La reforma de la negociación colectiva.

La reforma de la negociación colectiva de reciente aprobación
configura una agresión directa a muchas de las más importantes
conquistas históricas de la clase trabajadora. Construida entorno a la
idea de que la única manera de afrontar la crisis es aminorar las
condiciones de vida de las clases subalternas (y, por lo tanto,
hacerla permanente para ellas), su arquitectura no es más que el
diseño de una tremenda vuelta de tuerca (otra más) contra los
principios fundantes del Derecho del Trabajo y de la estructura
constitucional básica. Veamos sus elementos esenciales:

-En primer lugar, se establece todo un elenco de materias (por otra
parte, muchas de las principales o mas importantes, en el marco de la
relación laboral) en las que el convenio de empresa tendrá “prioridad
aplicativa” sobre el sectorial. Se trata, en definitiva, de inaugurar
la posibilidad de que el convenio inferior pueda empeorar las
condiciones del superior. Algo que era simplemente impensable desde la
visión clásica de la negociación colectiva, y que sólo se ha vuelto
posible al albur de un sindicalismo mayoritario dispuesto a todas las
cesiones y componendas. Sólo cuando los convenios han comenzado a
dedicarse a empeorar las condiciones de los convenios anteriores o de
la letra de la ley, se ha podido plantear abiertamente un convenio de
empresa que empeorase el sectorial.

-Además, se introduce con fuerza la obligatoriedad o
semi-obligatoriedad de los mecanismos no jurisdiccionales para
solventar las diferencias en el proceso negociador y, más
concretamente, del arbitraje. Ya hemos indicado lo que ello implica en
otro texto (Atentos al arbitraje,
http://www.nodo50.org/trasversales/t21arbi.htm ). Al fin y al cabo, el
arbitraje no es otra cosa que una eficaz “justicia de clase” que trata
de impedir el acceso a los tribunales y sustituirlo por una
semi-jurisdicción cuya independencia no se garantiza en modo alguno.
La experiencia de la extensión de los mecanismos arbitrales en el
marco de los litigios relacionados con la inversión extranjera en el
Tercer Mundo, no invita a la euforia. Además, su anclaje
constitucional es prácticamente nulo, ya que se va a imponer a sujetos
que no lo habían pactado y para los que se va a constituir en
obligatorio.

-Por otra parte, se incluyen en el contenido mínimo del convenio las
“medidas para contribuir a la flexibilidad interna en la empresa”, y
en particular un porcentaje máximo y mínimo de la jornada que podrá
distribuirse irregularmente (salvo pacto, un 5%) y “los procedimientos
y periodos temporales y de referencia para la movilidad funcional”.

Es decir, que el Estado utiliza su posibilidad de legislar sólo en
una dirección. La función heterónoma del Derecho del Trabajo sólo se
cumple en lo que constituye una agresión a los trabajadores. Lejos de
mantener la neutralidad, o desaparecer (como parecería que reclaman
los manuales neoliberales) el Estado determina contenidos mínimos del
convenio, pero no para limitar el poder omnímodo empresarial (como
implicaría la tradición iuslaboralista clásica) sino para ampliarlo,
obligando a la contraparte a negociar sin contrapartidas. Un bonito
intervencionismo estatal que no suscitará el rechazo de los
tertulianos detractores de la intervención del Estado en las
relaciones laborales. El “Derecho auxiliar de la empresa”, en el que
algunos reclaman que se transforme el Derecho del Trabajo, en su
auténtico despliegue.

-Además, se abre la caja de Pandora de los llamados, en otras
latitudes, “convenios dinámicos”, al habilitar a la Comisión Paritaria
para realizar funciones de “adaptación o, en su caso, modificación
del convenio durante su vigencia”. Delenda est convenio, por lo tanto.
La fuerza normativa y estabilidad que se le presuponía da lugar, en la
nueva legislación, a un escenario de negociación continua finalizada,
si la resistencia de la contraparte obrera se mantiene, con un
repetido recurso al arbitraje. Los pactos no son para cumplirlos, como
saben bien los funcionarios españoles. Nuevamente, este esquema de
convenios siempre móviles y en cuestión sólo ha sido pensable y
posible en el contexto de un sindicalismo mayoritario dispuesto a lo
que sea, con tal de salir en la foto. Sólo cuando existe la casi
seguridad de que las modificaciones van a ser a peor para los
trabajadores, y que sus sindicatos lo firmarán, se ha permitido la
modificación del convenio vigente.

-Y, por último, muchas más mutaciones, como la determinación de quien
podrá negociar sin contar con los demás (las secciones sindicales con
mayoría en el Comité, en los convenios de empresa), etc.

Una transformación profunda, pues, de la arquitectura negocial
española, que no hace otra cosa que debilitar, de nuevo, todo
contrapoder de los trabajadores en el mundo productivo.

Una transformación, por otra parte, básicamente inútil para buscar
una salida a la crisis que nos atenaza, como ya lo fue la última
reforma laboral y lo será la próxima. Forzando todo lo contrario a la
“Gran Compresión” que acompañó la recuperación de la crisis de 1929
(el aumento de los salarios inferiores, junto a la bajada de los
superiores, provocando el crecimiento de la demanda), la situación,
simplemente, no tiene escapatoria para economía española. No cabe un
desarrollismo extractivista al estilo de la mayoría de los países
emergentes en una Península ecológicamente arrasada y sin materias
primas de importancia; y la tentativa de competir en costes laborales
con China sólo nos puede llevar al caos social y al autoritarismo más
sangriento (como, por otra parte, ocurre en la propia China). El
capital financiero español y los tenedores internacionales de nuestra
deuda pública y privada se preparan para despojar a la población de la
totalidad de sus derechos sociales, ya que los políticos no los obtuvo
nunca. Dejarán el caos tras de sí.

Pero, mientras, un cierto aire de descontento empieza a acrecerse en
la sociedad española. Cada vez más fuerte. Llegará a la condición de
vendaval. El despertar es inevitable. Habrá que estar atentos.

José Luis Carretero Miramar.