La “prioridad nacional” de PP y Vox

La derecha extrema y la extrema derecha, es decir, el Partido Popular (PP) y Vox han concluido sendos acuerdos que les permitirán gobernar en dos comunidades autónomas del reino de España: Extremadura y Aragón. Los pactos que sostienen ambos gobiernos de coalición introducen, por petición expresa de Vox, un concepto nuevo para la política española: la "prioridad nacional". Una idea que, ahora, tras ambos acuerdos, el PP también hace suya.

Las dos formaciones presentan sus pactos como la base en la que apoyarán la acción gubernamental y como la garantía de una anhelada estabilidad.

Dese hace ya muchos años, el régimen del 78 tiene una enorme dificultad para dar respuesta y solución, a través de los cauces de la política y del marco institucional que la conforma, a los graves problemas sociales y políticos que arrastramos. Las contradicciones se acumulan al ritmo de una inestabilidad institucional que solo resalta tal incapacidad. En esta situación, los pactos alcanzados por PP y Vox no aportarán la estabilidad que particularmente el PP asegura, sino nuevas crisis. Las dificultades que la supuesta "prioridad nacional" y sus efectos sobre la vida de la ciudadanía y las propias instituciones tendrán un protagonismo nada despreciable. En resumen, este concepto (ya en disputa dentro de las propias derechas) ha venido para quedarse y exige mucho más análisis en todas sus vertientes, así como en su desarrollo y consecuencias y de ahí, que estas líneas sean solo unas primeras notas.

Qué dicen los pactos

No desbrozaremos las treinta y nueve páginas del pacto aragonés ni las diecinueve del extremeño, si no que, de manera muy resumida, nos centraremos en aquellas iniciativas que pensamos que indican tendencias de fondo.

Según los firmantes, la razón que justifica su llamada prioridad nacional sería la de hacer frente a una "escasez de recursos existente para mantener el llamado estado del bienestar". En consecuencia, la acción política debe priorizar (un triaje) para evitar que tal insuficiencia acabe colapsando nuestros deteriorados servicios de salud, educación, acceso a la vivienda, etc. En el caso de Vox, la línea de exclusión reside en la "nacionalidad española"; en el del PP, en un nada claro supuesto "arraigo".

En los documentos acordados, ambas ideas muestran su reflejo en fórmulas que supeditan el acceso a las ayudas o prestaciones sociales, así como al empleo o a la vivienda a poseer la nacionalidad española y/o a hallarse en situación de legalidad y a cumplir la ley.

La traducción de lo anterior a lenguaje llano resulta simple: "los de casa primero porque esto no da para todos". Una idea demagógica y falsa, pero sin duda con tirón por los crecientes problemas que existen para acceder a los servicios públicos básicos.

Pero la prioridad nacional no llega sola. Los acuerdos recogen también un giro ideológico reaccionario que establece medidas para convertir la desigualdad en política pública. Su centro es el ataque a los derechos de la mujer, desde la interrupción voluntaria del embarazo a la violencia machista pasando por todo tipo tópicos machistas. Por tal motivo, los pactos no contemplan otra posible subvención que no sea el apoyo o reconocimiento de la familia heterosexual-normativa y de la natalidad en su seno. No se niega la violencia sobre la mujer, pero esta deja de ser una muestra de un problema estructural y una tarea urgente a resolver por la sociedad para reducirse a un hecho privado "intrafamilia". Tampoco corren mejor suerte en sus páginas los derechos de las parejas del mismo sexo, las personas trans, etc.

En la educación, la pretendida recuperación de las esencias, que nos devolvería al orden perdido exhibe un especial encono contra la enseñanza del árabe en Extremadura y Aragón. En esta última comunidad, se elimina además la Academia Aragonesa de la Lengua, lo que afecta al reconocimiento de su pluralidad lingüística, ya que en Aragón se hablan castellano, aragonés y catalán.

En política ambiental, energética y de agua, se priman la energía nuclear, los combustibles fósiles, las grandes presas, la caza, la pesca y los fertilizantes industriales.

Para finalizar resulta destacable el atentado contra la libertad religiosa, particularmente contra una religión tan propia como el islam, avalada por una presencia continuada de ochocientos años en la Península Ibérica -más larga que la duración del imperio Otomano-. Se ataca la libertad sindical, penalizando a sus organizaciones, así como el asociacionismo al limitar subvenciones y ayudas.

