La privatización de los servicios públicos: una estrategia global con graves consecuencias sociales

Este sindicato, que se financia con las cuotas de sus afiliados y en el que las decisiones sólo son tomadas en asamblea por los afectados -dos significativas diferencias-, ha elaborado un informe sobre la privatización de las funciones específicas del Estado y Gobierno.

La privatización de los servicios sociales, supone sencillamente, convertir en puro negocio, lo que son derechos básicos incluidos en la Constitución e incrementar la precariedad en el empleo. Así, todo se convierte en ganancia, donde lo que prima e importa es obtener el mayor beneficio posible; desde la sanidad y los servicios públicos de todo tipo, hasta los servicios de seguridad y de la justicia. Estas subcontrataciones de importes millonarios, que en buena parte se adjudican a dedo, quedan, además, al margen de cualquier control del parlamento o de los concejales municipales y, mucho más, cuando las cesiones se hacen por décadas, como es habitual.

Hay tres razones para la privatización de las tareas públicas de lo social hacia el sector privado.

1. La creciente acumulación de capital necesita nuevos mercados donde invertir los excedentes, pero, pocos mercados quedan que no estén ya copados, pues, precisamente, son los que propician la acumulación de las fortunas que necesitan nuevos sectores para invertir.

2. El proceso de las privatizaciones, cuando menos, es pura corruptela y, de ésta a la corrupción sólo hay un paso. Cuando las adjudicaciones o su posterior control -o ambos- quedan al margen del control parlamentario o municipal, cualquier cosa es posible. Y, como es habitual, los puestos relevantes de las empresas adjudicatarias quedan en manos de políticos en activo o retirados -da igual-, de modo que las sospechas se disparan. Estas regalías se reparten entre el círculo restringido de los políticos intervinientes, lógicamente.

3. La financiación de los partidos, que continúa sin regulación alguna, queda bajo sospecha, más que razonable, ya que puede guardar una relación directa con el flujo de millones que la administración destina a estas empresas dirigidas por políticos, en activo o no, y por decisión del mismo círculo de poder. Significativa ha sido la declaración y acusación de un político catalán, aún en activo, refiriéndose al tres por ciento de "comisiones".

Así se explica que el actual Secretario de este sindicato, Martínez Morala y el anterior Secretario, González Carnero, estén procesados por daños y desórdenes públicos, para los que el fiscal pide, nada menos, que seis años y medio de cárcel, más indemnizaciones. Previamente, ambos sindicalistas, fueron prejubilados forzosos con poco más de cincuenta años, aparentemente de forma abusiva y de la que esperan veredicto -en esto sin prisa- del recurso presentado ante los tribunales. Ambos pertenecen a Naval Gijón, mientras el resto de los astilleros, salvo éste y Vulcano (Astilleros Españoles), ya se han convertido en urbanizaciones al borde del mar, previa especulación urbanística y destrucción del empleo del sector.

Este Sindicato lleva décadas luchando contra esta política y ha sido el que ha frenado y dificultado el pelotazo urbanístico, aunque ahora ya sólo quedan dos astilleros medio desmantelados. El Informe, no deja de ser una denuncia más, de la corruptela política autonómica y municipal.

Este estudio, referido a Asturias con gobierno autonómico y municipal de "izquierda" PSOE-IU, cuyo Ayuntamiento se ha personado en el proceso por los daños sufridos -lo que agrava enormemente las penas-, es válido para cualquier comunidad, basta con cambiar los nombre y los sectores afectados, pues las empresas beneficiadas son las mismas, o similares, y los mismos, o parecidos, los partidos políticos responsables, no importa de qué comunidad se trate o incluso de qué país, todo y todos coinciden. Su nuevo modelo económico, o como quiera que se le denomine, que ya es una realidad, va contra los derechos sociales, hace daño a todo el tejido social, relegando a ambos, pues el beneficio es lo que importa.

