho pisotón fue intencionado, así como que él no le pegó”.
El vecino que se manifestaba, Juan Hernández Baraja resultó absuelto de los delitos que se le imputaban al haber retirado la acusación el Ministerio Fiscal en una resolución que fue dictada in voce por el propio juez en la sala de vista donde se celebraba el juicio.
De esta forma, el agente acusado de mentir en el juicio tendrá que sentarse en el banquillo de los acusados para enfrentarse a una petición de pena de un año y nueve meses de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y una multa de 3.240 euros por parte de la Fiscalía. La Acusación particular solicita inicialmente una condena mayor: tres años de cárcel al entender que es pertinente aplicar el tipo agravado por tratarse de un funcionario público.
Una vez resuelto este recurso por parte de la Audiencia Provincial, se abre un plazo para que el acusado presente su escrito de defensa y se trasladen los autos al juzgado para que se fije fecha para la vista oral.
Al margen de este procedimiento, la Asamblea de Afectados por la brutal carga policial del 2F mantiene abiertos dos procedimientos más: Uno exigiendo responsabilidades por las lesiones graves causadas a una manifestante ese día. Otro se cuenta en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el que se ha planteado la ilegalidad la actuación policial por desproporcionada. Ambos están pendientes de resolución.
