La Fiscalía de Madrid imputaría a los controladores aéreos un delito de sedición

La Fiscalía de Madrid ha presentado en los juzgados de la plaza de Castilla una denuncia por sedición contra los controladores de Barajas y de Torrejón de Ardoz que los pasados 3 y 4 de diciembre no acudieron o se ausentaron de sus puestos de trabajo. La denuncia ha sido presentada en el decanato de los Juzgados de Madrid, que la enviará a reparto y en los próximos días se conocerá qué órgano judicial es el encargado de tramitar el procedimiento contra los controladores.

El fiscal jefe de Audiencia Provincial de Madrid, Eduardo Esteban, advirtió ayer de que la Fiscalía “intervendrá en las diligencias con todas las consecuencias”. Esteban apuntó que no ve “descabellado” que los acusados respondan con sus bienes a las eventuales responsabilidades civiles que se deriven del proceso, y adelantó que en cuanto recaiga la causa en un juzgado pedirá que su titular tome declaración como imputados a los controladores que se negaron a declarar en la Fiscalía.

La denuncia se produce el mismo día que la Audiencia Nacional ha rechazado la competencia para investigar a los controladores, tras las denuncias presentadas por la OCU y FACUA, “por falta de competencia de este órgano jurisdiccional” para conocer las denuncias. El juez Ismael Moreno acuerda remitir las dos denuncias a la Fiscalía Provincial de Madrid para que las una a las diligencias de investigación abiertas.

Sin nuevos datos sobre la privatización de AENA

Asimismo, los controladores aéreos temen que la privatización del 49% de AENA, anunciada hoy por el Gobierno, lleve a la ruptura de la actual red aeroportuaria española integrada por 47 aeropuertos, ya que el 90% de ellos son deficitarios. Según el sindicato de controladores aéreos USCA, según el plan del Ejecutivo, se privatizarán los aeropuertos más rentables de la red, como son el madrileño de Barajas o el barcelonés de El Prat, que, junto a algunos otros grandes, con los beneficios que generan pagan el resto, que es deficitario. Esto implicaría que cl Estado se quedaría con la parte deficitaria, mientras que el sector que otorga beneficios pasaría a manos del sector privado.

Asimismo, USCA recalcó que los 14.000 millones de euros que generarán las privatizaciones parciales de la gestión aeroportuaria y de Loterías del Estado, así como la privatización total de la gestión de los aeropuertos de El Prat y Barajas, coinciden con el importe de la deuda pendiente de AENA.

Los controladores consideran que la privatización ha sido el objetivo principal desde que el pasado 5 de febrero el Gobierno regulara la prestación de servicios de tránsito aéreo, que modificaba las condiciones laborales de este colectivo, que aún está negociando con AENA su segundo convenio colectivo.

A su juicio, el objetivo último de esta privatización parcial "es vender para pagar la deuda de AENA", organismo público que es patrimonio de todos los españoles y ahora se quiere vender por partes. "Una operación de este tipo casi siempre conduce a ajustes de plantilla", admite USCA.

El sindicato también ha advertido que el servicio que se ofrecerá tras la privatización será de menor calidad, ya que primará la obtención de beneficios sobre otros aspectos tan importantes como seguridad.