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16/10/2020 :: Estado español

Las víctimas invisibles. Terrorismo de estado (IV)

x Eder Mitxelena Foronda
1976. Primer año completo tras la muerte de Franco. Primera parte (fuerzas de seguridad del estado).

Designado 6 años antes por Franco como su sucesor, Juan Carlos I ya había sido proclamado Rey de España. Fue él quien confirmaría a Arias Navarro como presidente, pero el malagueño dimitió a mediados de año y se decidió colocar en el puesto a un franquista de perfil bajo, alguien que hubiese pasado discretamente esos años de languidecer del dictador. El elegido seria Adolfo Suárez, hasta entonces Ministro de Gobernación y Vicesecretario general del Movimiento, que también había sido director de TVE y por tanto, todo un experto en manipulación y lavados de cara. Elaborada la “Ley para la reforma política”, se votó en referéndum en diciembre. Ya lo había dicho en las Cortes franquistas Arias Navarro antes de dimitir, “os corresponde la tarea de actualizar nuestras leyes e instituciones como Franco hubiera deseado”. Así que nadie mejor que Don Manuel Fraga para llevar a cabo la tarea de diseñar el programa de esas leyes con las que hacer creer al personal que, quienes habían de dirigir esa nueva etapa, habían cambiado de la noche a la mañana. ¿Éramos un pueblo libre? ¿Ya no había represión? ¿No se ejercía la violencia desde el estado y contra la población? ¿Muerto el perro se acabó la rabia? ¿Con los mismos empresarios-estómagos agradecidos, los mismos ministros y los mismos mandos policiales y militares que en tantos años de dictadura? El terrorismo de estado no desapareció con el franquismo. Muy al contrario, fue perfeccionado para ser ejercido de forma quizás más sibilina.

Para hacernos una idea de cómo se llegó a la transición en el aspecto del que nos ocupamos en esta serie de artículos, los fríos números dicen que GRAPO causó una víctima mortal en 1976 y ETA 16 (según la AVT uno más, ya que suman como muerto en atentado a un guardia civil electrocutado cuando quitaba una ikurriña colgada del tendido eléctrico), de los cuales 3 eran políticos franquistas, 7 miembros de las fuerzas de seguridad, 4 supuestos confidentes policiales y 2 civiles. Las fuerzas de seguridad del estado y grupos de ultraderecha se llevaron a la tumba en ese mismo año a 38 personas, de las cuales 3 eran miembros de ETA, uno del MIL, otro del GRAPO y 33 civiles, 22 de ellos concentrados en un pequeño territorio conocido como Euskal Herria. Añadir que 4 de esas 38 víctimas totales, eran menores de edad.

Fuerzas de seguridad del estado

Un día antes, en una manifestación con 4.000 participantes del sector del calzado en Elda, Alacant, los grises ya habían cargado contra la gente. El 24 de febrero ya eran 5.000 manifestantes. A última hora volvieron a pasar a toda velocidad varios vehículos de antidisturbios. El último coche se detuvo para disparar, resultando muerto Teófilo del Valle Pérez, de 20 años y natural de Silleda, Pontevedra. El día del funeral 20.000 personas acompañaron el féretro. En 2012, una moción en el ayuntamiento de Elda pedía un reconocimiento para Teófilo mediante una calle o plaza en su nombre. El PP votó en contra. Hoy en día tiene, por fin, una plaza en su recuerdo.