El informe es una denuncia directa, y en toda regla, a los partidos gobernantes PSOE-IU y a los dos sindicatos mayoritarios CC.OO. y UGT, responsables -directos o indirectos, da igual- de las privatizaciones en detrimento de los servicios sociales y de propiciar la escalada de la precariedad laboral. Las cúpulas sindicales y políticas han firmado sin ningún consenso conocidos con los afectados todo tipo de acuerdos haciendo retroceder ventajas sociales y laborales. Su colaboración ha sido imprescindible para que la OMC y su neoliberalismo hayan conseguido sus objetivos con tanta facilidad.

El informe destapa, con sobrados datos, la complicidad y responsabilidad política y sindical en este gran retroceso de las prestaciones sociales y de creciente precariedad en el empleo en todos los órdenes. El proceso judicial abierto a los dos dirigentes, no parece ser ajeno a la enorme actividad sindical que los encausados han desarrollado y desarrollan, lo que en sí mismo ya es grave, cuando además, su actividad reivindicativa por el empleo, era una denuncia y ponía en evidencia el atropello político y sindical oficial. Las inexistentes muestras de solidaridad, tanto de los partidos y como de los sindicatos, brillan, pero por su ausencia, aunque en realidad, más bien se suman al proceso. Es su lógica.

El Informe:

La privatizacion de los Servicios Publicos

Documento general. LA PRIVATIZACIóN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS: UNA ESTRATEGIA GLOBAL CON GRAVES CONSECUENCIAS PARA OS CIUDADANOS Y LAS CIUDADANAS DE ASTURIAS.

1. El proceso acelerado de privatización de los servicios públicos que se viene produciendo en los últimos años en Asturias se inscribe dentro de una estrategia global del capitalismo neoliberal, que tiene como objetivo la progresiva mercantilización del sector público. Esta estrategia globalizadora ha sido diseñada por la Organización Mundial del Comercio (OMC), que es una agrupación de países creada en 1995 fuera del ámbito de influencia de la ONU, con el objetivo de regir el comercio internacional. Entre los acuerdos de mayor relevancia de esta organización mundial se encuentra el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS), adoptado en el mismo año 1995, y que persigue la liberalización progresiva de todos los servicios para el comercio internacional.

De acuerdo con el calendario fijado por la OMC, desde finales de junio del año 2002 hasta el mes de marzo de 2003 cada país miembro presentaría sus listas de servicios a "liberalizar" y a partir de esa fecha se pone en marcha el proceso efectivo de apropiación empresarial, que debería culminar de acuerdo con dicho calendario en el año 2005. Este fenómeno de apropiación incide de modo sustancial sobre los servicios públicos prestados por el sector público: sanidad, pensiones, educación, cultura, transportes, gestión de tributos, telecomunicaciones, suministro de energía, agua, gestión de residuos, saneamiento, turismo etc., con independencia del ámbito territorial de la Administración Pública que los venía prestando, es decir, se produce a escala estatal, autonómica y local. La mal llamada Constitución europea, sometida a referéndum en el Estado español tras una brutal campaña oficial de desinformación, da cobertura al proceso de privatización al máximo nivel normativo sustituyendo en su texto el concepto de "servicios públicos" por el puramente mercantilista de "servicios de interés económico general": En esta línea, la Unión Europea debate en estos momentos la aprobación de la llamada Directiva Bolkestein, proyecto sobre la liberalización del mercado de servicios que legaliza el dumping social al permitir la importación de mano de obra barata sometida a las condiciones laborales de su país de origen.

La estrategia global de privatización de los servicios públicos se sustenta sobre un primer proceso de manipulación ideológica de la opinión pública que se ha ido desarrollando de modo sistemático, constante e implacable durante los últimos años, con el siguiente objetivo: afirmar, sin posibilidad de réplica, que se debe reducir el tamaño del sector público, que el sector público asume indebidamente la provisión de bienes y servicios que debería prestar el mercado; que la empresa privada es más eficiente por las bondades del mercado, frente a la ineficiencia y despilfarro de lo público; que se debe reconsiderar la necesidad del propio Estado del Bienestar y la función del Estado como redistribuidor de la renta y suministrador de los servicios públicos, con el objetivo final de privatizar la red de servicios públicos.

