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Estado español :: 01/04/2026

Ni Trump ni Juan Roig: ¿Cómo desarticular oligopolios de la guerra, la energía y la alimentación?

Claudia Delso, Adrià Rodríguez, Andrea Walsh
El Estado español destina cuatro veces más dinero público a actividades privadas que dañan los ecosistemas y dependen de los combustibles fósiles -como la agricultura y ganadería industrial

Cinco días después de que EEUU e Israel atacaran Irán, los precios del combustible ya estaban subiendo en las gasolineras. Hay que ser muy claros: estos aumentos de precios no responden a una falta de oferta real, sino a simple especulación. Los precios de la gasolina y de los alimentos se mueven bajo dinámicas especulativas en dos sentidos. En primer lugar, en el mercado de futuros, donde se especula sobre el precio futuro de las materias primas y eso empuja los precios al alza. En segundo lugar, el oligopolio de la comercialización (gasolineras y supermercados) aprovecha la situación para subir los precios, aprovechando una falsa percepción ciudadana de escasez.

Vayamos por partes:

En cuanto a la energía, España tiene reservas de petróleo para 92 días y de gas natural para 20, por ser un país miembro de la Agencia Internacional de la Energía. Este mecanismo de stocks estratégicos existe precisamente para evitar reacciones de pánico e interrupciones del suministro. Además, solo el 14,4 % del petróleo que importa España pasa por el estrecho de Ormuz (el 5,5 % proviene de Arabia Saudí y el 8,9 % de otros países de la OPEP).

La economista alemana Isabella Weber ha analizado y denunciado que la Guerra en Ucrania y la subsiguiente crisis de la energía supusieron un enriquecimiento aún mayor para las compañías petroleras y para aquellas grandes empresas que aprovecharon para subir precios. El propio Trump ha reconocido que EEUU está haciendo caja con el bloqueo del estrecho de Ormuz. Y se están enriqueciendo los de siempre: el 1% se está quedando con el 50% de los beneficios. Las grandes petroleras ya han ganado casi 400.000 millones de dólares en el mercado bursátil desde que empezó el conflicto.

En cuanto a la alimentación, la agricultura y ganadería industrial son altamente dependientes de los combustibles fósiles, necesarios, entre otros, para la producción de fertilizantes nitrogenados, que dependen del gas natural. A través del estrecho de Ormuz circula una tercera parte de los fertilizantes sintéticos comercializados a escala global. Sin embargo, España importa fertilizantes nitrogenados principalmente de Egipto, Rusia, Argelia, Países Bajos y Portugal.

Hay que recordar que los fertilizantes se compran habitualmente con contratos a plazo y sus costes se transmiten al sistema agrícola con un retraso temporal. Además, los efectos van con latencia porque dependen de los ciclos naturales de las plantas. Cualquier incremento inmediato de los alimentos responde a mecanismos de fijación de precios y especulativos por parte del oligopolio alimentario, no a una falta real de inputs. Por otro lado, el Estado español destina cuatro veces más dinero público a actividades privadas que dañan los ecosistemas y dependen de los combustibles fósiles -como la agricultura y ganadería industrial- que al desarrollo de sistemas alimentarios de base agroecológica.

Los poderes públicos no deben permitir que quien especula en los mercados financieros y con la distribución de bienes esenciales se aproveche de la situación de crisis a costa de los precios de la energía y la alimentación. Ante esta situación hay dos opciones: la primera es contener los precios de la alimentación y de la energía con otra inyección de dinero público.

Es la propuesta de Juan Roig, propietario de Mercadona, quien ha propuesto eliminar el IVA a los productos alimentarios. También ha sido, una vez más, la apuesta del PSOE, que ha aprobado una rebaja del IVA a los carburantes. Esta medida no solo no ha supuesto una reducción del precio al consumo sino que en el 25% ha facilitado un incremento de precios. Sea como sea estas propuestas son las viejas recetas de siempre: socialismo para ricos, pagar con el dinero de todos los beneficios de unos pocos. Pero hay otra salida.

Tenemos la oportunidad de responder a esta nueva crisis de una manera diferente a la habitual y con una mirada larga. Apoyando un cambio de modelo alimentario y energético. Es decir, apostando por una transición del sistema alimentario y energético que recupere el control democrático sobre los bienes más esenciales, como la alimentación, la energía o la vivienda. Por eso queremos proponer cinco medidas políticas de urgencia de corto y largo plazo.

La primera es fijar un tope a los precios de los carburantes (como han propuesto algunos países como Francia, Croacia, Hungría o México) y hacer lo propio con los alimentos básicos.

La segunda es una reducción del IVA selectiva, sólo a los productos alimentarios de producción extensiva y ecológica, aquellos que precisamente por ser menos dependientes de los combustibles fósiles generan territorios menos vulnerables a los impactos de este tipo de crisis.

La tercera es reorientar las subvenciones públicas: actualmente la agricultura y ganadería industrial se lleva la gran mayoría de ayudas públicas en detrimento de la agricultura y ganadería extensiva y ecológica.

La cuarta es exigir a la UE una regulación del mercado de futuros, con la introducción de una tasa Tobin que desincentive las dinámicas inflacionarias.

Finalmente, la última consiste en reforzar el liderazgo público frente al oligopolio energético y alimentario: hay que fortalecer los mercados mayoristas y municipales públicos (a través de la empresa pública MERCASA y sus 24 mercados distribuidos por el conjunto del territorio español), por ejemplo, impulsando el establecimiento de supermercados públicos, y hay que apostar por la creación de un operador energético público estatal.

La UE está pagando el precio del seguidismo a Trump y al régimen israelí. Ha sido cómplice del genocidio en Palestina y ahora está atada de pies y manos a los caprichos de Israel. Lo primero que hay que hacer es recuperar la movilización social del No a la Guerra y parar el conflicto armado. Lo segundo es parar la especulación poniendo límites a los poderes privados. A largo plazo hay que construir una economía más democrática que dependa menos de los combustibles fósiles y de los oligopolios de la guerra, la energía y la alimentación.

* Investigadoras y técnicas de proyectos en IDRA
elcritic.cat

 

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