Poco después, aconteció uno de los asuntos más sangrientos de la época. Tras dos meses de fuertes movilizaciones y después de alguna carga policial a lo largo del día, trabajadores de «Forjas Alavesas» celebraban su asamblea en una iglesia de Vitoria-Gasteiz, el 3 de Marzo de aquel 1976. La Policía Armada asaltó la iglesia lanzando gases lacrimógenos para forzar a los reunidos a salir y apalearlos al hacerlo, mientras los miles que se juntaban fuera eran tiroteados. Las grabaciones de la emisora policial ponen los pelos de punta, presumiendo de haber hecho más de 2.000 disparos, de causar una masacre. ¿Disfrutaban de matar al pueblo? Casi 200 heridos, 60 hospitalizados, 43 de ellos con heridas de bala y 5 muertos; Pedro María Martínez Ocio, de 27 años y único alavés de entre las víctimas mortales , obrero de Forjas Alavesas, murió de tres balazos nada más iniciarse el asalto policial, al igual que Francisco Aznar Clemente, de 17 años, estudiante natural de Oviedo. Al día siguiente moriría en el hospital Romualdo Barroso Chaparro, de 19 años, trabajador cacereño de «Agrator», días después José Castillo García, de32 años, salmantino de la empresa «Basa”, mientras un mes después acabaría muriendo Bienvenido Pereda Moral, de 31 años, burgalés de «Grupos Diferenciales».

El día siguiente, con la llegada de refuerzos de antidisturbios y Guardia Civil de otras provincias, habría otros 4 heridos graves más. Fraga, el siempre presente dinosaurio franquista, Ministro por entonces, culpó a los dirigentes sindicales, encarcelando a varios durante un año. De los asesinatos no salió culpable alguno en el juicio (farsa) militar, quedando el caso sobreseído. A través de la conocida como “querella argentina”, la jueza Servini ordenó en 2014 la detención de tres de los responsables de la matanza del 3 de marzo, como autores de crímenes de lesa humanidad. Alguno de ellos, como el que fuera Ministro de Relaciones Sindicales Rodolfo Martín Villa, después presidente de Endesa fue, hace no mucho y a pesar de estar en busca y captura dictada por Interpol, condecorado por el Rey en el Congreso de los diputados. Estamos en un estado tan tolerante con el fascismo que, más recientemente, hasta cuatro ex presidentes y un sinfín de personalidades políticas enviaron cartas de apoyo al acusado ante su inminente declaración telemática sobre los hechos por los que sigue manteniendo esa vergonzosa impunidad cuatro décadas después. Alfonso Osorio García, santanderino, por entonces ministro de presidencia, quien decidió que el operativo fuese dirigido por un mando único y el granadino Jesús Quintana Saracibar, capitán al mando de la operación que en el juicio-farsa declararía no poder saber quién disparó esas 1.000 o 2.000 balas, son los otros mandos políticos o policiales llamados a declarar por la jueza Servini en relación a un caso que ha llegado a ser denunciado ante la ONU.

En los días posteriores se produjeron manifestaciones de repulsa por los “sucesos de Vitoria” a lo largo de todo el estado. El 5 de marzo, en Tarragona, los grises cargaron contra la gente. Juan Gabriel Rodrigo Knafo, trabajador de la refinería, de 19 años, escapó metiéndose en un portal. Lo persiguieron y ya en la azotea se precipitó al vacío, víctima, al parecer de un pelotazo que lo desequilibró. La policía ocultó su muerte hasta el día siguiente. Por supuesto, no hubo juicio ni se permitió ver el cadáver, no fuese que se encontrase un balazo o hematoma de algún pelotazo. Vicente Antón Ferrero sólo llevaba año y medio en Euskal Herria tras emigrar desde San Martín de Tabora, Zamora. Tenía 18 años cuando el 8 de marzo, en otra de las manifestaciones por los sucesos de Vitoria, en Basauri, la guardia civil dispersó a tiros a las 8.000 personas congregadas. Sólo quedó su cuerpo tirado en el suelo, con un balazo en la cabeza que según los allí presentes se hizo desde menos de 7 metros de distancia. No hubo investigación. A la familia se le dio una compensación económica en 2009, 33 años después de su muerte. Añadir que la solidaridad por los “sucesos del 3 de marzo” fue también reprimida mortalmente en Italia, cuando en una protesta ante la embajada española en Roma, era asesinado por la policía Mario Marotta, de 52 años.