A estas alturas, se puede decir que este adoctrinamiento ideológico planificado por el "capital globalizador" se ha consumado de forma abrumadora, de tal manera que estas ideas son asumidas hoy con un dogma de fe por la sociedad. Y ello, fundamentalmente porque el proceso se ha desarrollado en el escenario de los medios de comunicación (prensa, televisión) y con las técnicas de propaganda del espectáculo de masas, las únicas fuentes de información que consiente la economía mercantilizada, los cuales se limitan a trasmitir las órdenes y los programas de sus dueños y para los que cualquier posición disidente simplemente no existe, o de tener algún eco, rápidamente se banaliza en las secciones de lo pintoresco o se desactiva bajo el calificativo de "utopía" de grupos más o menos marginales. En ese marco, los economistas gurús y los políticos a sueldo del capital repiten una y otra vez las virtudes del mercado global y de la liberalización, enlazando conceptos sesgados como si se tratara de verdades teológicas (eficiencia óptima, economías de escala, costes marginales, competitividad...), manipulando cifras y ocultando datos con la habilidad de los trileros.

A quien nunca critican estos charlatanes teledirigidos es a quien les paga, porque saben que siempre son intercambiables por otros políticos o expertos al menos igual de dóciles que ellos. Se justifican las privatizaciones por razones de eficiencia económica, pero cuando hablan de eficiencia no se refieren a sistemas que respondan a principios de equidad y justicia social. Frente a una concepción mercantilista de la sociedad, que considera óptimo el reparto de recursos que mejora la posición de unos pocos sin perjudicar la de todos, nosotros defendemos un modelo de reparto de la riqueza que maximice la renta de los que menos tienen. Este sistema distributivo basado en la justicia social requiere como condición imprescindible un Estado de Bienestar que preste a todos los ciudadanos y ciudadanas unos servicios públicos universales y no discriminatorios por razón de renta.

2. Contra la falsa opinión dominante hay que declarar con contundencia que no existe estudio empírico alguno que demuestre de forma fiable que las privatizaciones de servicios públicos supongan una mayor eficiencia y calidad de la gestión privada, ni tan siquiera un aumento de la competencia en los distintos sectores privatizados. Antes al contrario, la realidad resultante de los procesos de privatización diseñados a escalas globales y aplicadas en todos los ámbitos de organización política territorial -estatal, autonómica y local-,muestra de forma clara e inequívoca, al menos, las siguientes consecuencias:

• La pérdida del control democrático de los servicios públicos: se sustituyen las garantías legales propias de la gestión sometida al Derecho público por la gestión empresarial privada, supeditada exclusivamente a la maximización del beneficio económico para la empresa, con la consiguiente inefectividad de las reclamaciones individuales y de las garantías jurídicas. El ciudadano se transforma en un cliente reducido a votar cada cuatro años, un simple espectador alimentado por la publicidad incesante que le incita al consumir con la mayor libertad, liberándole de la ardua tarea de participar en la toma de decisiones sobre su propia vida y su futuro colectivo.

• La pérdida de calidad en la prestación del servicio y el aumento de los precios para los usuarios: las políticas indiscriminadas de disminución de costes en capital físico y humano, consecuencia de la tendencia a la consecución del lucro, hace que la mayoría de las empresas privadas proveedoras de servicios públicos bajen notablemente la calidad de las prestaciones y, paralelamente, suban el importe de las tarifas.

• La reducción, cuando no eliminación, de la protección medioambiental: la lógica de obtener el máximo beneficio económico para la empresa se opone a la imprescindible preservación de los valores naturales y ambientales. El proceso de producción capitalista responde siempre a la misma regla: a mayor contaminación más beneficio.

