La pedofília en la iglesia: el día que un arzobispo rompió el juramento de la Omertá

La pasada semana, el escándalo provocado por el último caso conocido de pederastia en el seno de la iglesia católica se multiplicaba, inesperadamente, por la denuncia pública del arzobispo Carlo María Viganò. Viganò, ex nuncio en Washington entre 2011 y 2016, escribía una carta de 11 páginas en la que acusa al papa Francisco I de “cubrir” y silenciar los abusos del cardenal estadounidense Theodore McCarrick y le pide que “dimita” por haber mirado hacia otro lado. Viganò aseguró en su misiva, publicada coincidiendo con el viaje del papa a Irlanda (…).

La pasada semana, el escándalo provocado por el último caso conocido de pederastia en el seno de la iglesia católica se multiplicaba, inesperadamente, por la denuncia pública del arzobispo Carlo María Viganò. Viganò,  ex nuncio en Washington entre 2011 y 2016, escribía una carta de 11 páginas en la que acusa al papa Francisco I de “cubrir” y silenciar los abusos del cardenal estadounidense Theodore McCarrick y le pide que “dimita” por haber mirado hacia otro lado. Viganò aseguró en su misiva, publicada coincidiendo con el viaje del papa a Irlanda, que él personalmente le informó de que el cardenal McCarrick había sido acusado por acoso sexual a un adolescente y queBenedicto XVI le había impuesto una serie de sanciones que restringían sus poderes. La respuesta de Bergoglio a Viganò – según afirma éste – nunca llegó y el Vaticano no actuó hasta este verano, cuando el caso salió a la luz a través de los medios y el papa retiró a McCarrick su condición de cardenal.

En respuesta a esta bomba mediática, Bergoglio se vió obligado, a su vez, a emitir una “petición de perdón pública por los abusos sexuales”, en la que, sin embargo, hizo recaer la culpa por el encubrimiento de estos crímenes tan solo en “algunos miembros de la jerarquía que no se hicieron cargo de esta situaciones y guardaron silencio”.

LA VERDAD ES LA VERDAD, LA DIGA AGAMENÓN O UN ARZOBISPO ULTRACONSERVADOR

A la declaración pública de disculpas del papa Francisco I no ha tardado en sumársele la “ayuda” de medios de comunicación “progresistas” como el españoleldiario.es, quien este mismo domingo se encargaba de recordar el carácter ultraderechista del arzobispo italiano Carlo Maria Viganò, y de los medios de la iglesia Católica que filtraron su denuncia, para cuestionar su credibilidad:

“Viganò – apuntaba este diario socialdemócrata – está considerado uno de los miembros más destacados de la oposición a las reformas del papa Francisco I, junto al también estadounidense cardenal Burke. El ex nuncio es uno de los firmantes de una declaración que condenaba la exhortación ‘Amoris Laetitia’ en la que Francisco I abría la puerta a la comunión de los divorciados vueltos a casar. La filtración de la denuncia de Viganò, llevada a cabo por algunos de los medios más ultraconservadores de la iglesia católica, es vista desde el entorno de la Santa Sede como un paso más en la maniobra de los grupos tradicionalistas para tratar de poner palos en las ruedas de las reformas que impulsa Francisco I y que en las próximas semanas se traducirá en cambios en el grupo de asesores del papa (conocido como C-9), y que ultima cambios definitivos en la Curia romana”.

El Diario.es recordaba, igualmente, que el propio Viganò “fue acusado de silenciar una investigación de encubrimiento de abusos contra el arzobispo de Sant Louis y Minesotta”.

No obstante, y a pesar de lo que sin duda querrán creer quienes han comprado la imagen del papa Francisco I como la de un “avanzado reformador”,  la acusación realizada por el ex nuncio se refiere a una verdad sobradamente conocida y denunciada, desde hace años, por víctimas e investigadores de diversos países. Y ello, con independencia de que, en efecto,las intrigas palaciegas propias de la curia vaticana se puedan encontrar detrás de esta inesperada revelación. Por otro lado, también es cierto que al centrar su denuncia exclusivamente en la figura de Francisco I la ruptura de la omertápor parte de Viganò no termina de correr el velo sobre la poderosa estructuraque sigue permitiendo a miles de curas pedófilos actuar con total impunidad. Es lógico que así sea, siendo él mismo un ex alto cargo del Vaticano.

LA POLÍTICA OFICIAL DE LA IGLESIA: ENCUBRIMIENTO BAJO AMENAZA DE EX COMUNIÓN

Como también hiciera antes que él Benedicto XVI, tras ser nombrado papa, Jorge Bergoglio prometió aplicarse para luchar contra los miles de casos de pederastia de los que son responsables sacerdotes católicos. La enorme distancia que existe entre estas palabras y sus actos, sin embargo, ya le fue reprochada por las víctimas de estos abusos en Chile durante su reciente viaje a ese país sudamericano, donde Francisco I ignoró sus denuncias y defendió al obispo Juan Barros de las acusaciones de encubrir abusos sexuales hasta en la misma escalerilla del avión que lo llevaría de vuelta a Roma.