Tras un intento anterior abortado por un chivatazo y 6 meses de escavar un túnel, 29 presos antifranquistas consiguieron escapar de la cárcel de Segovia, el 5 de abril. Quien debía llevarlos hasta la frontera no apareció, pero lograron llegar a Nafarroa en un camión. Entre la niebla, tratando de llegar a Iparralde, a la altura de Auritz-Burguete, fueron ametrallados por la guardia civil, masacrando el pecho del militante del MIL Oriol Solé Sugranyes, barcelonés de 28 años. 24 compañeros fueron detenidos y 4 alcanzaron su objetivo, la huida. Dos días después aparecía el cadáver de un secuestrado por ETA. Fraga amenazaba…»sí quieren guerra, la tendrán.», como si en algún momento el estado hubiese dejado de matar.

No hacía falta estar metido en nada para ser acribillado…Felipe Suarez Delgado, de 28 años, natural de León y domiciliado en Gijón, fue otro de tantos asesinados en un simple control de carretera de la guardia civil. Ocurrió en Zarautz, Gipuzkoa el 12 de abril, cuando al saltarse el alto, los beneméritos hicieron lo que más les parecía gustar, ametrallar gente. El acompañante de Felipe resultó herido.

Las dos siguientes víctimas mortales de las balas de la guardia civil volvieron a tener tintes políticos. La madrugada del 18 de abril, la picoletada localizó, en la zona del cementerio de Bera, Nafarroa, a 4 miembros de ETA que pretendían cruzar la muga, abriendo fuego contra ellos. Dos consiguieron escapar, uno fue detenido tras ser herido y Manuel Mari Garmendia Zubiarrain, seria abatido por varios disparos en el pecho. Natural de Legorreta, tenía 30 años y una hija. Era conocido como «Korta» por el baserri familiar. «Kortatu» se llamaría así en su honor. Justo una semana después, el 25 de abril, Joxe Bernardo Bidaola Atxega, «Txirrita», de 23 años y vecino de Lizartza, trataba de llegar a Iparralde por el monte, en Etxalar, junto a tres compañeros. La guardia civil llegó hasta el lugar y consiguieron acorralar a Txirrita y otro de ellos. Los dos huidos vieron como cogían a Txirrita y escucharon después varios disparos, siendo que ninguno de los 4 iba armado. Sin embargo, mientras se anunciaba en medios la detención de Iñaki, no ocurrió lo mismo con «Txirrita», que apareció muerto en estado de descomposición y presentando un disparo, más de un mes después, en una zona cuyos allegados habían peinado varias veces. El orificio de bala y la posterior autopsia no cuadraba con la típica tesis del suicidio que dio por «vendida» la guardia civil, en nuevo alarde de tomar por idiota al personal.

Mientras, la Legión, recientemente trasladada a Fuerteventura, se estrenaba a lo grande; El 27 de abril, Pablo Espinel de Vera, de 43 años y alcalde pedáneo de Guisgey, Puerto Cabras, trabajaba en la cuadra que tenía junto a su casa. Dos legionarios, de un grupo de cinco, se acercaron, armados, para pedirle algo, por las buenas o por las malas. Le dispararon un primer tiro e hizo el intento de llegar a casa y coger su escopeta de caza para defenderse, pero sería ametrallado antes de poder hacerlo. Para lavarse las manos, a aquellos que la liaban, el ejército los consideraba desertores, aunque hubiesen cometido el crimen una hora después de salir del cuartel. Así fue en el caso de Andrés del Teso y José Gaspar Piris, condenados a 30 años por este asesinato. Apenas dos semanas después, los chicos del Tercio volvieron a “regalar” un muerto a la isla. Fue el 12 de mayo, cuando Fuerteventura se preparaba para la visita del Gobernador Civil, legionarios a 140 kilómetros por hora en un coche robado, chocaron de frente con el vehículo en el que iba el Presidente del Cabildo Insular, Santiago Hormiga Domínguez, de 59 años. Tras dos semanas hospitalizado con 7 fracturas de cráneo, murió el día 26. Pero es que lo de la Legión en Fuerteventura da para un especial.