• La disminución de puestos de trabajo, bajos salarios, desregulación laboral y galopante precarización del empleo: la privatización y la Contra Corriente gestión indirecta de servicios públicos están "despublificando" el régimen jurídico del empleo público, que se inserta en la nueva dinámica de flexibilización de las relaciones laborales, bien como consecuencia de su integración en las empresas privadas que se hacen cargo de la gestión de los servicios públicos privatizados, o bien por la traslación al modelo público de relaciones laborales de técnicas y mecanismo propios del sector privado. Esta dinámica se traduce en: tendencia a la inestabilidad laboral, recurso masivo a la contratación basura, disminución de las garantías adquiridas a través de la negociación colectiva y aumento de la vulnerabilidad laboral, movilidad geográfica indiscriminada, congelaciones salariales etc. En paralelo a este proceso, surge una nueva élite de burócratas fuertemente identificada con el sistema de valores privatizador, que ve incrementado su poder y sus retribuciones, ocupando los puestos de decisión en la jerarquía de las Administraciones Públicas.

• El crecimiento de la desigualdad y la exclusión social: la involución de las políticas sociales y la desregulación provocan un efecto redistributivo negativo que sufren especialmente los colectivos más desprotegidos, porque afecta al núcleo esencial de los principios de igualdad de acceso al servicio público, universalidad y no discriminación.

• Incremento de la corrupción y del clientelismo: los extraordinarios beneficios económicos que se ponen en juego en los procesos privatizadores mediante concesiones, contratos de suministros etc., son un caldo de cultivo idóneo para el tráfico de influencias, la información privilegiada, las extorsiones y sobornos, cobro de comisiones, financiación ilícita de partidos políticos etc. Los estudios realizados por algunos Organismos independientes sobre esta materia fundamentalmente, los publicados por Transparencia Internacional- apuntan a que la corrupción, en sus diferentes variantes, acompaña como una sombra a los procesos de privatización. Procesos de concentración monopolística que impiden una competencia real: las concesiones de gestión de servicios públicos a largo plazo 50 años o más-, son un ejemplo de monopolio que impide la competencia en la prestación del servicio.

3. La "privatización" supone la transferencia de una empresa o actividad pública al sector privado, con independencia de la forma jurídica que tenga la entidad que asume la transferencia: empresa privada local, estatal o trasnacional-,asociación, fundación, organización no gubernamental, sindicato o asociación de empresarios. Este proceso presenta múltiples vías o mecanismos de materialización, que describiremos sin pretensión de exhaustividad:

A) La transferencia de actividades públicas al sector privado: la Administración Pública transfiere la gestión del servicio pero conserva la titularidad del mismo.

a. 1 Externalización de actividades y servicios de la Administración Pública a una empresa privada para la prestación o gestión por parte de ésta, mediante contratos de gestión, consultorías y asistencias técnicas y contratos deservicios: limpieza, alimentación, servicios informáticos, asistencia sanitaria, custodia y seguridad de edificios públicos etc.

a. 2 La concesión, mecanismo contractual específico por el cual las empresas privadas se hacen cargo de la gestión de servicios públicos esenciales a largo plazo hasta 75 años y en régimen de monopolio: agua, transporte etc.

a. 3 El concierto, por el cual la Administración Pública conviene con empresas queya vienen prestando los servicios de los que se trate para que éstas se hagan cargo de una parte de los que la Administración está obligada a prestar: conciertos con clínicas privadas en materia sanitaria o con colegios privados en materia educativa.

a. 4 Los Convenios de colaboración con entidades privadas sin ánimo de lucro (ONGS, fundaciones, asociaciones), especialmente frecuentes en el campo de los servicios sociales, con la finalidad de sustituir la prestación directa de dichos servicios por las Administraciones Públicas. Estas entidades privadas sin ánimo de lucro funcionan en la práctica como verdaderas empresas, con todas las lacras de la actividad empresarial especulativa: contratación basura, falta de transparencia, élites dirigentes con elevadas retribuciones, trabajadores explotados en condiciones laborales degradantes, clientelismo político (la práctica totalidad de estos convenios de colaboración se conciertan sin publicidad y las asociaciones se eligen en procesos opacos sin libre concurrencia)

B) La utilización de formas de organización privada en el sector público: existe una tendencia imparable a la creación de las llamadas "empresas públicas" como mecanismo de prestación de servicios públicos. Con este nombre tramposo se designa una realidad distinta a la que parece señalarse en apariencia, a saber, a las empresas de propiedad pública que funcionan realmente como empresas privadas: su finalidad es exclusivamente utilizar las técnicas y fórmulas de gestión privada, eludiéndolos mecanismos de control, publicidad y transparencia y las garantías jurídicas del Derecho Público.