Inmigración y servicios

Estamos en el séptimo proceso de regularización de población migrante, el primero en veintiún años, el cual afecta a no menos de quinientas mil personas. Un proceso ante el que no están pasando inadvertidos los evidentes intentos de sabotearlo de PP y Vox, creando cuellos de botella donde no debía haberlos, forzando trámites y no añadiendo los medios administrativos necesarios para terminar el procedimiento en la fecha prevista, el 30 de junio de 2026. Al hacerlo, ambos partidos buscan sembrar caos ante una acción del gobierno de coalición progresista que es hija directa de la movilización de una sociedad civil que lo forzó y que lo avala. El apoyo resulta tan transversal que llega hasta la CEOE y la jerarquía católica.

El amplio respaldo de la iniciativa de regularización tiene varias razones que enlazan esta cuestión democrática de igualdad de derechos con la realidad económica en la que nos hallamos.

Los números del Banco de España y Funcas, publicados entre finales de 2025 y principios de 2026, indican con contundencia que:

A-La incorporación de trabajadores extranjeros es la explicación de casi el 47% del crecimiento del PIB acumulado desde 2022. Sin dicha aportación el crecimiento económico del 2,8% actual no existiría, habría estancamiento. Caixabank, en su informe de perspectivas 2026, estima que el impulso demográfico de la inmigración, por sí mismo, aporta ya un 0,5% al crecimiento del PIB.

B-Sostenibilidad demográfica. Sin la aportación de la inmigración, el único factor que hoy mantiene el tamaño de la población activa, el saldo poblacional vegetativo sería negativo (mueren más españoles de los que nacen) y el PIB total se situaría en un 4,6% menor que el de la actualidad.

C-El Ministerio de Sanidad señala que las visitas anuales al médico en la sanidad pública por parte de las personas inmigrantes (3,3) es prácticamente un 50% menor a las de los nacionales (6,4). La población migrante es más joven, sufre menos enfermedades crónicas, oncológicas y, por dicha razón va menos al médico.

D-El gasto farmacéutico de la población extranjera se encuentra entre un 50 y un 70% por debajo del de la población nacional, ya que su mencionada juventud reduce sensiblemente la posibilidad de dolencias crónicas.

E-El INE (datos 2025-2026) recoge que la población extranjera recibe entre el 11-12% del total de las ayudas sociales en España, mientras su peso poblacional resulta superior entre el 14-15% del total censado. Un hecho que no impide que aporten en este campo un 30% más de lo que reciben.

H-En IRPF o en pensiones los datos son rotundos. La Seguridad Social registra más de 3,2 millones de afiliados extranjeros que, por edad, son aportantes netos al sistema de pensiones de la población nacional jubilada puesto que apenas existen pensionistas entre ellos.

I-Los inmigrantes representan el 1% de todo el gasto público y proporcionan ingresos por valor de un 10%.

Economía y desigualdad

Todas estas cifras tienen su espejo en los cambios registrados por la actividad económica en la última década en España, cuya internacionalización (sin entrar en la forma en que se ha producido, ni en los desequilibrios que comporta) ha incrementado la exportación de servicios empresariales, consultoría, TIC e ingeniería, registrando tasas de crecimiento en estos campos superiores al 10%. Las empresas que exportan son hoy un 20% más productivas que aquellas que no lo hacen.

La internacionalización actual, la modernización del tejido productivo, así como sus beneficios se hallan ligados a la Unión Europea (sus fondos) y todo ello resulta impensable sin la inmigración.

De ahí que los jefes del Ibex 35 no contemplen en absoluto cerrar la puerta a lo que la inmigración les aporta de beneficio en nombre de una "prioridad nacional" que provocaría un retroceso sin paliativos del conjunto de la situación económica del reino.

La otra cara del crecimiento del PIB y del empleo es su factura en desigualdad y sus efectos en la vida diaria de la inmensa mayoría de la población. Mientras la fortuna de los ricos creció en 2025 un 13,6%, la economía lo hizo en un 2,9%. Como señala Oxfam, el 1% más pudiente concentra el 23,9% de la riqueza total del reino. El 10% más rico acumula más del 50% del patrimonio neto nacional. Por el contrario, el 50% más pobre apenas posee el 6,7% de la riqueza, vive de su salario, no cuenta casi con capacidad de ahorro y tiene un patrimonio ínfimo. Se incluye en este sector al 14% de trabajadores que, a pesar de trabajar y percibir un sueldo, son pobres. El acceso a la vivienda constituye la primera preocupación de toda la población. Ahondando en esa realidad, el CIS reportó, tras una encuesta a seis mil personas, que el 45% sufría problemas para pagar el alquiler. Unos arrendamientos que suben en todas partes, pero que se encuentran disparados en los núcleos poblaciones que concentran la actividad económica.