“¡No hay una sola prueba en su contra. Todo es calumnia!” – manifestó irritado Bergoglio a los periodistas que le preguntaron al respecto.

Un mes después, Barros y otros tres obispos chilenos se veían obligados a presentar su renuncia por los encubrimientos sistemáticos de los abusos cometidos contra menores.

Pero aunque la responsabilidad de Francisco I sea inexcusable, su actitud y supolítica sobre este asunto no son originales, sino una mera continuidad de la política histórica e institucional de la iglesia católica. Ésta se encuentra fijada por la instrucción “Crimen sollicitationis”, aprobada por Juan XXIII en 1962. En este documento, la Congregación del Santo Oficio establecía los procedimientos para afrontar los casos de clérigos responsables de abusos sexuales, imponiendo la obligación de guardar silencio sobre los mismos y no denunciarlos fuera del ámbito de la iglesia bajo pena de excomunión. Se trata de una política explícita y escrita para encubrir los casos de abusos sexuales a menores cometidos por los “hombres de Dios”.

La última etapa de vigencia de las instrucciones recomendadas por la iglesia frente al Crimen Sollicitationis coincidió con el desempeño del entoncescardenal Joseph Ratzinger –luego papa Benedicto XVI–, como prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Por tanto, el futuro papa fue el responsable de seguir los casos relacionados durante dos décadas. En2001, Joseph Ratzinger encargó redactar el decreto que habría de suceder a la anterior directiva Crimen Sollicitationis. En espíritu, el nuevo decreto consagró los principios esenciales del antiguo, como la pena de excomunión a quien osará denunciar a los tribunales ordinarios estos crímenes. Se envió una copia del nuevo decreto a todos los obispos del mundo, en el que se ordenaba que la Santa Sede tuviera lo que él denominó una “competencia exclusiva”. Es decir, que todos los alegatos de abusos sexuales debían presentarse exclusivamente en Roma.

ESTADOS, UNIDOS, CANADÁ, IRLANDA, ALEMANIA, AUSTRIA, SUIZA, FRANCIA, BÉLGICA… ¿Y ESPAÑA?

Todos los casos conocidos hasta la fecha a lo largo del mundo, desde Estados Unidos y Canada a Brasil o Chile, de Irlanda a Alemania, Austria, Bélgica o Suiza, corroboran que la letra y el espíritu de la instrucción Crimen sollicitationis ha regido siempre y continúa rigiendo en el tratamiento que la iglesia católica da a los casos de pederastia.

El patrón de comportamiento de las autoridades eclesiásticas ha consistido siempre en trasladar al cura pederasta, sucesivamente, de una parroquia otra, informar por vía interna al Vaticano y ocultar el caso a las autoridades civiles. De esta manera, a los largo de los años miles de menores continuaron siendo víctimas de abusos por parte de sacerdores pederastas, a pesar de que sus superiores eran plenamente conscientes de sus prácticas.

“La actitud del Vaticano – denuncia el reverendo estadounidense Thomas Doyle en el terrible documental que adjuntamos a este artículo – fue la de decirnos: `nosotros no entregamos a nuestros sacerdotes. Es un problema nuestro y nosotros nos ocupamos de él. No se les denuncia a las autoridades civiles`”.

“No sé que habrían hecho – añade Doyle – si se hubiera tratado de una serie de asesinatos”.

Como parte de esta labor sistemática de encubrimiento, la iglesia católica realizó una inversión multimillonaria para llegar a acuerdos extrajudiciales con las víctimas, “tapar bocas” e impedir que la verdad se llegara a destapar, dedicando de forma exclusiva a algunos de sus sacerdotes a esta labor de “limpieza de huellas”.

Con frecuencia, las víctimas de estos depredadores sexuales con bula papal para destrozar las vidas de miles de niños han sido los más débiles entre los débiles. Aquellos que por su situación de pobreza o incluso por no poder hablar – como en los casos cometidos en escuelas para niños sordomudos – pensaban que jamás se atreverían a denunciar.

Pese a todo, casos como los de Boston, Milwaukee o Irlanda, o el delex protegido de Juan Pablo II, Marcial Maciel -fundador de los Legionarios de Cristo – han ido saliendo a la luz pública, mostrando lo que solo parece ser la punta de un siniestro iceberg. Significativamente, en España, donde la educación de los infantes fue durante décadas un monopolio de la iglesia católica, no existe aún un movimiento popular que reclame justicia por los casos que, de manera aislada, sí se han comenzado a denunciar. La realidad en el Estado español permite incluso que todo un obispo como el de Tenerife, Bernardo Álvarez, se atreva a manifesar públicamente que “hay adolescentes de 13 años que son menores y están perfectamente de acuerdo con los abusos y además, deseándolo e incluso te provocan”.

Todavía rige, como en la mafia siciliana, la Omertá impuesta por una institución tan poderosa que no solo sigue siendo intocable, sino que también pretende dictar la “moral” que debería regir a toda la sociedad, aun siendo responsable de ocultar y permitir los crímenes más horribles que se puedan perpetrar.

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