La policía sigue sin aplicar las normas contra la tortura

La nueva visita oficial del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura (CPT), desarrollada entre el 21 de septiembre y el 1 de octubre, ha vuelto a verse acompañada de una campaña institucional mediática de ocultación y distracción. Campaña oficial que se ha concretado, al albur de la visita, en la presentación de la Instrucción de la Secretaría de Estado para la Seguridad sobre los comportamientos exigidos a los miembros de las FCSE del Ministerio del Interior. Jorge del Cura, del Centro de Documentación contra la Tortura (CDCT), se muestra taxativo: “La ‘nueva instrucción’ sólo pretende lavar la cara ante esta visita y presentarse ante el CPT diciendo que han hecho los deberes”. Y apuntala, “deberes que no se han hecho” .

Sin ninguna novedad

El documento no aporta elementos novedosos más allá de recordar a los agentes el deber de informar de los derechos a los detenidos, entre ellos el recurso al habeas corpus. Del Cura señala que la nueva directriz no significa “absolutamente nada”. En los mismos términos se expresa la Coordinadora para la Prevención de la Tortura, que aúna los esfuerzos de 40 organismos, que ha señalado que la instrucción “desoye todas las recomendaciones internacionales” y que se limita a palabras huecas.

Como prueba de la inexistente voluntad estatal, destacan la no implementación todavía del Protocolo Facultativo de la ONU contra la tortura. Ratificado en junio de 2006, sigue sin aplicarse ni generarse los mecanismos de prevención previstos. En este ámbito cabe destacar que el Congreso Nacional de Abogados, reunido en septiembre en Zaragoza, también elevó al Gobierno la petición de aplicación inmediata de dicho protocolo, petición que sigue desoída.

Durante los últimos días de septiembre el organismo del Consejo de Europa visitó, de forma confidencial de acuerdo con su metodología, hasta diez centros penitenciarios y 27 comisarías de la Policía Nacional, la Guardia Civil, la Ertzaintza, los Mossos d’Esquadra y policías locales. Entre ellos, la prisión de Can Brians, Intxaurrondo, la polémica comisaría de Les Corts y un centro de menores inmigrantes en las Canarias. Asimismo se han reunido con responsables públicos, diferentes ombudsman autonómicos y con organismos sociales y civiles de defensa de los DD HH. Las recomendaciones y conclusiones a las que llegue el CPT tras su nueva visita no se harán públicas hasta que el Gobierno español las apruebe. Cabe recordar que la publicación de los anteriores informes del CPT -muy críticos- fueron bloqueados y su publicación dilatada por los dos últimos gobiernos españoles.

Mientras, la tenacidad de los organismos sociales de defensa de los DD HH han permitido reabrir en Cataluña una causa especialmente simbólica: el proceso por los abusos en la represión del motín de abril de 2004 en la cárcel de Quatre Camins. El Departamento de Justicia de la Generalitat ya reconoció oficialmente malos tratos inflingidos hasta a 26 presos, pero no tomó ningún tipo de medida. La iniciativa social ha conseguido sentar ahora en el banquillo a 13 funcionarios de prisiones.