Bajo la excusa de la supuesta necesidad de flexibilizar los procedimientos públicos para ganar en agilidad y eficiencia, se esconden procesos de clientelismo político, sindical y patronal en la selección del personal de estos organismos (el nepotismo en la contratación de personal recientemente denunciado en la empresa municipal de transportes de Gijón, EMTUSA, es un ejemplo de ello), contrataciones en la sombra y un difusa e ineficaz fiscalización contable, que genera enormes espacios de impunidad. En último término, la constitución de empresas públicas se concibe como un paso intermedio para su posterior venta al capital privado.

C) La venta a empresas privadas de la propiedad de empresas anteriormente públicas: las de suministro de agua, gas, energía, transportes, telecomunicaciones; en la línea de lo acontecido con otras empresas públicas en sectores estratégicos como la siderurgia, la fabricación de armas o el sector naval. El supuesto objetivo de estas operaciones es devolver al mercado actividades que se considera deben prestarse en régimen de libre competencia por razones de eficiencia económica, si bien lo que realmente se esconde bajo estos procesos de expolio del patrimonio público es una apropiación de los sectores económicos rentables que estaban en manos de la Administración Pública. Al mismo tiempo, estas operaciones permitieron al Estado español obtener los ingresos suficientes para reducir el déficit público y alcanzar los objetivos del Programa de Convergencia marcado por la Comunidad Europea.

Los procesos de liberalización y privatización que se han descrito se caracterizan por llevarse a cabo de espaldas a los ciudadanos, con el más absoluto secretismo y vulnerando los más elementales principios democráticos de información y participación en la toma de decisiones por parte de la sociedad civil .Los principales beneficiarios son las grandes empresas trasnacionales proveedoras de servicios, que a través de sus lobbies (nombre eufemístico de los núcleos duros dedicados al tráfico de influencias y a la simple y pura corrupción),dictan el orden del día de la OMC y determinan el ritmo de aplicación del AGCS; pero también las redes clientelares en las que se integran pequeñas empresas, ONGS, fundaciones, asociaciones y otros entramados estrechamente vinculados a la partitocracia mercantilizada que nominalmente nos gobierna.

4. En Asturias, el proceso de privatización de los servicios públicos se expande inexorablemente al ritmo marcado a nivel global, con la colaboración de gobiernos títeres que actúan de simples gestores del poder económico que se ha apoderado de la política (entre otras elementales razones, porque todos los partidos con una significativa presencia social subsisten gracias a los préstamos amigables de la gran banca en las condiciones más favorables).

Examinaremos algunos casos significativos de privatizaciones en las diferentes administraciones públicas asturianas autonómica, local-siguiendo el criterio de clasificación de las técnicas privatizadoras expuesto en el apartado anterior:

A) Transferencia de actividades públicas a sector privado:

a. 1 Casos de externalización de actividades de la Administración Pública mediante contratos de gestión de servicios públicos con empresas privadas:

* E l Principado de Asturias acaba de adjudicar a la multinacional americana Accenture la gestión del llamado Centro de Gestión de Servicios Informáticos de la Administración del Principado de Asturias, sus organismos y entes públicos, por un importe de 31 millones de euros (5.300 millones de pesetas) y por un período de cuatro años. Su objeto es la prestación de diferentes servicios relacionados con las tecnologías de la información, que se sustraen a la gestión directa de la Administración y se ofrecen como suculento negocio al capital privado trasnacional. Accenture es uno de los gigantes de la informática a escala mundial, con una facturación anual de 12 mil millones de euros, que ha contado para esta adjudicación con el señuelo de la alianza con la empresa asturiana Seresco. La multinacional anuncia que la prestación exigirá una plantilla de unas 140 personas, con la vaga promesa de que habrá creación de nuevos empleos, sin que se sepa cuántos y con qué características. EI mismo Principado de Asturias ha adjudicado el servicio de telecomunicaciones de la Administración autonómica, sus organismos, empresas y entes públicos, licitado por el módico precio de 47 millones de euros durante cuatro años, a varias empresas multinacionales: el grueso de la operación, los servicios de telefonía fija y datos, a Telefónica por un montante global de 42,44 millones de euros; la telefonía móvil a Auna y los servicios de acceso a Internet, el chocolate del loro, a Telecable, operador presentado mediáticamente como "empresa regional", pero en cuya oferta participan las multinacionales British Telecom y Auna.

• La vigilancia y custodia de los edificios públicos del Principado de Asturias se encuentra contratada en su integridad a empresas de seguridad privada.

• Las recientes contrataciones anunciadas por la Consejería de Vivienda y Bienestar Social de la gestión de los servicios de centro de día para personas mayores dependientes y de transporte para los usuarios en los Centros Sociales de Personas Mayores de Covadonga, en Oviedo, de Luanco y de Moreda, con un presupuesto total de 2.100.730 euros • La ayuda a domicilio, servicio público de atención a personas y familias con miembros dependientes, se encuentra privatizado desde el año 1989, gestionándose en la actualidad fundamentalmente por empresas privadas financiadas por el Principado de Asturias y los diferentes Ayuntamientos. Como ejemplo de esta política, el Ayuntamiento de Gijón tiene suscrito un contrato con la empresa Quavitae S.A. (en cuyo capital se integran potentes grupos empresariales como Mafpre, Alba o Morgan), con un volumen de negocios en el año 2003 en el conjunto del Estado de 30 millones de euros, y unas condiciones de trabajo degradantes (ínfimos salarios , sistema de formación ineficiente y en manos de las centrales sindicales mayoritarias , patronal y ONGS, y un elevado índice de enfermedades profesionales). Por su parte, el Ayuntamiento de Oviedo acaba de anunciar el concurso para la contratación del servicio por un importe de 160.000 euros.

• El Ayuntamiento de Oviedo ha adjudicado la gestión de los ingresos municipales a la Unión Temporal de Empresas "Asturagua Aquagest" utilizando para ello el subterfugio de que se trataría simplemente de una colaboración con la gestión municipal. La realidad es bien distinta: dicha empresa suplanta la actuación del servicio de tributos del Ayuntamiento, en una gestión plagada de irregularidades, como ha tenido ocasión de constatar la propia Abogacía Consistorial.

a. 2 Ejemplos de concesión de servicios públicos

El Ayuntamiento de Oviedo ha concedido la gestión del servicio público de limpieza y recogida de basuras a la empresa Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) por un período de 75 años. El mismo grupo empresarial, a través de su empresa Seragua, tiene adjudicada la concesión del servicio público de agua por un plazo de 50 años, así como la concesión del servicio de aparcamientos vigilados en zona azul.

Nos encontramos ante un ejemplo práctico de la gran mentira que se esconde detrás de los "procesos de privatización": en lugar de libre competencia, concentración monopolística empresarial a perpetuidad; en vez de eficiencia en la gestión, aumento de las tarifas y precios a pagar por los ciudadanos. La obtención del máximo beneficio por una empresa explotadora del contrato de concesión del servicio público de agua sólo puede conseguirse mediante un aumento del consumo (manipulación de los contadores) o a través de un incremento de las tarifas.

a. 3 Ejemplos de privatización por concierto:

- Mercantilización de la enseñanza: la Consejería de Educación planifica el cierre de 39 ciclos de Formación Profesional en centros públicos, a la vez que aumenta la oferta económica para realizar conciertos educativos con centros privados, en gran parte vinculados a la iglesia católica, que se sitúa en torno a los289 millones de euros (48.000 millones de pesetas)- Mercantilización de la sanidad: el Principado de Asturias ha concertado con la mutua Ibermutuamur la gestión de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales de sus trabajadores y trabajadoras. Se trata de una agrupación empresarial privada sin ánimo de lucro que obtuvo en el año 2003 un excedente de50 millones de euros, basada según su propia publicidad en una gestión eficiente de las prestaciones económicas y de los gastos de funcionamiento.

a. 4 Ejemplos de privatización de la gestión de servicios públicos a través de Convenios de colaboración con entidades privadas sin ánimo de lucro (ONGS, fundaciones, asociaciones).

