La travesía de las teles comunitarias

El apagón analógico para las emisoras de cobertura local está previsto para el 1 de enero de 2008. La TDT permitirá una oferta de 24 o 28 programas de televisión, la mayor parte pertenecientes a las empresas privadas concesionarias de las licencias de cobertura estatal (Prisa, Cope, o Vocento) Esto demuestra que la diversificación de la oferta que promete la TDT es más formal que real. En pocos años, hemos transitado del monopolio estatal a la desregulación y la libertad de comercio. Aunque algunos Estados quieren poner límites a la concentración, lo cierto es que son demasiado pocos los que ejercen el control sobre unos medios que influyen de manera decisiva en las vidas de las personas. Así, la libertad de comercio en el ámbito de la comunicación, puede suponer una coacción efectiva de grupos de presión sobre los poderes públicos y la sociedad. El ejemplo de Tele-K constata que la televisión local no tiene por qué estar condenada necesariamente al control de los grandes grupos empresariales.

Frente a la deriva oligopolística, más de 100 personalidades de las facultades de Ciencias de la Información así como 17 emisoras comunitarias han elaborado un manifiesto que señala el riesgo de desaparición de la televisión comunitaria por su falta de regulación.

En el escrito solicitan el apoyo a una enmienda de IU-ICV a la LISI (Ley de Medidas de Impulso a la Sociedad de la Información). Finalmente, el PSOE se ha comprometido a aprobar una enmienda consensuada con las emisoras comunitarias que regule el funcionamiento transitorio de las mismas y establezca un marco específico y un procedimiento para la obtención de concesiones.

Previamente, el Congreso ha aprobado parcialmente otra enmienda de IU-ICV con la que se reconoce el derecho a “medios de apoyo y líneas de financiación para el desarrollo de servicios de la sociedad de la información sin finalidad lucrativa que, promovidos por entidades ciudadanas, fomenten los valores democráticos y la participación ciudadana, atiendan al interés general o presten servicios a comunidades y grupos sociales desfavorecidos”.

Las medidas afectarían a las 17 emisoras comunitarias gestionadas por entidades sin ánimo de lucro en el Estado español, principalmente de Cataluña, Baleares y Madrid que llevan 25 años luchando por su regulación. Estas normas supondrían una mayor democratización del espectro radioeléctrico frente las tendencias de privatización y oligopolio

Publicado en Diagonal nº 65