El 12 de junio se celebraba en el Jai Alai de Eibar, Gipuzkoa, el certamen de la canción vasca. Alberto Soliño Masachs, de 33 años y nacido en Bouzas, Pontevedra, era batería de un grupo además de dueño de una tienda de electrodomésticos en Pasaia. Al acabar su actuación y salir a cargar el coche, vio a su compañero discutiendo con otro conductor que le apuntaba con una pistola. «¿Qué pasa? ¡Hablando se entiende la gente!», dijo Alberto, a lo que el individuo respondió fracturándole el cráneo con la culata y rematándolo con un tiro de gracia. Resultó ser Luis Carpintero Taravilla, guardia civil. No sería siquiera suspendido de empleo, sólo lo trasladaron. A la familia de Alberto le obligaron a poner en la esquela que había muerto en un accidente. Tenía tres hijos menores de 7 años.

El 18 de junio, un vecino recogió como chatarra una bomba de 20 kilos olvidada por los militares que realizaban maniobras en la sierra de Urbasa, Nafarroa. La bajó a Etxarri Aranatz y allí hizo explosión. Así murieron, despedazados, Segundo Maiza Beiza, de 71 años, su nieto Jesús Miguel Zeberio Maiza , de 11 años, Saturnino De Luis Erdozia, 43, su hijo José Luís De Luis Taber, de tan solo 6 años y María Gloria Pejenaute Pejenaute, de 58 años. Poco después aparecieron los militares para recoger nada menos que otras 5 bombas “olvidadas”. No era la primera vez que ocurría algo así.

    

El 18 de julio, en Madrid, tres tíos merodeaban de madrugada, según la versión oficial, cerca de un cuartel de la guardia civil. Les dieron el alto y salieron corriendo, así que los picolos hicieron lo más propio, disparar. Aparecería muerto Carlos Hernández Expósito, de 29 años. Lo tildaron de maleante, pero su padre desmontó la película de los verdes; su hijo no pudo salir corriendo pues casi no podía ni andar, ya que estaba cojo, y sólo tenía en su curriculum una denuncia de hacía diez años por conducta inapropiada. Además, denunció que no dejarán ver el cadáver de Carlos a la familia. El día del funeral, la policía impidió una manifestación y detuvieron a algunas personas.

La noche del 13 al 14 de agosto, en Almería, el estudiante de biología y militante de la «joven guardia roja» del PTE, Francisco Javier Verdejo Lucas, de 19 años, comenzaba a hacer una pintada reivindicativa en una pared. Lo que debía ser un «Pan, trabajo y libertad» se quedó en «Pan, T» ya que fue visto por dos guardias civiles. Uno de ellos le perseguía y el otro le cerraba el paso, siendo el segundo quien le disparó desde 6-7 metros, dándole en la garganta. Su padre era un franquista que fuera alcalde de Almería, así que, cagaos al saber de quién era hijo la víctima, la versión benemérita fue que el perseguidor tropezó y se le disparó el arma. Aunque la trayectoria de la bala echase por tierra tal película, el gobernador civil hizo cerrar el caso sin investigación. El padre del joven asesinado, que renegaba de Javier por sus ideas, no sólo respondió que habían hecho su trabajo, sino que trató de impedir un homenaje popular el día del funeral y acabó denunciando, a quienes llevaron a hombros el féretro, por secuestro del cadáver. Llegó a haber 10 detenidos, incluidos 4 menores, a causa de las muestras de solidaridad con Javier y sus compañeros de militancia.