La política del gobierno socialdemócrata del Principado de Asturias en los últimos años en materia de servicios sociales responde a la estrategia capitalista del "doble lenguaje" y de los "sistemas tapadera": por un lado, se promulga a bombo y platillo una Ley de Servicios Sociales en el año 2003, que se publicita como la más progresista del Estado español. Pero, al mismo tiempo, se consolida y extiende un sistema de prestación de dichos servicios basado en la gestión privada mediante contratos de gestión con empresas del sector y en la utilización de entidades privadas fundamentalmente, de las llamadas sin ánimo de lucro como sustitutivo de la gestión pública directa. Ya hemos señalado más arriba ejemplos de contratos de gestión privada de servicios públicos (centros de día para personas mayores, ayuda a domicilio), pero además de la privatización de la gestión a través de contratos administrativos, se utiliza de forma masiva como fórmula de gestión privada los llamados convenios de colaboración con entidades sin ánimo de lucro, particularmente frecuentes en el ámbito de los servicios de:

• protección a la infancia: centros de día para menores, centros de alojamiento de menores • justicia juvenil: ejecución de medidas judiciales impuestas a menores • mediación familiar • prevención y tratamiento de drogodependencias • recursos para personas mayores

La mayor parte de estos convenios no salen a luz pública porque se conciertan sin publicidad ni libre concurrencia y, cuando esporádicamente se conocen, revelan una elección arbitraria y sospechosa de los recursos privados.

Un ejemplo paradigmático de este modo de proceder lo encontramos en el convenio de colaboración suscrito entre la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, el Consejo General del Poder Judicial y la asociación privada llamada Servicio Interdisciplinar de Atención a las Drogodependencias, publicado en el Boletín del Principado del día 28 de abril del año 2004. El convenio señala que el Plan de Drogas para Asturias 2001 2003 recoge la puesta en marcha de un servicio de atención a las drogodependencias en los Juzgados para colaborar con la Administración de Justicia. Curiosamente, existe una asociación privada sin ánimo de lucro que se dedica a ese fin y sin mayores justificaciones y con absoluta discrecionalidad, se le atribuye la prestación de este servicio público, financiándola con 102.503 euros ( más de 17 millones de pesetas al año) con cargo al presupuesto del Principado de Asturias del 2004, y se pone a su disposición dos despachos en las sedes de la Audiencia Provincial en Oviedo y Gijón. A cambio, la asociación privada aporta cuatro trabajadores (uno a tiempo parcial), una fotocopiadora, dos ordenadores y un fax. El negocio redondo, sin concurso previo que posibilite, al menos, la libre concurrencia, no tiene plazo de caducidad, pues se prevé su renovación anual. No sabemos si este modo de gestionar los servicios públicos en el ámbito judicial cuenta con el asentimiento del nuevo gobierno de ZP, del actual Fiscal General del Estado y de la llamada minoría progresista del Consejo General del Poder Judicial. En todo caso, les invitamos a dar explicaciones a los ciudadanos y ciudadanas de Asturias.

B) La utilización de formas de organización privada en el sector público.

