Nota de prensa de la Asamblea inter-PAH del estado español

NOTA DE PRENSA:

“Cuando las vías institucionales se encuentran fuertemente restringidas, [...] cuando se consienten, en fin, abusos intolerables como el despido casi indiscriminado, la precarización laboral o la especulación rampante, lo que sorprende es el enorme pacifismo y la calma de la mayoría de la población. De
hecho, en un contexto así, la huelga, la manifestación callejera o la ocupación con fines políticos deberían verse como instrumentos de simple supervivencia para frenar una deriva abiertamente despótica. Y es que sin ellas no solo peligra la cohesión social sino la propia libertad”

No hay derecho(s) .Pisarello Gerardo y Asens Jaume. Barcelona (2011). Icaria

En el caso español, ya en 1994 las Observaciones Finales del Comité DESC reflejaron la preocupación de Naciones Unidas por la situación habitacional en el Estado español. En momento, el Comité DESC, advertía al Estado español respecto de los siguientes hechos

• El aumento del número de personas sin hogar y de personas afectadas por desalojos forzosos.

• El deterioro creciente de la situación de la vivienda y la falta de viviendas sociales.

Por ello, el Comité realizaba a las distintas instancias públicas las siguientes recomendaciones:

• Las instaba a tomar medidas para garantizar la protección efectiva de los derechos económicos, sociales y culturales de todas las personas que residen en su territorio.

Asimismo, las alentaba a promover la legalización de las personas inmigradas indocumentadas para que éstas pudieran disfrutar plenamente de sus derechos económicos, sociales y culturales.

• Exhortaba a los Estados Parte a que intensificaran sus actividades en el marco del Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social a fin de dar asistencia a las personas sin hogar y estudiar su situación para tener un cuadro más cabal del problema y sus raíces. También instaba al Estado Parte a que proporcionara datos desglosados y comparativos sobre el número de personas afectadas por los desalojos forzosos y a establecidas por dicho Comité.

• Asimismo, y con arreglo a la Observación general Nº 4 del Comité, recomendaba al Estado que tomara medidas correctivas para mejorar las condiciones de vivienda y crear individuales o colectivas, así como créditos y subvenciones para las familias de bajos ingresos y los grupos desfavorecidos y marginados

Paralelamente a la emisión de estas recomendaciones, la crisis habitacional continuó agravándose.

que velara porque todo desalojo forzoso se ajustase a las directricesn más viviendas,

Como consecuencia de ello, la sociedad civil comenzó a organizarse y a revindicar el derecho a una vivienda adecuada y desde las propias instituciones se intentó tomar cartas en el asunto.

En este contexto, en el año 2006 diversas organizaciones promovieron la visita al Estado Español del Relator Especial de ONU.

Sus conclusiones fueron demoledoras:

“ De los países de la Unión Europea, España era el que más construía, el que mas viviendas vaciás tenía y el que menos vivienda asequible ponía a disposición de la población...”

Naturalmente, este panorama no podía atribuirse al azar o a alguna misteriosa conjura divina. Los enormes costos sociales y ambientales del modelo urbanístico e inmobiliario español, su nervio especulativo, estaban estrechamente imbrincados en políticas públicas concretas diseñadas a lo largo
de los años 80 y 90. Estas políticas habián girado entorno a obsesiones claramente identificables: la consideración de la propiedad privada como régimen principal de acceso a la tenencia de vivienda; la progresiva liberalización del suelo y la privatización, en general, del régimen urbanístico e inmobiliario”

Al menos desde la Revolución Francesa, cuando se vulneran derechos generalizables y los canales institucionales permanecen bloqueados, la resistencia civil se convierte en la última garantía contra la
arbitrariedad del poder y la degradación del principio democrático. Las movilizaciones contra los deshaucios impulsadas por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) en el conjunto del Estado, al calor del 15M, reflejan claramente esta voluntad garantista...

Lejos de ser un fenómeno económicas entrañan una innegable dosis de violencia. Quienes lo padecen no sólo ven afectado su derecho a la vivienda. Al haber dedicado casi todos sus recursos a mantener un techo para sí y los suyos quedan expuestos a vulneraciones severas de sus derechos a la integridad física y psíquica, a conservar o buscar un empleo, a asegurar la educación de sus hijos. En casos como el español, esta situación es especialmente trágica, ya que el deshaucio no comporta casi nunca el realojamiento digno exigido por Naciones Unidas.

Tras el estallido de la crisis, el fantasma del desalojo comenzó a planear sobre las familias con hipotecas impagables, muchas de ellas contraídas con condiciones leoninas.

Entre 2007 y 2011, según el CGPJ, la cifra de ejecuciones hipotecarias supera las 300.000. solo en el 2010 ya fueron 93.636. A este escenario deben sumarse, a medida que el paro se dispara miles de desahucios por impago de alquileres con escasa o nula intervención de los servicios sociales.

En un contexto así, no sorprende que diferentes movimientos sociales y vecinales hayan emprendido movilizaciones en todo el Estado para dar apoyo a las familias afectadas y frenar los más de 200 desalojos que se practican diariamente natural o un simple trámite jurídico, los desahucios por razones

“Tener un techo digno y seguro es una necesidad básica
para el desarrollo personal y para la vida en comunidad”

ESTAMOS HOY AQUÍ PARA DENUNCIAR :

La falsedad del DECRETO de GUINDOS, en relación a la dación en pago y sus posibles aplicaciones.

La inacción por parte de los legisladores en materia hipotecaria y de servicios sociales.

La transposición por parte del GN, del mencionado decreto a la legislación navarra (informamos que en breve se llevaran mociones al Parlamento, para su consideración).

La necesidad de un cambio en la legislación para impulsar el alquiler social.

La necesidad de revisar los posibles fraudes hipotecarios, por parte de los agentes que tuvieron participación en el otorgamiento de dichos créditos (banca, inmobiliarias, notarias, agencias de tasación, etc.)

y además, NOS PROPONEMOS en el día de hoy, compartir experiencias entre las diferentes

organizaciones sociales que se encuentran presentes, con miras a impulsar la ILP propuesta por el grupo de Catalunya y sensibilizar , concientizar y empoderar a la sociedad en general como forma de asegurar sus derechos irrenunciables en materia de vivienda.

PLATAFORMAS DE PERSONAS AFECTADAS POR LA HIPOTECA de:

(STOP DESAHUCIOS) de:

LOGROÑO,DONOSTI,TARRASA,ZARAGOZA.

VALENCIA,

NAVARRA

(Pamplona,Tudela, Berriozar, Ansoain, Altsasu),

Pamplona, 31 de Marzo de 2012.