La criminalización de los menores con problemas (V). Amenaza y sanciones a golpe de reglamento (testimonio de un cuidador)

Sólo en Madrid, durante la última década se ha pasado de tres centros públicos a 14 privados. Al mismo tiempo, las denuncias por maltrato dentro de estos centros ha ido en aumento, según registra el informe de Amnistía Internacional de 2006. ¿Son peores los jóvenes ahora, o ha aumentado el control y la represión sobre ellos? El modelo educativo, tanto dentro del sistema de protección (chavales con desamparo social) como de reforma juvenil (chavales con delitos) está basado en un modelo concreto de convivencia. El patrón que marca la cotidianidad de estos chavales funciona a golpe de reglamento interno, impuesto mediante amenazas y sanciones.

Por ejemplo, no comer todo el menú, o entrar en la habitación de un compañero, está tipificado como falta en el reglamento de estos centros, que en la mayoría de los casos reproducen y endurecen el reglamento de las cárceles. No puede haber educación porque a los educadores les está prohibido tener relaciones y vínculos personales, sólo hay vigilantes y vigilados, cuidadores y cuidados.

Alarma social

Tras varias reformas legislativas, la alarma social inducida desde los medios de comunicación tras el caso del "joven de la katana" y el asesinato de Sandra Palo ha conseguido legitimar como método educativo un sistema de represión, sometiendo a los niños a un régimen de vida que ha conjugado lo carcelario con el conductismo como herramienta de modificación de conducta. Según el propio Ministerio del Interior, el 90% de las infracciones cometidas por menores son delitos contra la propiedad.

No importa lo habitual de sus historias vitales: desestructuración familiar, empobrecimiento y precariedad, falta de referentes, etc. Los elementos de análisis trocean la realidad y la reducen a la conflictividad de la conducta de estos menores, culpabilizándolos por ello. Sus problemas son abordados desde los ámbitos policiales y judiciales, con una finalidad, la privación de libertad. Las sucesivas intervenciones institucionales siempre son consideradas correctas; si fallan, como resulta habitual, la culpa es del niño. Esta culpabilización del menor le somete a una progresiva intervención cada vez más punitiva, con centros paulatinamente más cerrados donde los cacheos, el aislamiento, los grilletes, los psicofármacos, forman parte de los "métodos educativos". Todo ello en un lugar donde la comunicación con el exterior, las llamadas, las visitas y las cartas se limitan y controlan.

Muchos profesionales demandamos con urgencia, a favor de los chavales de nuestros barrios, actuaciones socioeducativas para la prevención dentro de su contexto, es decir, en sus barrios, fomentando una sociabilidad en libertad, donde se implique toda la comunidad y donde se intervenga sobre la raíz de los problemas. Frente a un sistema punitivo que no plantea soluciones, una apertura de la Administración de Justicia a la participación ciudadana para la mediación y la reparación entre víctima y victimario, ya que las leyes no solucionarán la exclusión social.

José María Hidalgo Arce es trabajador social y educador.