La proliferación de las denominadas "empresas públicas" es una constante en la política neoliberal de los sucesivos gobiernos de Asturias. Mediante este proceso de privatización se sustituye la prestación directa de un servicio público mediante las técnicas y garantías del Derecho público por una gestión privada de naturaleza empresarial, en la que:

• La contratación del personal se realiza al margen de los principios de igualdad, mérito y capacidad, constituyendo camarillas de afines al partido gobernante, a sindicatos o a grupos o familias de poder (todo un ejemplo de política de izquierdas)

• La contratación de obras, suministros de bienes y gestión de servicios se lleva acabo al margen de la legislación pública en materia de contratos, propiciando el tráfico de influencias y los tratos de favor hacia empresarios de la cuerda

• Se escabulle la fiscalización pública, dulcificando los controles de intervención El presupuesto de las empresas públicas dependientes del Principado de Asturias para el año 2005 se sitúa en 166.396.294 euros, cifra superior al presupuesto de las Consejerías de la Presidencia, de Economía y Administración Pública, de Justicia, de Cultura y de Industria y Empleo y próximo al que dispone la Consejería de Vivienda y Bienestar Social para realizar las principales políticas de servicios públicos, con e\ siguiente reparto:

• Sociedad Regional de Recaudación del Principado de Asturias S.A.; 7.005.640 euros • Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales S.A. (SADEI): 1.408.000 euros • Hostelería Asturiana S.A. (HOASA): 7.542.270 euros • Inspección Técnica de Vehículos de Asturias S.A. (ITVASA): 7.328.549 euros • Sociedad Regional de Promoción del Principado de Asturias S.A. (SRP): 24.101.803 euros • Sociedad Regional de Turismo S.A.: 7.497.977 euros • Productora de Programas del Principado de Asturias S.A.: 2.000.187 euros • Sedes S.A.: 58.912.248 (aquí topamos con el sector del ladrillo y bien que se nota) • Viviendas del Principado de Asturias S.A. (VIPASA): 13.825.341 euros • Empresa Pública Sociedad de Servicios del Principado de Asturias S.A.: 5.620.500 euros • Ciudad Industrial Valle del Nalón S.A. (VALNALON): 4.374.762 euros • Parque de la Prehistoria: 1.401.017 euros • Gestión de Infraestructuras Sanitarias del Principado de Asturias S.A.: 25.378.000 euros

C) La venta a empresas privadas de la propiedad de empresas anteriormente públicas.

La gestión privada de servicios públicos a través de la constitución de "empresas públicas" constituye un paso intermedio para una posterior venta de la propiedad al sector privado de aquellas que resulten rentables. Asturias ha sido y es un escenario particularmente afectado por esta estrategia de amortización del sector público a favor del gran capital en sectores productivos estratégicos.

El caso más significativo es el de la empresa pública siderúrgica ENSIDESA, sometida a un intenso proceso de reconversión en los años 80 con pérdida de miles de puestos de trabajo y multimillonarias inversiones de dinero público para modernizar tecnológicamente los procesos productivos, para transferirla a continuación a una multinacional del acero en condiciones de competitividad (según las cifras oficiales, entre 1984 y 1990 el Estado español invirtió en las factorías de Avilés y Gijón un total de 180.000 millones de pesetas). Pocos años después de la venta, la multinacional Aceralia, bajo el chantaje de la deslocalización, acaba de imponer un plan laboral que incluye reducciones de plantilla (2.000 trabajadores afectados) y desregulaciones en las relaciones laborales: movilidad, flexibilidad, cambios en la estructura salarial y profesional.

Por idéntico proceso pasó la empresa pública de armamento Santa Bárbara, adquirida por la multinacional americana General Dynamics, y están pasando los astilleros públicos de IZAR, que acabarán en manos de una empresa privada. Hemos puesto de manifiesto la realidad del proceso de privatización progresiva de los servicios públicos en Asturias, la coartada ideológica y la mentira sistemática sobre la que se apoya. Conocemos la estrategia seguida y sabemos a quien sirve: no a los ciudadanos y ciudadanas, que piden servicios públicos de calidad, universales y asequibles, sino al ánimo de lucro voraz de un capital cada vez más concentrado. Toca ahora pedir cuentas a la clase política que nos gobierna: ¿a qué intereses sirven quienes promueven, por acción u omisión, la privatización de los servicios públicos?