En el campo de la asistencia sanitaria, hay debilidad en la atención primaria y existen largas listas de espera de meses para intervenciones o pruebas. Por su parte, el escaso gasto e inversión en educación pública y las malas condiciones laborales y de medios que ello causa explican, junto a la vivienda o los problemas crecientes del transporte, el malestar profundo que se percibe en la población.

Sin duda alguna, el crecimiento neto de la población, su concentración urbana, el aumento de la diversidad y el mayor número de derechos logrados que se plasman en nuevos servicios que hay que proveer de personal y medios económicos provocan un desacoplamiento entre necesidades y medios. Pero no se trata de "escasez", ya que la sociedad está generando, como ya hemos señalado, tal volumen de riqueza que podría suplir pronto las deficiencias existentes. El problema está en la poca distribución de esa riqueza, en su concentración. Esa es la verdadera escasez que lo arrasa todo y que debe ser combatida con una profunda reforma fiscal que ponga topes al enriquecimiento obsceno existente, a la vez que garantice renta y servicios para toda la ciudadanía.

Qué persigue Vox

Vox lleva la voz cantante en todo este proceso y del ronzal al PP. La ultra derecha busca forzar un giro profundamente reaccionario del régimen y de su marco legal. Para ello, avanza un discurso neo falangista y franquista que, con la llamada prioridad nacional, busca ganar el apoyo popular que impulse esa restructuración reaccionaria. Para lograrlo, necesita forzar seriamente los goznes del régimen del 78.

Toda su propuesta persigue dividir a la plural población trabajadora de hoy, enfrentado a unos sectores contra otros, en nombre del acceso a unos derechos y a unos servicios cada vez más escuálidos. Con la mano izquierda se agita la prioridad nacional que, colocada en el centro del debate, quiere fragmentar negando la unidad de intereses del pueblo. Mientras, con la mano derecha y bajo las consejerías de desregulación en sus distintas acepciones, avanza hacia mayores cotas de explotación de la tierra, sus recursos y del trabajo que espera sea semiesclavo, liberando así al capital de normas y controles democráticos.

La prensa resalta las no pocas dificultades legales que encontrará la aplicación de la prioridad nacional. Entre ellas, el artículo 14 de la Constitución, Leyes orgánicas del Estado como la de la Violencia de Género o la de Extranjería. También leyes como la 4/23 conocida como "Ley Trans" o la de cambio climático. Igualmente, el derecho comunitario o las competencias propias del Estado. Resulta evidente que todo lo anterior no genera una malla fija (pensemos en Hungría). En otras palabras, obstaculiza, pero no impide que, de un modo más o menos torticero, la propuesta vaya horadando un marco político e institucional desgastado y en crisis como el actual. En cualquier caso, se va a provocar una evidente desorganización y un aumento de la intervención judicial en la vida diaria.

Vox, protagonista y actor principal de la obra, lo sabe, pero lo que persigue, más allá de aplicar el máximo de sus iniciativas, es ganar esa base a la que hacíamos referencia y así forzar el giro político que busca, desordenando todo lo que pueda por el camino. El PP, sin otra propuesta que el vacío, se suma, mientras Feijóo se consume en declaraciones altisonantes que cada vez convencen menos a sus barones y preocupan más a la gran patronal.

El giro

Toda acción provoca su reacción y, sin duda alguna, estos pactos y la profundidad del vuelco que significan van a traerla. Existen, como hemos señalado, evidentes dificultades legales que pesan en su aplicación. Ahora bien, las principales y más contundentes reacciones serán las que se organizarán, amparándose en el propio marco legal y que responderán a la defensa de los derechos adheridos inseparablemente a la condición de ciudadanía. Aquellas que harán de la movilización y organización social su base y de su lazo con la política (ayuntamientos y parlamentos) razón de fuerza.

Se necesitan reformas claras y para llevarlas a la práctica, un control participativo del conjunto de la sociedad. Costará, se necesita paciencia y pedagogía, pero seguro que lograremos poner, por delante del dinero, a las personas y sus necesidades. Esa debe ser nuestra prioridad.

* Concejal por Más Madrid en Ciempozuelos. Sinpermiso