La estafa de la dependencia en Andalucía

La ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención de las Personas con Dependencia aprobada en el Parlamento estatal a propuesta del Gobierno Zapatero es una de las grandes estafas del Estado español y su régimen del 78.

Esta ley nace como un nuevo eje del “estado del bienestar”, planteando la atención a las personas con dependencia como un derecho subjetivo más, cuando en realidad se trata de una concesión sujeta a un presupuesto.

¿Podría alguien imaginar llamar a los bomberos para apagar un incendio y que estos le respondieran que no pueden acudir por haber agotado el presupuesto?. Pues eso es lo que ocurre con la Ley de Dependencia.

Ese presupuesto se ve perjudicado,además, porque el estado que debería aportar un 50 x cien del mismo en Andalucia, en los últimos años está aportando el 20 por cien.

Vamos por partes. Cuando una persona considera que puede ser dependiente debe acudir a los servicios sociales más próximos para solicitar la Valoración de Grado. La resolución de esta valoración puede ser negativa o el reconocimiento del grado entre el 1 y el 3, siendo el 1 el más leve y el 3 el más grave.

Una vez se obtiene la valoración de grado se efectúa el PIA (Plan Individual de Atencion) en el que se determina el recurso al que tendra derecho la persona dependiente que fundamentalmente serán 0 el SAD (Servicio de Atención Domiciliaria),la asistencia a un Centro de día público, el ingreso en una Residencia pública, el cobro de prestaciones en el ámbito familiar o el cobro de ayudas para pagar residencias o centros de día privados.

La consejera del ramo en su comparecencia en el Parlamento andaluz dio unos datos que hablan por si solos:

27.658 andaluzas esperando algún recurso o prestación fallecidos en los últimos 3 años.El gasto por persona dependiente es de 5.554 euros, algo más de 1.000 euros por debajo de los 6.580 euros de media estatal.110.447 personas con su PIA esperan ser atendidas

Esta situación es insostenible, y es hora de tomar decisiones y de realizar un plan de choque que tenga como objetivo acabar con las listas de espera y que nadie más muera esperando ser atendida.

A nuestro entender la solución pasaria por:

Inmediata valoración de grado de todas las personas que lo han solicitado,contratando para ello directamente la Junta el personal necesario .Una vez hecha la valoración de manera inmediata concertar cita para efectuar el PIA.Inmediata gestión del PIA para todas las compañeras que ya estan valoradas.Acabar con las listas de espera.Inmediata prestación del SAD.Inmediato pago de las prestaciones en el ámbito familiar.Expropiación del uso de las plazas en residencias y centros de día privadas no utilizadas exigiendo que se preste el servicio a las personas en lista de espera para estos equipamientos públicos o concertados transitoriamente hasta que tengan plaza y a precios públicos; es decir, de manera que el costo quedara por debajo del importe de la pensión de la persona usuaria. Para todo ello, la Junta exigiría el pago del 30 por ciento anual del presupuesto que debería haber sufragado el estado desde el 2006.Remunicipalización de la gestión del SAD externalizado en numerosos municipios de nuestro país.A medida que venzan los contratos, rescindir la gestión de centros de día y residencias en manos de empresas mercantiles o fundaciones: La titularidad, gestión y provisión pública nos ahorraría a todas las andaluzas el pago del IVA, así como el beneficio empresarial de todas estas concesiones.

Es hora de poner la vida en el centro. Nuestras personas mayores y las personas con dependencia en general no pueden ser objeto de negocio. El capitalismo ha descubierto, con la complicidad de las administraciones públicas un negocio redondo y sin morosidad, el de la gestión de los servicios públicos.

Es hora de acabar con la transferencia de dinero público al sector privado. Está claro que el régimen del 78 está desmantelando los servicios públicos y acabando con la soberanía popular, pues estos servicios pasan a ser gestionados con criterios mercantiles y no de servicio público.

Solo recuperando las andaluzas nuestra soberanía, independizándonos del estado español, podemos tener servicios públicos de cualidad. Es hora de que la riqueza que generamos las andaluzas se quede en Andalucía; es hora de redistribuir la riqueza; es hora de construir la República Andaluza de Trabajadoras.