La iniciativa de Garzón deja en evidencia "el modelo español de impunidad"

Ante la iniciativa del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón para recabar información del Gobierno central, la Conferencia Episcopal y varios ayuntamientos con el fin de elaborar un censo de fusilados, desaparecidos y enterrados en fosas comunes a partir del 17 de julio de 1936, AHAZTUAK 1936-1977 realiza la siguiente valoración:

En primer lugar, queremos situar en su verdadera dimensión el significado de esta petición judicial para conocer el nombre de las personas enterradas en fosas comunes como consecuencia de la represión franquista, las circunstancias y fecha en que se dieron esos enterramientos y si constan en algún registro. El mero hecho de que se produzca esta iniciativa en 2008 deja en evidencia el vacío existente en el Estado español en lo que respecta a cauces y medidas reales para la consecución de Verdad, Justicia y Reparación para las víctimas del franquismo.

Es tan esclarecedor como interpelativo el hecho de que más de 70 años después del golpe fascista del 18 de Julio de 1936 y más de treinta años después de la muerte del dictador Franco y del inicio del actual régimen democrático todavía no exista un censo oficial de los represaliados, asesinatos y desaparecidos por el franquismo.

Si bien no sabemos en qué derivará una investigación de estas características, si avanzará en la búsqueda de los desaparecidos o si llegará a investigarse los crímenes de lesa humanidad cometidos en el Estado. Todo esto refleja que el modelo español de impunidad en el que se cimentó el final de la dictadura no es sostenible. Ha quedado en evidencia que la labor que debería haber desarrollado la Justicia o una Comisión de la Verdad, ha sido llevada a cabo durante décadas por iniciativas populares, asociaciones de familiares y colectivos de recuperación de la memoria histórica.

Para Ahaztuak esta nueva situación es positiva porque supone un nuevo impulso para esclarecer los hechos y poder avanzar hacia medidas reales de Justicia, pero sin olvidar que la elaboración de un censo completo es una reivindicación antigua de todos los que trabajamos en este ámbito, queremos saber y que se sepan “Todos los Nombres” para que todos seamos conscientes de la magnitud de los crimenes cometidos por los franquistas. Por eso, es necesaria la implicación de todas las instituciones, pero no con un único objetivo historicista o de documentación de lo ocurrido, sino que se convierta en un herramienta útil para la difusión, concienciación y sobre todo para conseguir Justicia para todas esas miles de víctimas: anulando sus sentencias, reparando sus nombres y esclareciendo las responsabilidades de los culpables.

Desde Ahaztuak cosideramos que el compromiso de tantas personas está dando sus frutos, queno sólo se ha conseguido mantener vivo el debate sobre la denuncia política del franquismo y sus consecuencias en la actualidad, sino que cada vez es más evidente la necesidad de seguir reivindicando la memoria de todos los represaliados por el franquismo como una herramienta democrática de presente y futuro.

www.ahaztuak1936-1977.blogspot.com

El juez Garzón busca a los asesinados por la Guerra Civil y el Franquismo que están enterrados en las fosas comunes

El juez del Juzgado nº 5 de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, ha pedido al alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, que le notifique los nombres de las personas que fueron enterradas en fosas comunes durante la guerra civil y el franquismo. La petición del juez también se extiende a los alcaldes de Granada, Córdoba y Sevilla y reclama, además del nombre de esas personas, su fecha y lugar de nacimiento, residencia y filiación.

En una providencia, Garzón pide también al abad del Valle de los Caídos, al Archivo General de la Administración, a la Conferencia Episcopal y al Centro Documental de la Memoria Histórica que le informen sobre el número de desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo, con el fin de determinar si es competente para investigar estos hechos.

En concreto, a la Abadía Benedictina de la Santa Cruz del Valle de los Caídos y a la Delegación del Patrimonio Nacional en San Lorenzo del Escorial les reclama que le proporcionen los nombres de las personas que están enterradas en este lugar.

La Conferencia Episcopal deberá permitir el acceso a los libros de difuntos de todas las parroquias españolas

Por su parte, la Conferencia Episcopal deberá permitir que la Policía Judicial acceda a todas las parroquias de España (un total de 22.827) para que les faciliten los libros de difuntos de los que disponen con el fin de identificar a las posibles víctimas desaparecidas a partir de aquella época.

Se dirige también al Archivo General de la Administración para que le emita un informe o le identifique el organismo que pueda dictaminar sobre la cifra de desaparecidos, y al Centro Documental de la Memoria Histórica le pide que le haga llegar los ficheros del Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo de los que disponga. Otro de los organismos a los que se remite es la Dirección General de los Registros y del Notariado.

Garzón requiere a una de las partes personadas -hay un total de ocho asociaciones de familiares de desaparecidos- que aporte los datos que tenga sobre las personas que estén realizando exhumacones de víctimas de desapariciones forzadas, con el fin de que estas actuaciones puedan ser controladas por su juzgado "tanto en su ejecución como en su resultado, una vez que se resuelva sobre la competencia".

Ocho denuncias hasta ahora

A finales del mes de junio, el magistrado ya pidió informes a los Ministerios del Interior y de Defensa sobre los desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo con el fin de determinar si es competente para investigar estos hechos. Entonces también solicitó a los denunciantes de estos casos que aporten las identificaciones correspondientes a estas personas de cuyo paradero aún no se sabe nada, y las circunstancias, si se puede, en que se produjeron.

Asociaciones de familiares de desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo han presentado hasta ahora ocho denuncias en el juzgado de Garzón por diferentes casos en Navarra, Baleares, Canarias, Cataluña, Galicia, Andalucía y un caso individual de un diputado socialista, y, de forma genérica, han denunciado la desaparición de unas 30.000 personas durante esa época.

Público