Mutuas, gobiernos y patronales: Organizaciones criminales

Uno de los ataques más contundentes y que mayor repercusión tiene sobre las trabajadoras y trabajadores son los relacionados con la prevención y los accidentes de trabajo. 

Según las cifras oficiales, en 2017 se produjeron 583.425 accidentes laborales, de los cuales 618 fueron mortales y de estos 134 in itínere. En 2018 fueron 602.316 los accidentes laborales producidos, de los cuales 652 fueron mortales, 146 in itínere. Sin poder contar con aquellos accidentes que no declaran las empresas, en apenas un año, el terrorismo patronal aumentó en casi 20.000 accidentes laborales, un 3% más, que costaron la vida a un 5% más de personas trabajadoras. 

La prevención de la siniestralidad laboral es una responsabilidad del empresariado. Esta obligación de controlarla, reducirla y eliminarla es correlativa al derecho de las trabajadoras y trabajadores de la protección de su salud. El conflicto parte de que la prevención tiene un alto coste económico para las empresas y requiere de una constante inversión. Y, como sabemos, gasto y beneficio empresarial son dos palabras opuestas. 

La inversión económica en esta materia, por parte de las empresas, supondría un ahorro económico a medio y largo plazo para las mismas ya que los accidentes y el absentismo se reducirían muy notablemente. Y es aquí donde las mutuas juegan un papel fundamental al ser asociaciones de empresarios destinadas a realizar “las actividades preventivas de la acción protectora de la Seguridad Social”. 

La patronal ha usado su influencia en los diferentes gobiernos y poco a poco ha ido perfilando un escenario cada vez más beneficioso para sus intereses, culminando su estrategia cuando el gobierno del PP aprobó la ley 35/2014 y el Real Decreto 625/2014 por el que las mutuas, hasta entonces denominadas Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, pasan a ser entidades colaboradoras de la Seguridad Social. Con este cambio, pueden gestionar, además de las prestaciones económicas y asistencia sanitaria derivada de las contingencias profesionales, la prestación económica de incapacidad temporal derivada de las contingencias comunes.

En este cambio normativo, que se hace para modernizar, agilizar, hacer más eficiente y transparente, etc. En la gestión de la acción protectora de la Seguridad Social subyace el control del absentismo laboral, dotando a las mutuas de mayores competencias, dándoles la posibilidad del control de las bajas por enfermedad común que antes no tenían. Las propuestas de alta médica a la Seguridad Social, que ya podían realizar las mutuas, se demostraron poco efectivas ya que acababan recayendo en el personal facultativo que extendía la baja desde criterios únicamente médicos. 

A partir de esta ley se ampliaban los supuestos para que la mutua pudiera cortar la prestación económica a quienes no se sometieran al control y seguimiento de su baja, una capacidad coercitiva hasta la fecha nunca vista. El objetivo de las mutuas, entidades supuestamente sin ánimo de lucro, ha devenido en la reducción de los índices de accidentalidad bajo criterios claramente mercantilistas y no médicos. Tras la aplicación de sucesivos decretos ley durante estos años, podemos observar cómo el desvío de accidentes y enfermedades profesionales a la Seguridad Social ha aumentado.

El objetivo empresarial es claro: obtener más beneficios y reducir los gastos en materia de prevención. Es ahí donde entra la ley de Bonus (RD 231/2017 del 10 de marzo) por la que se regula el establecimiento de un sistema de reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales a las empresas que hayan disminuido de manera considerable la siniestralidad laboral. Con esto se premia a las empresas que inviertan e incentiven la prevención, reduciendo hasta un 10% sus cotizaciones a la Seguridad Social y mejorando notablemente su imagen corporativa. 

En principio esta idea estaría bien si fuese un hecho real, pero desgraciadamente está significando que las medianas y grandes empresas se están esforzando al máximo en manipular las bajas para conseguir el 0% en accidentes. Además, gracias a la situación de precariedad del mercado laboral y a la situación de paro y desamparo de los trabajadores y trabajadoras, alcanzan sus objetivos. El miedo y la necesidad hacen que las plantillas acepten situaciones contrarias a sus derechos y perjudiciales para su salud.

Dado que las empresas y mutuas tenían verdaderas complicaciones para acceder al sistema de bonificaciones (aceptación de los Comités de Seguridad y Salud, documentación de sus actividades preventivas, no haber requerimientos o sanciones de la Inspección de Trabajo…), el reciente RD 860/2018 viene a regular aquellas medidas que tienen que llevar a cabo las mutuas para realizar su actividad preventiva y ahorrarse un 1% de las cuotas por contingencias comunes, cantidad nada despreciable. Paradójicamente estas actividades son las que la propia Ley de Prevención obliga a las empresas en su actividad preventiva, programas, asesoramiento, control y reducción de la siniestralidad.

Todo este enriquecimiento de las patronales, a través de las mutuas, está significando un fraude para el sistema público, que tiene que asumir sanitariamente los daños que ocasiona el trabajo a la población. Un sistema público que deja de percibir las cuotas que han de pagar las empresas y que, además, tiene que asumir prestaciones económicas que son responsabilidad de las mismas. Un sistema público que, por falta de fondos, acaba recortando en Sanidad y en la Inspección de Trabajo que es el mecanismo de vigilancia y exigencia del cumplimiento normativo. En definitiva; mutuas, gobiernos y patronales: organizaciones criminales que están haciendo negocio con la salud y los accidentes de miles de personas trabajadoras.