Dado que la guardia civil y los grises tenían como pasatiempo liarla en todas las fiestas populares de Euskal Herria, la alcaldesa de Hondarribia, Gipuzkoa había pedido al Gobernador civil que las fuerzas del orden no estuviesen presentes en el tradicional alarde del municipio. Este le había dado su palabra de honor, pero…el 8 de septiembre allí estaban, junto a las 50.000 personas asistentes, tanto los antidisturbios de la Policía Armada como la Guardia Civil con Antonio Tejero Molina, el del 23F, al mando. Una mujer ebria armando lio y los uniformados tuvieron la disculpa que tanto deseaban para empezar a disparar bolas de goma y echar gases lacrimógenos. Para el momento de la manifestación pro-amnistia, el lío era monumental, de tal modo que tras una persecución en la que el perseguido tiraba sillas de las terrazas para facilitar su huida, el verde Enrique Pascual Diogo le pegó dos tiros en el pecho y a bocajarro. Josu Zabala Erasun, irundarra, tenía 22 años cuando murió. Hubo dos heridos de bala y una persona que recriminó a los antidisturbios el uso de fuego real, perdió el ojo de una hostia. Era Gabriel Alonso Aristiagirre, ex del Celta, Real Madrid y selección estatal, el que inició la jugada del famoso gol de Zarra. La alcaldesa dimitió llamando mentiroso al Gobernador civil y en las manifestaciones posteriores, prohibidas, hubo numerosos heridos más. Los medios de comunicación, a pesar de llevar Franco casi un año muerto, seguían en su línea, y hubo alguno que publicó que Josu era delincuente de profesión, cuando en realidad era delineante. En esos tiempos no colaba la disculpa del autocorrector, simple manipulación. El picoleto asesino vio abrirse procedimiento por el caso, pero acabó en sobreseimiento en aplicación de la ley de amnistía… amnistiado tras matar a un chaval por manifestarse en favor de la amnistía, paradojas de la vida.

Isidro Aldea Manzano era padre de 5 hijos y tenía 39 años. Puede que aquel 2 de julio estuviese pasado de alcohol y la liase en el bar de su pueblo, Robledo de Chavela, Madrid. Alguien llamó a los serenos y allí se presentó Alejandro Herranz Sánchez, el gorila del clásico alcalde franquista que seguía mandando. Palizón al canto y 12 días ingresado, saliendo con impotencia por una hostia en los testículos y con insuficiencia coronaria. Dos meses después, el 14 de septiembre, murió. Para entonces el homicida ya había sido acusado de alguna paliza más, a un borracho, o a otro por coger agua de la fuente del pueblo. También de encerrar a un niño de 5 años en el calabozo. Pero lo remataria a finales de octubre, cuando disparó desde el ayuntamiento a unos chavales que pintaban «Caciques asesinos. Alcalde dimisión», hiriendo de gravedad a uno de ellos. Entonces sí fue al trullo, tres mesecitos nada más, aunque la indignación popular forzó su posterior expulsión. Medio año y fue readmitido en el puesto.

El 15 de septiembre, en Valdepeñas, Jaén, el policía municipal Jesús López Amate mató de un tiro en la espalda a su mujer, Ana Ortega López, con la que tenía 9 hijos, entregándose acto seguido a la Guardia Civil.

El 22 de septiembre, en una operación conjunta con 4 policías del cuerpo superior de la Brigada Social y 2 de la Policía Armada, entraron los segundos en un portal de Somosierra, Tenerife, buscando, en teoría, al «Rubio», supuesto autor del secuestro de un industrial canario, falangista que había sido un conocido torturador durante el franquismo. El hecho es que en el piso al que fueron los maderos no estaba ese tal » rubio» sino la dueña de la casa, Antonia, sus hijos y su primo, el estudiante de magisterio Bartolomé García Lorenzo , de 21 años, que abrió la puerta, vio unos tíos armados (iban de paisano) y la volvió a cerrar. 33 disparos, 4 de ellos directos al cuerpo del joven, atravesaron la puerta. Murió dos días después. Los policías, que pensaron habían matado a quien buscaban, sabido que no era así, se inventaron que iba armado, pero resulta que el padre de la víctima era un teniente de la guardia civil retirado que le cantó las 40 al Gobernador Civil, así que la tercera versión ya hablaba de «lamentable error», un clásico de clásicos. En las manifestaciones posteriores hubo detenidos y heridos, mientras los seis policías implicados fueron homenajeados por 200 compañeros en Madrid, resultando finalmente condenados a 2 escasos años de prisión y suspensión de cargo, profesión u oficio público. Que más da, si lejos de cumplir sus penas, alguno de ellos llegó a subcomisario o a escolta de cierto ministro » sosiata». Al «Rubio» nunca lo cogieron. Se entregó, aburrido de huir, pasados 13 años, periodo en que un policía tuvo tiempo de violar a la hermana del fugitivo.

