La criminalización de los menores con problemas (II). Entrevista a Javier Baeza, de la Coordinadora de Barrios: "La gestión privada es un error"

La Coordinadora de Barrios nace en 1981 como unión de colectivos de Madrid (y posteriormente de todo el Estado), que trabajan con los sectores excluidos compartiendo sus experiencias y creando vínculos. Actualmente su campo de actuación abarca desde las personas presas hasta los menores inmigrantes, pasando por los menores internados en centros de reforma, aunque no se han especializado en ningún sector social en particular.

DIAGONAL: ¿Cuál es el perfil social del menor en los centros de reforma?

JAVIER BAEZA: Siguen siendo, principalmente, menores procedentes de los sectores sociales pobres: en general se sigue repitiendo la realidad de los presos adultos. La mayoría de estos últimos son personas procedentes del mundo de la pobreza, y en los centros de menores están presos los hijos de estos padres. Por otro lado, también se encuentran [los centros de reforma] poblados por todos esos menores que vienen de aquellos lugares donde la pobreza es bestial, como son el norte de África y la zona subsahariana.

D: ¿Cuáles son las grandes líneas de las políticas institucionales?

J. B.: En otras áreas de la vida social, como por ejemplo la atención en los centros geriátricos, se ha impuesto la privatización. Siguiendo este esquema, el capitalismo ha visto en el menor un nuevo filón, repitiendo las pautas estadounidenses en cuanto a la rentabilización económica de la privatización del trabajo con menores. En Europa, en España, da muy mala imagen el privatizar las cárceles.

Además, éstas siguen totalmente en manos públicas, por lo que, primero, sería necesario iniciar un proceso muy complejo de privatización. Este proceso ya ha empezado con las cárceles de menores. Por un lado, el Estado intenta, en teoría, ahorrar costes -creo que esto no es cierto-, y por otro se delegan funciones en manos privadas, tanto la privación de libertad como las medidas teóricas de reinserción y rehabilitación.

D: ¿Podría ser la privatización de los centros un paso en la privatización del sistema penitenciario?

J. B.: Cada vez veo este tema más preocupante, y más aún con el panorama político que se visibiliza tras el 27 de mayo: podría darse esta privatización, aunque cabe cualquier posibilidad. Ahora mismo, las cárceles de adultos, las cárceles propiamente dichas, no se están privatizando, pero sí se están privatizando muchísimos de los servicios que la institución penitenciaria presta, por ejemplo, los talleres de inserción laboral.

En el caso de los menores, lo grave es que se está privatizando las salidas laborales de la gente que ha estudiado la atención con los menores (educadores de calle, trabajadores sociales, etc.). Porque se ha privatizado todo lo relativo a los menores en situación de marginación, desde la atención socioeducativa hasta la prestación de servicios de seguridad.

Creo que es un error -y así está reconocido de manera no oficial por algunos de los padres de la actual Ley Penal del Menor (LPM)- el abrir la puerta a que la gestión de los centros quede en manos privadas. Aunque en el horizonte estaba (según estos padres) el que esas entidades fueran colectivos que trabajasen en beneficio del menor, la LPM ha abierto la puerta a que intervengan empresas, en unos casos teñidas de fundación y en otros teñidas de ONG, que han abandonado su compromiso social, empresas "sinónimo de lucro". Éstas han encontrado un mercado impresionante.

En Madrid hay empresas a las que se les cede la construcción del edificio [centro de reforma] y la explotación del dispositivo de seguridad. Así, las constructoras asumen también la función de gestión de los propios centros de menores. Lo mismo pasa con las empresas de seguridad que están empezando a asumir y a gestionar tareas socioeducativas.

D: ¿Qué alternativas se articulan desde los espacios sociales?

J. B.: La alternativa sería previa. Partimos de la base de que en la mayor parte de los casos de privación de libertad ésta no sería necesaria si hubiese una apuesta real por alternativas sociales, educativas y culturales en los barrios, que no son compatibles con la penalización del menor.

Seguramente, muchos de los menores que se entretienen haciendo fechorías, tendrían otras alternativas de entretenimiento, por un lado; por otro, en el caso de la comisión de delitos hay medidas alternativas que estamos llevando a cabo, que tratan de hacer a los chavales partícipes y responsables de sus propias vidas.