Más allá de la imputación: por qué no podemos blanquear a Zapatero

La reciente imputación de José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra ha vuelto a colocar al ex presidente en el centro del debate. Sea cual sea el desenlace judicial, sería un error grave que la izquierda y, especialmente, la clase trabajadora española cayera en la tentación de defender o idealizar su figura.

Porque, más allá de posibles casos de corrupción, el balance de su presidencia (2004-2011) contiene decisiones que golpearon duramente los intereses y las condiciones de vida de los trabajadores, pensionistas y sectores populares.

Medidas que marcaron un retroceso social

Durante su segundo mandato, en plena crisis económica, Zapatero impulsó o consintió un conjunto de políticas de austeridad y ajuste (léase retroceso) que hoy siguen pesando. Una de las medidas más polémicas fue la subida de la edad de jubilación de los 65 a los 67 años. Una reforma estructural que alargó la vida laboral de millones de trabajadores, especialmente de aquellos con empleos más duros y menores expectativas de vida. Se presentó como "necesaria" por la sostenibilidad del sistema, pero se aprobó sin un consenso real con los trabajadores.

Otra medida antipopular fue la modificación del artículo 135 de la Constitución. En septiembre de 2011, con el apoyo del PP, Zapatero blindó el pago de la deuda por encima de cualquier otro gasto público. Esta reforma constitucional de urgencia, hecha casi por sorpresa, consagró el principio de que los mercados y los acreedores están por delante de los derechos sociales. Fue un giro liberal que limitó la soberanía presupuestaria futura.

Zapatero llevó a cabo duros recortes sociales y congeló las pensiones. Se aplicaron recortes en sanidad, educación y prestaciones. Las pensiones fueron congeladas en 2011, lo que supuso una pérdida real de poder adquisitivo para los jubilados en un contexto de inflación. Los salarios de los funcionarios se redujeron un 5% de media en 2010, y se eliminaron pagas extras en algunos casos.

En materia de vivienda, durante su mandato se aprobaron los llamados desahucios exprés. Aunque la gran ola de ejecuciones hipotecarias se produjo también bajo el Gobierno del PP, durante la legislatura de Zapatero se sentaron las bases legales y se toleró un modelo que priorizaba los intereses bancarios frente a las familias vulnerables.

Por otro lado, la Ley Sinde, impulsada en 2011, permitió el cierre administrativo de páginas web por infracciones de propiedad intelectual. Fue vista por muchos sectores como un ataque a la libertad en internet y un favor a las grandes industrias culturales, limitando el acceso a la cultura para amplios sectores populares.

Zapatero expandió los conciertos educativos. Durante sus gobiernos se mantuvo e incrementó el modelo de conciertos con centros privados (muchos de ellos religiosos), desviando recursos públicos hacia la enseñanza privada y consolidando una doble red que profundiza la segregación educativa.

Estas medidas no fueron anécdotas. Formaron parte de un giro antiobrero que sacrificó conquistas sociales en nombre de la "estabilidad" del mercado. El resultado fue un aumento brutal del paro (que superó el 25%), la precarización juvenil, la emigración forzada de miles de jóvenes cualificados y un empobrecimiento de la clase trabajadora.

Hoy, en un contexto de polarización y desmemoria, algunas voces intentan reconstruir a Zapatero como un presidente "progresista" o "de izquierdas". Cualquier análisis serio no puede obviar que muchas de las políticas que hoy se critican al PP o a la UE fueron continuadas, iniciadas o aceptadas durante su etapa.

La clase trabajadora no tiene motivos para defender a quien, en momentos de crisis económica, priorizó a los mercados y al gran capital. La izquierda debe tener pensamiento crítico si quiere recuperar su independencia y credibilidad. Idealizar a Zapatero no ayuda a construir una alternativa; al contrario, blanquea una gestión nefasta.

La imputación en el caso Plus Ultra deberá dirimirse en los tribunales. Pero los trabajadores españoles ya tienen un veredicto político y social sobre su gestión: fue un Gobierno 'socialista' que aplicó recortes sociales brutales. Y esa memoria histórica es muy necesaria.

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