Francisco Javier Alonso Castillejo, 24 años, era un mangui de poca monta, ladronzuelo del montón y no de los de guante blanco, que son tratados de otra forma. El 10 de octubre, la guardia civil lo cazó en un coche robado. Detuvieron al colega con el que iba y el escapó. Dicen que iba medio cojo, así que lo habrían cogido fácilmente, pero les resultó menos agotador dispararle por la espalda mientras saltaba una valla en Burlata, Nafarroa. Unos veinte balazos se contaron en la zona. Hicieron hincapié los medios en destacar lo malote que era, justificando así que se le acribillase. Hubo paros y movilizaciones, reprimidas por los grises y los de verde como era menester.

El 13 de octubre, José Vicente Artigues Fornés de 25años, alicantino de Pedreguer, militante del PCE(r) y GRAPO, fue rematado en el suelo por un guarda jurado cuando ya estaba herido e indefenso, tras el asalto a un banco en Barcelona.

El 29 de octubre, en Madrid, la policía municipal se acercó a un coche estacionado para identificar a los cuatro jóvenes que en él se encontraban. Emprendieron la huida y según la versión oficial, arrojaron un objeto contra el vehículo policial, así que los de uniforme dispararon, matando a Francisco Javier Cano Gil, de 16 años, de un disparo en la cabeza. Los medios lo presentaron como delincuente habitual, sin tener un sólo antecedente.

El 28 de noviembre, se realizó una manifestación en Madrid por la ruptura definitiva y real con el franquismo y en favor de la abstención en el referéndum de la diseñada por Fraga “ley de la reforma política”. Los antidisturbios echaron botes de humo y dispararon pelotas de goma. A Ángel Almazán Luna, estudiante y administrativo de 18 años, lo detuvieron para apalearlo, darle culatazos de fusil en la cabeza, patadas…Tras cinco días en el hospital y con una versión oficial del todo inverosímil (es un poco raro golpearse con una farola en varios sitios diferentes del cuerpo), el día 20 de diciembre moría mientras Suarez y Martín Villa celebraban con champagne el” Si” del referéndum. El historial médico y el certificado de defunción desaparecieron y el juicio, celebrado en el juzgado de guardia de la propia Policía Armada, fue un esperpento, con un teniente haciendo de secretario y un sargento de juez.

Y el mismo día, en la discoteca «Bordatxo» de Doneztebe-Santesteban, Nafarroa, un guardia civil, de paisano y borracho, disparó a tres jóvenes tras una bronca nocturna entre chavales de la zona y mineros asturianos que trabajaban por allí. Santiago Navas Agirre, de 21 años, labrador de Gerendain-Ulzama que trató de poner paz, murió allí mismo de un tiro en el tórax, mientras José Javier Nuin Azkarate , de 18 años y vecino de Txulapain-Juslapeña, lo hizo en el hospital, dos semanas después. El guardia civil José Roca Díaz se llevó una paliza allí mismo, cuando consiguieron quitarle el arma. Los días siguientes hubo múltiples cargas policiales y heridos en las manifestaciones que se organizaron en toda la provincia, en la que se terminaba el año con 10 muertos a manos de uniformados y ultrafascistas. Dicen que en Navarra pasan cosas “raras” cuando hay uniformados por medio. De aquellos polvos estos lodos.

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